Primeras sanciones por no llevar el cubrebocas, entre dudas de legalidad
Los cuerpos de seguridad han levantado las primeras propuestas de sanción por infracciones del uso obligatorio de mascarillas en el espacio público en Catalunya. Basta transitar por las calles de Barcelona para comprobar que el nivel de cumplimiento de la nueva norma es elevado y que existe cierta tolerancia policial en los primeros días de la restricción, aunque en otros municipios se han producido actuaciones más expeditivas. Como en Calafell, cuya policía local multó ayer a una docena de viandantes, la mayor parte en la zona marítima. El Govern ha fijado el importe de las sanciones en 100 euros, pero, como ha ocurrido en otros preceptos derivados del estado de alarma, ha generado un debate jurídico sobre su legalidad.
En primera instancia, no existen evidencias científicas sobre los efectos beneficiosos del uso de la mascarilla en espacios abiertos. De lo contrario, sería una medida de aplicación universal. Por otra parte, juristas críticos apuntan que la medida, fundamentada en una resolución de los consellers de Sanitat y de Interior publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, carece de la fuerza jurídica suficiente e incurre en inconcreciones que derivan en inseguridad jurídica. La sanción, estipulada en 100 euros, también es objeto de controversia, en el sentido de que no concuerda con los baremos de la ley de Seguridad Ciudadana (601 euros) ni de la ley General de Salud Pública (a partir de 3.000 euros).
El procedimiento del Govern ha consistido en transformar el contenido del real decreto publicado en el BOE el 10 de junio, que establece sanciones de hasta 100 euros por el incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas en el exterior siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. La Generalitat mantiene la sanción al mismo tiempo que suprime la distancia como motivo de exención de las mascarillas. “Si alguien tiene algún inconveniente tendrá que dirigirse a quien dictó la norma, que es Madrid”, afirmó ayer el conseller de Interior, Miquel Buch, respecto a los recelos sobre la legalidad de la medida y en alusión a las multas previstas en un real decreto que la Generalitat ha reinterpretado. “Cuando alguien no la lleve lo tendremos que sancionar, igual que se hace con quien va a más de 120 por hora”, afirmó Buch. “Lo que hace la policía catalana es cumplir la norma, y si esta norma está mal dictada o se tiene que cambiar, nos tendremos que dirigir a quien corresponda, que es el Gobierno de España”.