Sandro Rosell reclama una indemnización de 29,7 millones de euros
El expresidente blaugrana Sandro Rosell ha presentado un escrito de reclamación de daños y perjuicios contra la Administración del Estado, a consecuencia de la prisión preventiva que sufrió durante 645 días por un presunto delito del que finalmente fue declarado inocente.
Rosell reclama 29,7 millones de euros, una cifra que comprende el daño reputacional sufrido (405.000 euros), el psicológico (200.000) y afectivo (320.000). Asimismo, se reclama el lucro cesante derivado de la pérdida de negocios, que se cuantifica en 28.062.950 euros. Por último, se añaden los gastos derivados de la situación de prisión, que se han valorado en 766.465,02 euros.
En un comunicado dirigido a los medios de información, Rosell señala que “las cantidades reclamadas responden a parámetros de justicia y se han determinado con rigor, asumiendo criterios jurisprudenciales actuales, y con prudencia, declinando reclamar por aquellos conceptos indemnizatorios que no reúnen todos los requisitos formales para poder ser resarcidos”. Entre éstos se señalan por ejemplo la pérdida de un cuantioso contrato que se encontraba pendiente de firmar en el momento de la detención.
Además, Sandro Rosell especifica que desea evitar que el daño sufrido repercuta en los contribuyentes y anuncia que instará, en su momento oportuno, que la
NO LOS CONTRIBUYENTES El expresidente blaugrana indica que deben ser los funcionarios públicos quienes asuman el pago
indemnización que le corresponda afecte a los servidores públicos responsables del daño, “para que resarzan con su patrimonio personal, presente y futuro, los desembolsos a que haya de hacer frente la Administración”.
De forma similar ha emprendido acciones legales Joan Besolí, que estuvo encarcelado por el mismo caso y acabó siendo declarado inocente. En su caso, reclama una indemnización de 2,1 millones de euros, que se desglosan de la siguiente manera: daño reputacional (200.000 euros), afectivo (360.000), psicológico (un millón de euros), emergente (212.924 euros) y lucro cesante (400.000). Besolí destaca que en su reclamación pesa especialmente que su hijo quedó postrado en una silla de ruedas en el momento en que él ingresó en prisión y no pudo visitarlo hasta muchos meses más tarde.