Los agentes sociales piden acelerar la ley de facilitación catalana
El consejo asesor por la facilitación de la actividad económica pactó a finales del mes pasado una declaración conjunta para instar al Govern de la Generalitat a que acelere los procesos para aprobar la nueva ley para desbloquear proyectos de inversión pendientes de ejecutar, paralizados por el parón administrativo de la Covid. Esa norma que debe tramitarse en el Parlament fue aprobada por el Govern en enero pasado.
El consejo asesor, del que forman parte las patronales, las cámaras de comercio, los colegios profesionales y sindicatos pactó un acuerdo para “buscar los consensos con los diferentes grupos políticos del Parlament, tramitar y aprobar (con las consideraciones que crean oportunas) el proyecto de ley”. También se acordó “pedir al Govern que busque los procesos, actuaciones y disposiciones necesarias, con carácter de máxima urgencia, para conseguir la reactivación económica y la creación de actividades económicas con unas condiciones de legalización rápidas, seguras y estables”.
La nueva ley persigue reducir los trámites que deben llevar a cabo las empresas, minimizar la intervención de la Administración y ofrecer servicios proactivos a las compañías.
Lo que el consejo asesor recomienda ahora es “encontrar un sistema ágil de desbloqueo de los expedientes parados durante la pandemia y por los nuevos que se puedan crear en estos momentos y los recursos necesarios para su tramitación en condiciones preferentes y urgentes”.
Fuentes consultadas dijeron que existen mecanismos como aprobar un decreto ley para permitir, a través de una “declaración jurada”, validar una inversión empresarial que en condiciones normales debería superar una serie de condicionantes legales y de autorizaciones. Las mismas fuentes dijeron que hay un volumen de inversión empresarial embolsada como consecuencia de la paralización de la actividad por la pandemia.
Sin la pandemia, la previsión
El consejo asesor pide desbloquear inversiones pendientes de trámites por la Covid
es que el texto se hubiera aprobado en octubre.
En el anteproyecto de ley aprobado en enero se preveía un ahorro de 38,4 millones de euros anuales que proviene de los menores costes por utilizar mecanismos de tramitación electrónica (8,2 millones), el menor trabajo derivado de la reducción de las veces que deben introducirse en el sistema los datos por parte de las empresas (4,2 millones) y por la simplificación y mejora de los procedimientos (26 millones).
El 89% de las 630.000 compañías de Catalunya y el 84% de los 3,4 millones de trabajadores de la comunidad se beneficiarán de la simplificación de la normativa.