Las discotecas del frente marítimo obtienen una prórroga de cinco años
Acuerdo salomónico entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado para la subasta de los locales de ocio nocturno del frente marítimo. Finalmente se ha decidido sacar a concurso 26 locales y establecimientos comerciales pero las discotecas de la playa del Somorrostro se han visto agraciadas con una prórroga que en casi todos los casos es de cinco años, alegando que por ahora no hay proyectos firmes para sustituir esta actividad.
El acuerdo, adelantado por El Periódico de Catalunya y confirmado por el Ayuntamiento, deja fuera de la subasta a cuatro restaurantes con licencia de discoteca y a un bar. El caso más destacado es el de Opium, a la que se concede una prórroga de dos años que podrían acabar siendo cinco, en función de que se lleve a cabo o no la ampliación de las dependencias del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Los beneficiados con la prórroga de cinco años en los contratos de alquiler son los locales ocupados por Shoko, Aqua, Carpe Diem y Ice Bar.
La convocatoria de la subasta ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Hacienda. En ella se especifica, entre otras cosas, que entre los locales en litigio están el Mc Donalds, el casino de Barcelona, la gasolinera e incluso el restaurante Bestial o la discoteca Pachá, que si quieren continuar manteniendo la actividad tendrán que adquirir el local en la subasta.
Aunque la decisión del Gobierno español no satisface los objetivos publicitados por el Ayuntamiento para esta zona de ocio de la ciudad –el Consistorio tiene planificada la reconversión del Port Olímpic y su voluntad era acabar con el ocio nocturno que se genera en torno a las discotecas indultadas–, el concejal de Presidencia, Jordi Martí, quiso ver los aspectos positivos de este anuncio a ojos del gobierno de Barcelona. A su juicio, se evita que se consolide una actividad que es fuente de numerosos conflictos relacionados con la seguridad. Entre los motivos de celebración, según el representante del gobierno de Ada Colau, está el hecho de que el Estado haya aprobado la ampliación del recinto de CSIC o que el Ayuntamiento se haga con la titularidad de un local que pertenecía a un club deportivo y que espera ahora convertir en equipamiento de barrio. “No es todo lo que nos hubiera gustado, pero nos permite imaginar un frente marítimo muy distinto al de ahora”, afirmó Martí en declaraciones recogidas por Betevé. Tanto ERC como Jxcat han criticado el acuerdo y han cargado contra el gobierno bipartito de la ciudad, al que acusan de estar supeditado al Ejecutivo de los mismos colores políticos que gobierna España.