Pacto sobre las multas del estado de alarma
Interior acuerda con los consistorios destinar el 85% de lo recaudado por las denuncias de las policias locales a los ayuntamientos
Los ayuntamientos catalanes también ingresarán dinero de las multas que, durante el estado de alarma, pusieron sus policías locales. La Conselleria d’interior y la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) llegaron la madrugada del viernes a un acuerdo para que así sea, según explicaron ayer fuentes de las dos entidades municipalistas y el Gobierno autonómico. Los consistorios percibirán el 85% del montante que se cobre de las sanciones que impusieron sus agentes, mientras que el 15% se lo quedará la Generalitat en concepto de tramitación .
El acuerdo apacigua los ánimos en el mundo local donde, tal y como avanzó La Vanguardia hace casi un mes, se había generado un importante malestar. El detonante había sido un decreto ley de la Generalitat del pasado 2 de junio que fijaba que el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de los incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma “denunciados por los diferentes cuerpos policiales que actúen en Catalunya” correspondía al conseller de Interior. Es decir, que multase a quien multase, la gestión dependía de la Conselleria, lo que en la práctica provocaba también que los ayuntamientos se quedaran sin ver ni un solo céntimo de las multas impuestas por su policía. La única excepción era Barcelona, que en virtud de la ley orgánica de seguridad ciudadana, la legislación de salud pública y, sobre todo, por el artículo 106 de la Carta de Barcelona, tiene autonomía en esta cuestión. De hecho, en el último pleno municipal se aprobaron los trámites para poder empezar la gestión de cobro de las sanciones.
Las dos entidades municipalistas, la FMC y la ACM, han sido quienes han articulado la demanda de los ayuntamientos que, a lo largo de todo el territorio, aunque sin querer entrar en polémicas públicas, reclamaban que al menos parte de las sanciones regresaran a los municipios para compensar el esfuerzo económico que el mundo local ha hecho y sigue haciendo con motivo de la pandemia.
Un montante a golpe de sanción que no es menor ya que la multas más bajas oscilan entre los 300 y 601 euros (sin contar rebajas que se las dejarían a la mitad). Y en algunos municipios las sanciones impuestas por sus policías fueron más que relevantes: más de 7.000 en l’hospitalet de Llobregat, 5.375 en Badalona, 2.800 en Mataró, 2.674 en Santa Coloma de Gramenet, 2.250 en Cornellà de Llobregat, 1.200 en Sant Boi... Del total de 142.766 denuncias efectuadas en el periodo de confinamiento, 69.566 las impusieron policías locales. Ahora el reto es poder llegar a tramitar a tiempo todas estas sanciones para lo que la dirección general de la Administració de Seguretat está coordinando a un centenar de letrados de la Conselleria para conseguirlo.
Un decreto de la Generalitat del 2 de junio fijaba que el cobro recayera únicamente en la Conselleria