Máxima tensión en la relación entre el Govern y los obispos catalanes
Quim Torra y Carles Puigdemont focalizan sus discrepancias en el cardenal Omella
En las próximas horas o días puede producirse una noticia casi impensable en la Catalunya de los últimos cuarenta años. La Generalitat impone una fuerte multa a la archidiócesis de Barcelona por un funeral en la Sagrada Família por las víctimas de la pandemia. La razón: el incumplimiento de una resolución que prohibía actos religiosos con más de diez personas y que una semana después ha sido modificada.
El Govern heredero de la tradición social-católica de CIU tiene ahora como principal objetivo la independencia y no le importa enfrentarse a la cúpula eclesiástica en desacuerdo por su neutralidad.
Pero no lo hace desde una posición laicista sino que sus principales líderes se declaran católicos. Y quien más, el president Quim Torra, que ha expresado sus simpatías por la teología de la liberación y ha señalado como referentes al sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal y al obispo Pere Casaldàliga.
La tensión entre el Govern y los obispos catalanes se venía fraguando desde el convulso cuarto trimestre del 2017 (1-O, DUI, 155, exilios y encarcelamientos), pero ha estallado con motivo del funeral por la Covid-19, focalizando las críticas en el cardenal Joan Josep Omella, que es además presidente de la Conferencia Episcopal Española. Un cargo que hace unos años se hubiera visto positivamente, como una influencia más allá del
Ebro, y ahora se percibe como un favor a la unidad de España.
La misa de la Sagrada Família estaba anunciada desde semanas antes, pero el 17 de julio se aprobó una resolución del Procicat que prohibía en el área de Barcelona los servicios religiosos con más de diez personas. De inmediato hubo contactos desde el arzobispado con los consellers Miquel Buch y Alba Vergés, para revertir lo que se consideraba una discriminación respecto al aforo disponible para otros espectáculos. Hubo cartas privadas al president Torra y a la alcaldesa Ada Colau, pero no se avanzó, y el día antes del funeral llegó la confirmación de que el acto no podía celebrarse como estaba previsto. Omella decidió seguir adelante y anunció además un recurso judicial contra la resolución de Salut. Asistieron a la misa 470 personas, menos de la cuarta parte del aforo y menos de las que ese fin de semana habían visitado la basílica, abierta a petición de la propia Generalitat para no perjudicar más al turismo en Barcelona.
La ceremonia fue retransmitida en directo por 8TV, por internet y por 13TV, la cadena de la Cope, para toda España. Se conectaron 650.000 personas –una quinta parte hasta el final de la misa–, y eso que prácticamente fue toda en catalán.
Otro detalle es que la misa fue oficiada por Omella, acompañado por el obispo auxiliar Antoni Vadell y por Josep Maria Turull, párroco de la Sagrada Família. Turull, primo del exconseller Jordi
Turull, ahora encarcelado, es prior de la capilla de Sant Jordi, situada dentro del Palau de la Generalitat. Fue nombrado por Quim Torra en una decisión que levantó quejas entre el PSC y los Comuns, al considerar que se vulneraba la aconfesionalidad de la institución.
La respuesta de Torra a Omella fue contundente. Anunció la apertura de un expediente sancionador (aunque desde ayer otra resolución aumenta el aforo de los servicios religiosos al 33%) y le recriminó que “no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Catalunya”. Coincidió con las declaraciones de Carles Puigdemont a TV3: “Omella no se comportó como un hombre de Iglesia, sino como un hombre de Estado”. Una afirmación vinculada a las críticas que en su último libro vierte sobre Omella por su papel mediador en octubre del 2017.
El primer desencuentro público Generalitat-iglesia de esta última etapa se remonta a otro funeral, el de las víctimas de los atentados en el verano del 2017. Omella apeló a la unidad de los políticos y se dirigió en la homilía a Puigdemont como “autoridad autonómica”, lo cual provocó el enfado de los miembros del Govern. Desde el entorno de Omella se dijo que los nervios le jugaron una mala pasada y esas palabras las improvisó porque en el discurso que llevaba escrito se refería al “presidente de la Generalitat”. Nada más acabar la misa, advertido del error, se disculpó al propio president. Sobre este episodio hay varias versiones. Varios digitales dijeron que Puigdemont fue hasta la sacristía para abroncarle. Ahora el expresident en su libro se limita a decir que le recriminó al final de la ceremonia. El arzobispado llegó a emitir una nota pública para desmentir este incidente, aunque otras fuentes señalan que fue el conseller Jordi Turull quien hizo la protesta.
La anécdota explica una falta de sintonía que se reprodujo tras el 1-O. Omella, como el presidente vasco Iñigo Urkullu, intentó mediar a título personal. Se fue a Madrid y en compañía del arzobispo Carlos Osoro se entrevistó con Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, y al día siguiente recibió en el palacio episcopal a Junqueras. Pero las posiciones eran inamovibles y no logró ningún avance. Hubo más intentos y uno último, para que Puigdemont frenase la
TRAS EL 1 DE OCTUBRE Puigdemont rechazó el papel de mediador de Omella, a quien incluso colgó el teléfono
EN DIRECTO PARA TODA ESPAÑA La misa de la Sagrada Família, en catalán, tuvo una audiencia de 650.000 espectadores
DUI y ganar tiempo, también fracasó. El ex presidente reconoce que le colgó el teléfono.
Durante aquellos días se habló mucho de una posible mediación del Vaticano que nunca existió. Es más, fuentes próximas a la curia romana apuntan que se planteó una declaración en la línea de la no intromisión, a cargo del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que habría reforzado la actuación del Gobierno y que frenó el propio Omella.
Tras el encarcelamiento de los líderes independentistas se redobló la presión sobre los obispos. Isabel Turull, hermana de Jordi Turull, hizo pública una carta titulada ¿Dónde estáis obispos? .Yel vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), Norbert Miracle, le respondió que era “difícil de entender” la larga prisión preventiva, que confiaban en un juicio “con plenas garantías” y recordaba que los obispos con políticos encarcelados en cárceles situadas en sus diócesis los habían visitado de forma “discreta pero comprometida”.
Efectivamente hubo visitas a las cárceles por parte de los obispos de Vic, Girona, Tarragona (aquí por partida doble, Jaume Pujol i Joan Planellas) y Solsona. También de los abades de Montserrat y Poblet. El obispo de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, visitó a los familiares de Josep Rull, a los que conoce personalmente.
A Omella se le recrimina que no los haya visitado, aunque ha mantenido correspondencia con alguno de ellos. Joaquim Forn en su libro Entre togas y rejas lo explica así: “El miedo al qué dirán y el querer quedar bien con todos han acabado pesando más que los mensajes que predica”.
Los líderes encarcelados o en el exilio han acentuado su aproximación al catolicismo. Es el caso de Forn, Turull, Rull, Sánchez, Junqueras, Puigdemont o Comin. También se ha sabido que Jordi Cuixart se casó en la cárcel y ofició el pare Manel (que en el 2017 estuvo en las listas de Jxcat).
La pandemia supuso sólo un paréntesis y coincidiendo con la desescalada se ha recrudecido el enfrentamiento. Y se ha sumado ERC, con la denuncia de las inmatriculaciones –cuestionando incluso la propiedad de catedrales y basílicas–, que encabezó el vicepresidente Pere Aragonès. Un acto con tintes electorales que provocó la réplica inmediata del arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan-enric Vives, el prelado que en su día el soberanismo deseaba para Barcelona.
Lo sorprendente es que los lideres de Jxcat y ERC, en su soterrada pugna electoral, compiten ahora por marcar distancias con la cúpula episcopal y enarbolan la bandera de un supuesto catolicismo de base que no pasa precisamente por su mejor momento.