Vía abierta para anular las multas por saltarse el confinamiento
Las multas impuestas por saltarse el confinamiento pueden ser recurridas con éxito por la vía administrativa. Una mujer que fue sancionada con 800 euros por encontrarse en el interior de su vehículo ha conseguido que su denuncia sea archivada al demostrar que cumplía con uno de los supuestos permitidos durante el estado de alarma.
Sus abogados alegaron que la mujer en el momento de la denuncia regresaba a su lugar de residencia, una actuación que estaba justificada al amparo del real decreto aprobado por el Gobierno.
El sobreseimiento de su procedimiento sancionador le fue notificado el pasado 30 de julio y se convierte en la segunda resolución que consigue revocar la sanción por la vía del recurso administrativo, según informó en una nota de prensa el abogado Josep Maymó, responsable de la web de alegaciones Recursomultaconfinamiento.com.
En este caso, el día 29 de marzo, la mujer se encontraba en Guadalajara subida en su vehículo junto a dos personas más frente a su segunda residencia, donde llevaba quince días, y tenía la intención de regresar a su vivienda habitual cuando fue sancionada por una patrulla de la Guardia Civil que consideró que incumplía la orden de confinamiento. Le pusieron una multa según lo dispuesto en la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, que prevé sanciones por haber “incumplido o haberse resistido a las órdenes de la autoridad”.
Con el archivo de este caso, los abogados consideran que se ha abierto la vía que “quiebra definitivamente la estrategia del Ministerio de Interior de cobrar todas las multas impuestas”, señala la nota, si bien todavía falta por confirmar si las sanciones que se han recurrido alegando únicamente no haber desobedecido a los agentes de policía acaban prosperando. En toda España se interpusieron 600.000 sanciones por saltarse el confinamiento, todas ellas basadas en la ley de Seguridad Ciudadana, por haber incumplido las órdenes de los agentes, algo que la mayoría de los juristas ven contrario a derecho.
Precisamente, esta semana los ayuntamientos catalanes llegaron a un acuerdo con la Generalitat para ingresar parte de lo recaudado por las multas durante el estado de alarma. Los consistorios percibirán el 85% del montante que se cobre de las sanciones que impusieron los agentes de sus cuerpos de policía local, mientras que el 15% se lo quedará la Generalitat en concepto de tramitación.