Contra la represión, ¡amnistía!
Ya hace ocho meses que PSOE y Unidas Podemos constituían lo que incluso se osó bautizar como “el gobierno más progresista de la historia de España”. Ocho meses que han sido suficientes para poder afirmar que nada ha cambiado, que parece que nada pueda cambiar, en un Estado que hace de la represión política uno de los pilares de su misma existencia. Las razzias represivas del Estado español continúan, incesantes, contra todo adversario político que cuestione su naturaleza. Y ninguna de las propuestas que hoy se insinúan para resolver la situación parece suficiente para modificarlo.
Porque por mucho que las circunstancias actuales la hagan pasar casi desapercibida, la represión política no se detiene, sino que muta y se multiplica. Solo en estas últimas semanas hemos tenido la certeza de que el Estado ha hecho uso del espionaje político y abuso del derecho penitenciario, que ha utilizado políticamente la Fiscalía y la policía y que incluso ha derrochado recursos públicos en una campaña para desprestigiar internacionalmente el independentismo. Unos hechos que se suman a la acción de una justicia pretendidamente independiente que no duda en aplicar de forma discriminatoria el derecho penal o en extorsionar a los investigados con fianzas confiscatorias y duplicadas.
Caras diferentes de una misma represión política. Un goteo constante de condenados, encarcelados, investigados, espiados, amenazados... que compartimos un rasgo por encima de todos los demás: la defensa de la independencia como instrumento democrático para construir una República con todo el mundo y para todo el mundo, un país más justo y limpio, libre y solidario. Nos enfrentamos, sin duda alguna, a una causa general en contra del independentismo y de todo lo que este legítimamente defiende.
La semana pasada, la inacción del Gobierno español permitió la enésima discriminación en la aplicación del régimen penitenciario: no solo se ha arrebatado a los presos y las presas políticos el tercer grado, sino que se les ha vuelto a encerrar, pero en régimen de aislamiento, añadiendo sufrimiento y ensañamiento a una condena que es totalmente injusta. No hacer nada en un caso así –y más aún cuando tienes las herramientas para impedirlo– no es neutralidad, es apostar políticamente por la revancha, el odio y la confrontación.
Debemos entender cómo funciona la represión. Debemos asumir que cuando un gobierno ya ha escogido la judicialización y el derecho penal del enemigo en lugar de redoblar la apuesta por la democracia, es muy difícil que salga de ese camino. Hay que entender que cuando un gobierno cede a la presión del Estado profundo y el poder judicial, también –o sobre todo– está haciendo política. Parece que les sea más fácil permanecer pasivos que asumir con responsabilidad y valentía la situación.
Solo si entendemos qué es la represión, encontraremos la manera de combatirla. La ola represiva no se revertirá con victorias judiciales aisladas ni con pequeños gestos de elementos disidentes del sistema judicial. Pero tampoco se detendrá con medidas de gracia, por mucho que devuelvan derechos fundamentales a las personas que se ven privadas de ellos. Podrían ser un primer paso, pero la solución al conflicto entre Catalunya y España no pasa por soluciones parciales ni coyunturales, sino que requiere ante todo acabar de manera creíble y definitiva con la causa general contra el independentismo.
Es por todo ello que la propuesta de reforma del Código Penal es poco menos que ofensiva, en el escenario actual. Ni es ni puede ser la solución mágica al conflicto político, sino que de hecho lo agrava poniendo sobre la mesa una expectativa sin ningún tipo de garantía ni recorrido. Es una propuesta efectista pero que para dar algún rendimiento exigiría amplísimas e imposibles mayorías en Congreso y Senado y el visto bueno de un Tribunal Constitucional que podría alargar el proceso durante años. Sin embargo, lo peor de todo es que cualquier cambio en este sentido dejaría nuestra suerte, en último término, en manos del Supremo.
Que nadie dude del independentismo: siempre nos encontrarán dispuestos a ensanchar el catálogo de derechos y libertades, siempre y por todas partes defenderemos que las normas sean respetuosas con los derechos humanos y las libertades civiles y políticas. Pero esta no es la vía para poner fin a la ola represiva que sufrimos. La represión es la consecuencia de la causa general contra el independentismo y ambas solo acabarán si se resuelve el conflicto político entre Catalunya y el Estado. Y eso pasa, necesariamente, por la amnistía y la autodeterminación.
Solo la amnistía será un punto y final de esta operación de Estado, una medida que no depende de tribunales, fiscalías ni cloacas, sino exclusivamente de la voluntad política. Una amnistía que termine y permita devolver al diálogo en igualdad de condiciones. Sin excusas. PSOE y Podemos tienen la oportunidad de acabar con una situación injusta y de pasar de la represión a la política. Pero a estas alturas parece que ya han escogido. Con su pasividad o con toda la intencionalidad, han renunciado al diálogo y se han levantado de la mesa. El Gobierno y el Estado tienen que rectificar y reconocer sus errores para poder negociar una solución democrática al conflicto.
Nosotros seguimos y seguiremos defendiendo la autodeterminación como la única vía para resolver el conflicto político entre Catalunya y el estado. Seguimos y seguiremos anteponiendo la democracia y los derechos humanos y políticos a la represión y el inmovilismo. Seguimos y seguiremos defendiendo el entendimiento, pero no nos podremos sentar a una mesa si en el otro lado no hay unos representantes que estén dispuestos a aceptar un diálogo en igualdad de condiciones. Y eso pasa, necesariamente, por la amnistía. Este es el gesto político que demostraría el auténtico compromiso democrático del Estado, su voluntad de afrontar de forma sincera la resolución de un conflicto que es político. Es muy sencillo y muy difícil a la vez porque depende de la valentía y la voluntad política. ¿Represión o democracia?
La amnistía es el gesto político que demostraría que el Estado quiere resolver un conflicto que es político