Ante la caída de la recaudación fiscal

Ya estaba previsto que la recaudación fiscal cayese en picado este año a causa del parón de la actividad y de la profunda recesión que ha provocado la pandemia de la Covid-19. El Gobierno espera tener prospecciones más avanzadas del descalabro de los ingresos públicos en septiembre para poder ajustar el proyecto de presupuestos del Estado del año próximo. El 2021 debería consolidarse la recuperación, pero las cuentas públicas arrastrarán todavía el pesado lastre de la pandemia en el pago de impuestos.

La espectacular caída de la recaudación en el primer semestre, que supera el 18% y afecta al conjunto de las figuras impositivas, coincide con el no menos histórico aumento del gasto social para proteger a los colectivos más vulnerables, de las ayudas al tejido productivo para paliar el impacto de la recesión, así como para el refuerzo del sistema sanitario. Ello conducirá al consiguiente brote alcista del déficit público y del endeudamiento. Las estimaciones realizadas auguran que la deuda pública podría llegar a superar el 120% del producto interior bruto (PIB) frente a los niveles del 100% con los que se cerró el año pasado. Eso no había sucedido nunca en la historia reciente del país y abre un escenario nuevo.

Toda la política de consolidación fiscal ha saltado por los aires. El fenómeno es similar en todos los países europeos, pero España e Italia son los que presentan una peor situación. Las ayudas europeas del Fondo Europeo de Reconstrucción deberán contribuir a paliar el duro golpe que sufrirán los presupuestos públicos.

El Gobierno debería calibrar muy bien si conviene intentar restaurar los niveles de recaudación fiscal con medidas precipitadas de ajuste del gasto público con el aumento de los impuestos. Todo ello, tarde o temprano, habrá que hacerlo para equilibrar las cuentas públicas. Pero lo prudente es esperar a que la economía se haya normalizado y el crecimiento de la actividad y del empleo vuelva a los niveles precrisis, lo que no sucederá antes del 2023 en el mejor de los casos.

La economía española necesita una tregua fiscal, incluso con más estímulos para reactivar la actividad. La Unión Europea está dispuesta a permitir una política expansiva, con cierto laxismo en la ortodoxia presupuestaria, hasta que se recupere el crecimiento de la economía y del empleo. Aquí no deberíamos ser más papistas que Bruselas. Es más necesario que nunca establecer un marco fiscal que genere confianza, seguridad jurídica y que favorezca el consumo y la inversión. No hacerlo así podría condicionar la recuperación de la economía y del empleo.

Hay que tener en cuenta que España es el país de la zona euro con mayor retroceso del PIB y con mayor destrucción de empleo por la pandemia. Son más de cinco millones de personas las que todavía están inactivas, ya sea en el paro o en los ERTE, a los que habrá que sumar los nuevos puestos de trabajo que se pueden destruir si no se consigue salvar la temporada turística. El otoño, en cualquier caso, será determinante para valorar la situación y revisar las perspectivas económicas a la vista del riesgo de mayores rebrotes.

Para tranquilizar a los acreedores de España, a los mercados financieros y a la propia Unión Europea, entre los que inevitablemente –pese a todo– crecerá la inquietud por la elevada deuda pública que pueda acumular el país, se hace necesario seguir el consejo dado en su día por el gobernador del Banco de España. En este sentido insistimos en la articulación de un pacto de Estado en el que se prevea la devolución de la deuda pública española a lo largo de varias legislaturas, con el compromiso de todos los partidos políticos. Ello sería beneficioso para todos: para los propios partidos políticos, para todos los ciudadanos y para el país en su conjunto. La confianza que ello daría a los mercados financieros y a las autoridades europeas permitiría a España continuar con una financiación barata, en un marco de estabilidad, y, con ello, disponer de mayor margen de maniobra presupuestaria para sostener el gasto social y los estímulos a la economía. Cuanto antes se consiga, mayores serán las ventajas.

Un pacto de Estado para devolver la deuda pública en varias legislaturas aportaría confianza y estabilidad