Sancionados por alquilar una habitación piden la amnistía
Los arrendadores alegan que el gobierno de Colau hizo una interpretación muy dura de la ley y que el nuevo decreto del Govern les ampara
Cientos de ciudadanos sobre los que el Ayuntamiento de Barcelona abrió un procedimiento sancionador por alquilar por días una habitación de la vivienda donde residen exigen la suspensión de las tramitaciones de unas multas que en la mayor parte de los casos alcanzan los 60.000 euros y que ahora están dando lugar a embargos de cuentas bancarias. Los afectados entienden que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau se dejó llevar en su momento por sus intereses políticos y realizó una interpretación excesivamente estricta de la ley para arrastrarles por unos vericuetos administrativos tremendamente angustiosos, y que ahora el nuevo decreto de turismo de Catalunya de la Generalitat les da toda la razón.
El abogado Dylan Tarín representa a alrededor de 450 afectados agrupados en las asociaciones de Veïns i Amfitrions de Barcelona y de afectados por el conflicto entre Airbnb y el Ayuntamiento. Lo más probable es que la cifra de arrendadores en una situación similar sea en verdad muy superior. El letrado Tarín detalla que hablamos principalmente de particulares que alquilaron una habitación de la casa donde viven, y también de otros que ofrecieron su piso entero de una manera esporádica, lo que vendría a ser un fin de semana de vez en cuando. “Y, a pesar de que demostraron ante el Ayuntamiento que viven de manera habitual en la vivienda en cuestión y de que por tanto no la están explotando de una manera sistemática –subraya el abogado–, aunque mostraron su empadronamiento, recibos de entregas a domicilio, fotografías y todo tipo de pruebas, el Ayuntamiento continuó adelante los procedimientos sancionadores”.
El abogado recuerda que al poco de ganar sus primeras elecciones Colau y los suyos pusieron en marcha un potente plan de choque destinado a acabar con el alojamiento turístico ilegal en Barcelona. “El Ayuntamiento basó su plan de choque en una campaña de delación vecinal que invitaba a los ciudadanos a informarle sobre cualquiera que dejara entrar un turista en su vivienda y en los propios anuncios colgados en las plataformas digitales para emitir órdenes de cese de la actividad al tiempo que iniciaba procedimientos sancionadores fundamentados en una interpretación muy estricta de las normativas. El Consistorio consideraba que cualquiera que alquilara lo que fuera sin disponer de licencia cometía una irregularidad muy grave, y no sencillamente grave, con lo que procedimiento sancionador arrancaba con 60.000 euros, y no con 3.000. Muchos de estos procedimientos están derivando ahora en embargos de cuentas bancarias, con abundantes recargos e intereses”.
Muchos de estos arrendadores sienten que de un modo injusto los metieron en el saco de los especuladores, que los están tratando como tratan a los mafiosos que alquilan pisos para luego dejar de pagar la renta y subarrendarlos o a aquellos propietarios que sin ningún tipo de licencia alquilan sus pisos a turistas centenares de días al año. Tarín asegura que estos procedimientos que pueden prolongarse fácilmente durante más de un año son desproporcionados, y que desatan una gran angustia y muchos problemas personales y familiares entre unas personas que alquilaron una habitación de su vivienda precisamente
Los afectados consideran que el Ayuntamiento los trata como si fueran mafiosos de la especulación
porque atravesaban apuros económicos. “El Ayuntamiento lleva años actuando con una gran falta de sensibilidad”, termina el abogado.
El decreto de turismo de Catalunya aprobado por el Govern el pasado martes establece que cualquier ciudadano puede alquilar habitaciones de su vivienda habitual un máximo de cuatro personas durante estancias que no superen los 31 días. La Generalitat tardó más de cinco años en tramitar esta disposición, una demora que no hizo otra cosa que poner de manifiesto el profundo vacío legal al respecto. Ahora los ayuntamientos catalanes tienen un año para elaborar las correspondientes ordenanzas que articulen la nueva norma. A las pocas horas el gobierno de Colau atacó con mucha dureza la nueva norma y aseguró que está confeccionada según los intereses de Airbnb. El portal de alquiler vacacional, por su parte, aplaudió la medida de la Generalitat. Y ahora, sobre la tormenta política, se está formando otra de carácter judicial.