El Consell de Garanties dictamina contra la ley para limitar alquileres
El ente ve inconstitucionalidad mientras el proyecto sigue atascado
Nueva piedra en el camino en los planes para controlar el precio de los alquileres en Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries emitió ayer un dictamen unánime contra el proyecto de ley que regula y fija topes en los arrendamientos impulsado por varios partidos y el Sindicat de Llogaters. El ente entiende que varios artículos no están amparados en el Estatut ni se ajustan a la Constitución por invasión de competencias. El proyecto se quería aprobar en julio pero estaba congelado a la espera del dictamen, que no es vinculante. Y lo seguirá estando por la falta de acuerdo entre los impulsores y por estar la cámara catalana sin actividad hasta septiembre.
Ciudadanos y el Partido Popular llevaron la ley al órgano consultivo, al entender que Generalitat y Parlament “no tienen competencias para legislar sobre la materia de vivienda”. En las conclusiones del dictamen se apunta efectivamente que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de la ley vulneran artículos de la Constitución y tampoco tienen amparo en el Estatut, invadiendo competencias estatales “sobre las bases de las obligaciones contractuales”. Entre otros artículos y disposiciones, se ven inconstitucionales los que permiten calcular rentas iniciales, precios de referencia, su actualización, la novación de contratos, el reparto de gastos, las obras de mejora, obligaciones de información, los regímenes de control y sanciones y el establecimiento de sistemas de resolución judicial o extrajudicial en caso de conflictos. También se desaprueba una disposición que argumenta competencias para tirar adelante la ley.
Desde la Generalitat se sostenía que no existía invasión de competencias al defender que se amparaban en el Código Civil catalán. La ley fue impulsada por Junts per Catalunya (Jxcat), Esquerra Republicana, los comunes y la CUP, así como el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia. Con la misma se pretende congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones en las ciudades catalanas de más de 20.000 habitantes. Planeaban aprobarla por lectura única a finales de julio. Pero en el primer debate Jxcat introdujo ocho enmiendas pactadas con el Departament de Territori i Sostenibilitat al entender que existía “margen de mejora”, algo que el resto de impulsores criticaron al interpretar que era “una enmienda a la totalidad”, abriendo una disputa entre los diversos socios. El president de la Generalitat, Quim Torra, se había mostrado partidario de mantener el texto inicial pactado, sin las enmiendas de Jxcat. Desde la CUP llegaron a afirmar que se buscaba “boicotear” la ley con los hipotéticos cambios.
Ayer al mediodía, en una reunión que ya estaba pactada y se inició con el dictamen ya emitido, Torra y los grupos impulsores se vieron las caras para intentar mantener la ley ante el desacuerdo que impera entre los posconvergentes y el resto de actores. El encuentro fue en vano porque no se desencalló la situación: Jxcat mantuvo las enmiendas, alargando el choque entre los promotores de la ley. Al valorar el cónclave, la diputada de la CUP Maria Sirvent valoró que la “oportunidad para blindar un acuerdo” y garantizar el derecho a la vivienda “está en manos” de Jxcat, que aún “está a tiempo de retirar las enmiendas”.
Entre la oposición, Carlos Carrizosa, líder del grupo de Ciudadanos en el Parlament, afirmó en Twitter que desde la formación ya se había advertido sobre la falta de amparo legal de lo que calificó como “una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos”. Santi Rodríguez, portavoz de los populares en la cámara, apuntó con ironía que los artículos y disposiciones señaladas –18– son incluso más de los 17 que anticipó.
El año pasado ya se había impulsado una ley similar a la de ahora, también desaprobada por el Consell de Garanties pero que no había sido validada en el Parlament. “Tienen la misma finalidad y su contenido es substancialmente coincidente”, se recoge en este sentido en el dictamen conocido ayer. Con ese primer intento se creó un portal, aún accesible, con precios de referencia en zonas tensionadas para conocer los precios mínimos y máximos que se podían dar en estas zonas.
IMPULSORES
Jxcat mantiene las enmiendas, en contra de la postura de Torra y el resto de socios
OPOSICIÓN
Cs y PP, que llevaron la ley al órgano consultivo, celebran la decisión y apuntan que ya avisaron