El Gobierno afronta una rebelión de alcaldes por el uso de su superávit
La movilización de los ediles de ocho partidos, incluido Podemos, deja al PSOE sin apoyos para convalidar el decreto en el Congreso
Los ayuntamientos no están contentos y amenazan con tumbar, a través de los grupos parlamentarios, el acuerdo que la Federación de Municipios (FEMP) y el Ministerio de Hacienda alcanzaron para el uso de remanentes de caja el pasado lunes. El pacto en la FEMP era precario puesto que solo lo apoyaban los alcaldes socialistas y, tras las modificaciones exprés, logró la abstención del grupo conformado por Podemos, IU y los comunes. Pero una vez convertido en decreto ley, requiere de una convalidación del
Congreso de los Diputados, en un plazo no superior a treinta días, para la que hoy no salen las cuentas, dada la rebelión de munícipes acogidos bajo diferentes siglas. De hecho, ahora mismo es más probable que el decreto ley decaiga a que sea convalidado. Alcaldías de ocho formaciones representadas en el parlamento y cuyo concurso es indispensable han firmado un manifiesto contra el texto. Aunque no son partidos sino alcaldías, el hecho es que las siglas de PP, Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, PDECAT, CC y BNG están en el manifiesto.
El acuerdo supone en la práctica una relajación de la estricta regla de gasto ideada por Cristóbal Montoro, en su etapa como ministro de Hacienda, con la que la actual ministra, María Jesús Montero, responde a la demanda de los ayuntamientos para usar sus recursos disponibles acumulados en los años en que ha aplicado la normal de Montoro, que impide a las administraciones locales emplear sus superávits. Sin embargo, el PSOE apretó mucho en la FEMP y el acuerdo se aprobó con el único voto a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del presidente, el regidor vigués Abel Caballero. Con la negociación exprés que se llevó a cabo el pasado fin de semana –entre el vierayuntamientos nes y el domingo–, Hacienda mejoró su oferta logrando que Podemos, IU y comunes modificaran su anunciado voto en contra por una abstención. Se salvó el acuerdo, lo que permitió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hiciera una foto el martes ratificando el acuerdo con Caballero, que no dudó en calificarlo de “histórico”. Sin embargo y a pesar de que en primer término esto supone desbloquear fondos –un 35% de lo acumulado por ayuntamientos de forma inmediata–, la formulación alambicada del texto, que implica que ese depósito de remanentes en las arcas estatales es un préstamo forzado de los al Estado y el 35% desbloqueado una devolución adelantada, ha enfadado a muchas alcaldías. El PP –ver la información al pie– se ha apresurado a movilizar a sus regidores contra lo que considera una apropiación de recursos por parte de la administración central –lo cual es sarcástico, considerando que la ley que inmoviliza estos caudales es precisamente del PP– y han conseguido que alcaldías de distinto signo firmen juntas contra el ejecutivo central. Aparecen así la emblemática alcaldía de Cádiz, que ostenta José María González, Kichi –una de las joyas de la corona de Podemos–, o la de Pontevedra, en manos de Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, firmando al lado del madrileño José Luis Martínez Almeida, del PP, en un texto que acusa al Gobierno central de “incautación”. La presencia de la firma del regidor pontevedrés es especialmente significativa porque es ciudad vecina a Vigo, donde gobierna Caballero, presidente de la FEMP, y porque ambas formaciones, PSG y
Hacienda reta a que los partidos propongan otra fórmula que no implique tramitar una nueva ley
BNG, comparten la gestión de la diputación provincial pontevedresa.
El motivo del disenso es precisamente esta fórmula barroca por la que se permite el acceso a los fon dos, a cambio de que el Estado se convierta en receptor de un préstamo de los ayuntamientos. Explicado de forma sencilla, ese dinero es de los ayuntamientos pero, por la ley Montoro, lo retiene el Estado y los alcaldes no pueden acceder a él, aunque tengan superávit. Lo que Hacienda ofrece es que los alcaldes firmen un papel donde digan que ese dinero lo han prestado a las arcas públicas, y a cambio Hacienda les adelanta una parte.
Desde el ministerio señalan que la propuesta es una fórmula que resuelve la liquidez de los municipios en lo inmediato y desafían al resto de partidos a que presenten una fórmula mejor que no implique aprobar una nueva ley. El caso es que, a día de hoy, la convalidación del decreto ley es dudosa, salvo que se imponga su conversión en proyecto de ley, lo que alargaría su tramitación, pero permitiría añadir enmiendas. Si no, la foto de Sánchez y Caballero del martes se convertirá en la celebración de un gol anulado.