La justicia belga rechaza extraditar al exconseller Puig
La decisión, que la Fiscalía ya ha recurrido, alimenta el frente independentista en la UE
La justicia belga dio ayer un nuevo revés a la española tras rechazar la entrega del exconseller Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo (TS) por el 1-O. En una sentencia, la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) se opuso a su extradición al considerar que el Alto Tribunal español no es el órgano competente para solicitar la extradición y enjuiciar a Puig al no estar aforado ante este órgano. Fuentes del máximo tribunal español advierten que esta resolución no tiene el más mínimo “sustento jurídico” y consideran que la corte belga ha “traspasado todas las líneas rojas” de la cooperación internacional.
Sin embargo, uno de los abogados del exconseller, Gonzalo Boye, subrayó, tras conocer la resolución, que los acusados por el 1-O siempre han mantenido que el TS no era competente y que el asunto debía dirimirse en la justicia ordinaria catalana.
La decisión de la justicia belga ha avivado las reclamaciones de los otros dirigentes independentistas pendientes también de ser entregados a España, como el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, quienes se agarrarán a esta resolución del tribunal de Bruselas para tener la misma suerte. Fuentes jurídicas advierten que en su caso la circunstancias son diferentes al haber logrado obtener un acta de eurodiputado y, por tanto, sí se encuentran aforados ante el Supremo. Cuando el Alto Tribunal resolvió el debate de la competencia decidió asumir la investigación porque varios de los encausados eran aforados y todos debían ser enjuiciados conjuntamente. Además, Puigdemont, Comín y Ponsatí han sido reclamados por un delito de sedición, mientras que sobre Puig solo recaía el delito de malversación de caudales públicos.
Este no es el primer traspiés que da la justicia española a la hora de lograr que los encausados del procés que están en el extranjero sean entregados a España para ser juzgados, mientras que el resto de miembros del Govern de entonces ya han sido condenados, como es el caso del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras.
Carles Puigdemont, junto a otros cuatro exconsellers, se marcharon del país tras la declaración unilateral de independencia de Catalunya el 27 de octubre del 2017, pocos días antes de que la Fiscalía General del Estado interpusiera contra ellos una querella por un delito de rebelión. Aquellos miembros del ejecutivo catalán que se quedaron fueron encarcelados, enjuiciados y condenados a penas que ascienden hasta los 13 años de prisión. Desde entonces, la justicia española ha intentado que fueran entregados por la autoridades de otros países, encontrándose siempre con un muro al otro lado.
Primero fue Bélgica. Cuando emnuevo pezó a poner trabas para la entrega de Puigdemont y del resto de exconsellers, el magistrado que estaba instruyendo la causa en el Alto Tribunal, Pablo Llarena, decidió retirar las euroórdenes. Cuando finalizó la instrucción y acordó el auto de procesamiento por un delito de rebelión, en marzo del 2018, reactivó las euroórdenes. Puigdemont fue detenido en Alemania. Sin embargo, el proceso de entrega tampoco funcionó como quería el magistrado. La justicia alemana solo acordó su entrega por un delito de malversación de caudales públicos, rechazando el de rebelión o de sedición. Llarena rechazó entonces la entrega y volvió a retirar las órdenes de detención, que volvieron a ser activadas después de que el Supremo ya hubiese dictado la sentencia, el 14 de octubre del 2019.
En medio de este proceso, tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí lograron obtener un escaño de Parlamento Europeo, quedando de paralizadas las euroórdenes hasta que la Cámara comunitaria resuelva si levanta la inmunidad para que puedan ser enjuiciados en España. Cuando esto ocurra, entonces vendrá el siguiente paso que espera el TS: que la justicia de los países donde se encuentren concedan las entregas.
Fuentes del Alto Tribunal aclaran que las euroórdenes siguen activas y, aunque Bélgica haya rechazado la entrega de Puig, este puede ser detenido si viaja a otro país o si entra en España.
A pesar del triunfo judicial de ayer, la decisión de la justicia belga sobre el exconseller de Cultura no es definitiva. La Fiscalía de este país anunció ayer mismo que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal de Apelación y, como última instancia, todavía podría acudir al de Casación.
Tras conocer la sentencia de la justicia belga, Puig lo celebró y señaló que, a su juicio, si se ha considerado que el Supremo no es competente en este caso “tampoco era para iniciar el juicio de procés ”y “sentenciar a 100 años de prisión” a los políticos y activistas independentistas condenados. En la misma línea se pronunció el presidente de la Generalitat, Quin Torra, quien pidió “la nulidad del juicio farsa”: “El Supremo no era órgano ni competente ni legítimo, y la única manera que tenemos los independentistas de encontrar justicia era yendo a Europa”.
Además de Torra, que reclamó el retorno de los “exiliados y la amnistía para todos los encausados”, también reaccionó Puigdemont, quien aprovechó para apuntar que en España “no se respetan los derechos fundamentales”. El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, lo calificó de “victoria jurídica”, mientras que Ciudadanos reclamó una mejora de las órdenes de detención europeas para hacerlas “más efectivas” y “evitar que los que quieren hacer daño a proyectos de unión y libertad como el europeo no puedan quedar impunes”.
EL ARGUMENTO
La justicia belga considera que la euroorden no debió ser emitida por el Supremo
REACCIONES
Fuentes del TS no ven “sustento jurídico” a la resolución, recurrida ya por la Fiscalía
CONSECUENCIAS
La euroorden sigue activa, y el exconseller podría ser arrestado si saliera de Bélgica