Alcaldes banqueros
Los alcaldes pasarán este agosto deshojando la margarita sobre el trato que les propone Hacienda para utilizar sus propios ahorros. Antes del 15 de septiembre deben resolver el dilema de las lentejas: “Las tomas o las dejas”. He aquí un resumen. Los Ayuntamientos disponen de miles de millones inmovilizados en los bancos por una ley aprobada tras la crisis del 2008 que solo les permite pagar deudas con ese dinero. La deuda se ha reducido drásticamente, pero esa ley mantiene bloqueado el dinero en un momento vital para atender las necesidades de la coronacrisis. El Gobierno también precisa oxígeno financiero y, como posee la llave de la caja, propone retener 14.000 millones de los ahorros de los municipios a cambio de permitirles acceder al 35% del superávit de este año. O sea, pide a los alcaldes que hagan de banco del Gobierno con el compromiso de que devolverá ese dinero en 15 años con intereses. La aceptación de la propuesta es voluntaria, aunque si un Ayuntamiento la rechaza, no accederá ni al 35% del superávit ni a un solo euro del dinero ahorrado porque seguirá sometido al control de la injusta ley. La propuesta ha provocado una revuelta de consistorios de todos los colores políticos. La división se visualizó en la reunión de la federación española de municipios que aprobó la iniciativa gracias al voto de calidad del presidente y con el único apoyo de los alcaldes del PSOE. Los ediles de Unidas Podemos se abstuvieron aunque también discrepan y reclaman a sus socios el cumplimiento del pacto de coalición que se comprometía a derogar la mencionada ley que atenaza las finanzas locales. Pero esa deroga ciónn ole interesa a Hacienda porque permitiríaalosa y untamientos disponer sin condiciones de sus propios ahorros y dejaría sin crédito al Gobierno. Así que la cuenta atrás pesa sobre los alcaldes este verano. Solo hace falta la firma del alcalde y no es necesario pasar por un pleno municipal. “Con más tiempo, esta decisión merecería un referéndum local porque determina el futuro de tres legislaturas”, me explica un alcalde. La tensión política es grande porque muchos consistorios ven la propuesta como el negocio de Roberto y las cabras. Así que el Gobierno deberá renegociar este asunto antes de que llegue a aprobación en el Congreso de los Diputados si quiere evitar una derrota.