El PP despliega una ofensiva con mociones en todos los ayuntamientos
El Partido Popular ha decidido desplegar un campo de minas al Partido Socialista en el ámbito municipal como respuesta al acuerdo para la liberación de los remanentes y el uso del superávit alcanzado el lunes ente el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Un pacto que, en palabras de los populares, “traiciona al municipalismo” al romper la política de consenso que ha regido en el citado organismo durante los últimos años, y que será impugnado al haber salido adelante gracias al voto de calidad de su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, sin sumar ni un solo apoyo más allá de los del propio PSOE.
La intención del PP es la de tejer una tela de araña de mociones. Presentando una en cada uno de los 8.131 ayuntamientos repartidos por España para “defender los intereses de los ciudadanos ante la expropiación de más de 15.000 millones” realizada por los socialistas en el marco del acuerdo de la regla de gasto. “El Gobierno no puede confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar proyectos de Sánchez”, argumentan fuentes de la dirección del PP.
Las quejas del principal partido de la oposición no se limitan a lo ocurrido el lunes sino que incluyen lo deliberado un día después, en el Consejo de Ministros, en donde el Gobierno “aprobó vía real decreto los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros que integran la FEMP”.
En ese sentido, el PP ha decidido liberar su estrategia en código abierto con la intención de enrolar al mayor número de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, “incluidos las socialistas”, al considerar lo sucedido como un
“atropello” que “no va de colores políticos, sino en defensa de los ciudadanos”.
Además de recurrir el pacto ante el Tribunal Constitucional “por invasión de la autonomía local” y de solicitar la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sede parlamentaria para explicar los detalles del pacto, el texto de la moción impulsado por Génova recalca que la propuesta que ha impulsado el Ejecutivo “esconde un chantaje inaceptable” que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran “los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales”.
La ofensiva popular solicitará, además, a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente por “no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el ministerio”.
Los populares insisten en que recurrirán el acuerdo ante el TC “por invasión de la autonomía local”