Tres casos y un partido, CDC
La justicia llevará al banquillo la financiación del partido fundado por Pujol así como la fortuna que acumuló su familia
Entre 1980 y el 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ocupó el centro del escenario de la política catalana. A finales del mes de julio, tres autos judiciales han concretado las acusaciones de corrupción que pesan sobre el partido, sobre su gestión en el Govern y, en particular, sobre el que fue su fundador y presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, así como toda su familia.
Los tres autos concluyen las investigaciones sobre los casos de la familia Pujol, sobre el 3% y sobre la empresa pública Infraestructures, llevadas a cabo por el juez José de la Mata, del juzgado central 5 de la Audiencia Nacional, y en ellos se acumulan acusaciones por delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho o delito contra el fisco y apuntan a la existencia de sobornos, manipulación de los contratos públicos y negocios ilícitos.
Aunque se trata de tres causas independientes, en realidad no lo son porque en todas ellas se repiten métodos y se señalan algunos nombres que son comunes no solo en estas investigaciones, sino también en otros procesos que afectan a CDC y sobre los que ya hay sentencia firme como el caso Palau o el caso Pretoria. En total, se quiere llevar a juicio a 68 personas.
La publicación de estos autos añadió esta semana una nueva desavenencia en el Govern después de que ERC instara a la Generalitat a personarse en la causa del 3%, en la que está ya el Ayuntamiento de Barcelona y la CUP.
El president Quim Torra zanjó la polémica el viernes al anunciar que la administración catalana será parte en el caso 3%. Lo hizo sin esperar a los informes, que él mismo había solicitado, donde debía quedar acreditada la supuesta desaparición de dinero público.
En realidad, en los tres autos se señalan quebrantos para el erario. En el caso Pujol, por delitos fiscales. En el caso Infraestructures se imputan pérdidas de hasta un millón de euros, y es precisamente en el 3% en el que la acusación se limita al fraude, pero no a la malversación o el delito fiscal.
CASO PUJOL
La caída de una familia
Jordi Pujol i Soley fundó CDC en 1974 y ocupó la presidencia de la Generalitat entre 1980 y 2003. Ahora, De la Mata le quiere llevar a juicio, junto a su esposa, a sus siete hijos y a la exesposa de su primogénito. El juez cree la familia “ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida” de Catalunya “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con (...) actividades corruptas”.
De la Mata desgrana una serie de prácticas que juzga irregulares y se asoma el fantasma de las comisiones, pues se dice que una de las fuentes de este patrimonio son pagos millonarios a cambio de ejercer la influencia de la familia, por medio del primogénito,
Jordi Pujol Ferrusola. Para camuflar el origen de este dinero se usaron entramados empresariales, paraísos fiscales y testaferros. Según el juez, estas actuaciones obedecían a un plan preconcebido, prolongado durante años en los que la familia actuó como una organización criminal.
El magistrado no da crédito a la confesión pública de Jordi Pujol i Soley en el sentido de que el dinero de Andorra era la herencia de su padre, Florenci; y señala que posteriormente a que los fondos de dudosa procedencia pasaran por Andorra fueron derivados a negocios en otros países como en México, Croacia, Estados Unidos o Argentina. También se cita aquí la financiación irregular de CDC, que, según el juez, se llevó a cabo mediante créditos ficticios gestionados por Jordi Pujol Ferrusola y que revertían en la fundación Catdem. En total, el juez actúa contra 16 personas.
EL CASO 3%
El negocio de las fundaciones
En esta causa se acusa a 31 personas y singularmente a Germà Gordó, que ocupó altos cargos en la Generalitat y en el partido, y a los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Andreu Viloca. Según el juez, se creó una estructura para financiar ilícitamente al partido, compuesta por la cúpula económica de la formación, si bien admite que puede haber más personas sin identificar, que permitía a empresas ganar concursos a cambio de comisiones ilegales que revertían en las fundaciones del partido (Catdem, Fòrum Barcelona y Nous Catalans) y que acababan en la caja de CDC, justificándose estas transacciones como encargos para Convergència o el abono de los salarios de los trabajadores del partido.
Los tratos se llevaban a cabo durante los trámites de las licitaciones, que supuestamente eran controlados por Gordó, Osàcar y Viloca. Por este sistema se cubrió el 11,5% de la financiación privada del partido y el 7,7% del total de los ingresos de la formación política.
En total, hay 31 contratos bajo sospecha, que suponen 227 millones de euros, y que afectan a diferentes instituciones, como la Generalitat, ocho ayuntamientos (entre ellos el de Barcelona) o la Autoritat Portuària. Siete cargos de estas instituciones deberán ir a juicio.
EL CASO INFRAESTRUCTURES
Un concierto económico
El tercer caso sobre el que se ha pronunciado recientemente la Audiencia Nacional se refiere a la manipulación de las adjudicaciones en la empresa Gisa, actualmente Infraestructures de la Generalitat, y fue desvelado por un trabajador de la propia empresa.
Sucintamente el caso tiene su origen en un acuerdo en el que podrían haber llegado a participar más de un centenar de empresarios catalanes que pactaban los precios de sus ofertas para asegurarse la adjudicación de obras en los concursos abiertos por la Administración.
Este pacto se remonta al 2008 –cuando aún gobernaba el tripartito–, pero adquiere un nuevo rango cuando dos de los supuestos participantes y promotores, Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, tras la constitución del primer gobierno de Artur Mas, son designados como presidente y director general de la empresa Gisa.
Según este relato, tan pronto asumen el cargo modifican la estructura de la compañía para obtener un control total de todas las adjudicaciones. El auto de la Audiencia Nacional señala a 21 personas como investigadas.
Las indagaciones han relacionado algunas de las adjudicaciones bajo sospecha con la trama del 3% de CDC y en particular con su contable, Andreu Viloca.
Según la estimación incluida en el auto por el que se concluye la investigación y se abre el procedimiento abreviado, el perjuicio ocasionado a las arcas de la Generalitat en al menos diez de los expedientes analizados podría haber alcanzado los 1,2 millones de euros.
LA FINANCIACIÓN
En el 3% se ponen bajo sospecha 31 contratos por valor de 227 millones de euros
EL DINERO DE LA FAMILIA
El juez asegura que los Pujol acumularon un patrimonio desmedido con prácticas corruptas
LA CONCESIÓN DE OBRAS
En uno de los casos, el de Infraestructures, se cree que pudo costar 1,2 millones a la Generalitat