En el punto de mira de la Covid
Las residencias de mayores de Aragón vuelven a sufrir, de nuevo, los ataques del coronavirus
Los mayores de las residencias vuelven a ser el grupo más castigado por la pandemia en Aragón. De los 980 muertos por coronavirus registrados en esta comunidad desde los inicios de la pandemia, cerca de 800 eran usuarios de centros de mayores.
Esta nueva ola de contagios no se ha extendido en todos los centros. De las 386 residencias que existen en la región, el virus ha entrado en 47, con cerca de 300 ancianos infectados, de los que 61 han debido ser en algún momento hospitalizados, y 12 fallecidos. En solo siete de estos geriátricos se concentra el 75% de todos los contagios. Cabe añadir que los ahora afectados, salvo en un caso, no coinciden con los que sufrieron el virus en los meses de marzo a junio.
Uno de los más castigados en esta segunda fase ha sido la Casa Familiar de la Inmaculada de Burbáguena (Teruel), regentada por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, que lleva acogiendo a ancianos de la comarca desde hace más de dos décadas y que ha llegado a registrar nueve fallecidos y 80 contagiados (63 de los 90 residentes actuales y 17 trabajadores). El presidente de Aragón, Javier Lambán, amenazó con poner una denuncia penal contra esta residencia por supuestas negligencias en la desinfección y en la gestión de la crisis, pero al parecer todo quedará en un expediente administrativo. El director del centro, Juan Vela, afirmó que habían seguido todas las pautas que les marcaba la administración y que ahora sus problemas eran la falta de auxiliares de clínica y limpiadoras que sustituyan a los trabajadores contagiados o en cuarentena.
Otro caso llamativo es el del centro oscense de Chimillas, donde ha llegado a haber 54 contagios, la mitad de los residentes. Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Sariñena asignaba ayer 430.000 euros a la residencia municipal, donde murieron 9 internos en junio, para mantener los refuerzos de la plantilla y comprar de equipos de protección individual (EPI) para el personal.
Incertidumbre, angustia, estrés, dudas ante lo que hay que hacer, han sido la tónica de estos centros que nacieron como domicilios de mayores y han tenido que mutarse en espacios sanitarias.
En la residencia del Cinca, de Fraga, en los momentos más duros de la pandemia, todo el personal acordó encerrarse en el centro durante cinco semanas, del 23 de marzo al 27 de abril, y consiguieron cerrar las puertas al virus. Ahora siguen con cero contagios, pese a que el personal ha vuelto ya al trabajo por turnos.
“Hasta ahora hemos tenido suerte –explica su directora y propietaria, Cira Jover–, pero hay momentos en que no sabemos qué hacer. Les hacemos pruebas PCR a residentes y trabajadores cada tres o cuatro días. Controlamos individualmente las escasas visitas con familiares, que no se toquen y mantengan las distancias, etcétera, pero cuando un residente amanece con una décimas de fiebre nos ponemos todos a temblar”.
Los trabajadores y directivos de las residencias coinciden en que las diferentes normativas y protocolos llegados de la administración son a veces contradictorias. “Ello nos confunde y nos lleva a cometer errores”, dice Jover.
Rebeca Cebrián, directora adjunta del Hogar San José de Teruel, afectado por varios casos de contagio, se lamentaba de que “los ratios de personal no se pueden cumplir porque las bajas, vacaciones y cuarentenas no se cubren al estar vacías las bolsas de parados”.
En un conocido centro de mayores de Zaragoza una profesional recuerda que en los primeros meses del coronavirus había, por las noches, dos auxiliares por planta. “Luego se pasó a uno por planta y ahora están dos auxiliares para las cuatro plantas”.
A los problemas de personal se suma el importante aumento de gastos de compra de material que amenaza con ahogar a estos centros económicamente.
La Consejería de Sanidad en un principio invirtió 9,9 millones recibidos del Gobierno central para proveer de EPI a las residencias y para habilitar centros Covid donde aislar a los infectados leves o a residentes que han dado negativo en las pruebas PCR procedentes de centros con gran número de contagios. En estos momentos se encuentran operativos tres de estos centros que en total albergan a 70 residentes. Son los de Gea de Albarracín en Teruel, el de Yéqueda, en Huesca y la de Casetas en Zaragoza.
Pero ese dinero se acabó hace tiempo y, por ello, el presidente Lambán anunció el martes una nueva partida de 1,5 millones de euros “para que las residencias tengan un respiro”.
El virus ha entrado en 47 centros, con cerca de 300 residentes infectados y 12 personas fallecidas