Catalunya lidera la lista negra de la ocupación ilegal en España

El fenómeno ha crecido un 13% desde enero y la mitad de las denuncias presentadas en todo el país son de viviendas catalanas

El instalador de la empresa de seguridad privada pasa al comedor de la pareja que desea contratar una alarma. “¿Es por los robos?”, pregunta el trabajador. “Sí, también, pero sobretodo por el temor a que nos ocupen el piso cuando nos vayamos de vacaciones”, le responde la mujer. La secuencia es de un anuncio de publicidad que se emite con frecuencia este verano en las principales cadenas de televisión. Al temor a que nos entren a robar, cada vez es más intenso el miedo a que nos ocupen la casa cuando no estamos. Las estadísticas oficiales confirman que el fenómeno de la ocupación crece año tras año en España y que Catalunya lidera el ranking de comunidades autónomas donde se producen más ocupaciones: 600 al mes; 20 al día desde enero a junio.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior indican que si bien Catalunya no es la comunidad donde más han aumentado las denuncias en lo que llevamos de año, es con diferencia la autonomía más afectada por las ocupaciones. En el primer semestre del año se habían presentado 3.611 denuncias, casi medio millar más que en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras disparadas si se comparan con las 1.183 denuncias presentadas en Andalucía, o las 657 de la comunidad de Madrid, casi un centenar menos que en el mismo periodo anterior, lo que supone incluso un descenso de un fenómeno angustioso sobre el que circulan además leyendas urbanas que incrementan la sensación de inseguridad de la gente. El gráfico que acompaña estas líneas muestra la evolución de los datos oficiales en España, sin contabilizar las denuncias que los perjudicados realizan directamente en los juzgados.

“No es verdad que si una persona que pasa unos días fuera de su casa y al volver se la han ocupado ya no puede entrar. Es una leyenda urbana porque si en el instante en el que llama a la policía y acredita que ese es su domicilio, los agentes tienen que detener a los ocupas”. La afirmación corresponde a fuentes oficiales de los Mossos d’esquadra que admiten en cualquier caso la existencia de una casuística muy variada y de enorme complejidad en la que la patrulla que llega a una vivienda ocupada tiene que atender la petición del denunciante, pero sin vulnerar el derecho legítimo a la vivienda que tiene el que ocupa espacios que no se consideran domicilio del propietario. Y esa es una realidad que conocen el gran porcentaje de las personas o mafias que ocupan y acceden a espacios que en ese momento no son domicilio de nadie, se instalan o venden la llave y van ganando un tiempo que se hace eterno para los propietarios cuando el caso entra en los juzgados.

Para que sea ocupación, la persona que accede al inmueble que no es suyo tiene que tener voluntad de permanencia. Y sin que medie la violencia a terceros de por medio, porque entonces se trata de

CIFRAS DISPARADAS

Muy por detrás se sitúan Andalucía con 1.183 denuncias y Madrid con 657

ESPERANDO AL JUEZ

Hay mafias y grupos que ocupan, se instalan o venden la llave y así van ganando tiempo

una usurpación. La ocupación está penada con sanciones de tres a seis meses de multa, sin privación de libertad. Unas penas insignificantes que condicionan la actuación de la policía cuando al llegar frente a la puerta de una vivienda ocupada hay dudas sobre si esa casa es realmente domicilio del propietario que la reivindica y si el ocupa ya la ha convertido en su casa. Si el policía accede a la brava, podría ser acusado de prevaricación, de ahí que en múltiples situaciones y ante la menor duda, se derive el caso a los tribunales para que sean los jueces los que decidan.

“Un domicilio no se puede violar”, insisten las fuentes policiales, que aseguran que cualquier patrulla actúa de inmediato cuando se ocupa el piso en el que alguien está viviendo. Un patrullero de los Mossos de una ciudad del área metropolitana asegura que en los últimos meses ha desalojado varios domicilios que habían sido ocupa

dos ante la ausencia puntual de su propietario, que se había ahuyentado por la pandemia a casa de familiares para estar en mejores condiciones. “Yo no dejo a una abuela, como el último servicio, en la calle a expensas de los tiempos del tribunal. Asumo las consecuencias, pero puerta abajo y las llaves de nuevo para ella”, explica.

Otra cosa es si el ocupa tuvo tiempo de cambiar la cerradura, se instaló y empezó a vivir. “Si el tiempo transcurrido es suficiente para que el ocupa se instale, es el juez quien vuelve a tener la última palabra”, añaden advirtiendo que nadie está ausente de su domicilio tanto tiempo como para no ser consciente de que se lo han ocupado. Admite la desesperación de algunos propietarios y reconoce que al final, ante determinadas ocupaciones, las principales víctimas son los vecinos de esos inmuebles que sufren las consecuencias de tener vecinos conflictivos, o delincuentes que acceden a viviendas vacías para resguardarse.

De eso saben mucho los vecinos de la comunidad Licorella de Cubelles, unas 70 familias con zonas comunes a las afueras de la localidad. Hace un par de años un grupo mafioso de Vilanova i la Geltrú ocupó una vivienda propiedad del banco y vendió la llave a una familia vulnerable. En este tiempo los servicios sociales del ayuntamiento han asumido los costes de los servicios básicos y la familia en cuestión no ha generado nunca problemas con el resto de la comunidad. Los conflictos empezaron hace dos meses cuando un individuo ocupó otro piso vacío y embargado, asegurando que tenía un contrato de alquiler con el propietario. Tras este personaje “problemático y conocido por la policía local y los mossos”, según los denunciantes, el 19 de julio se produjo la ocupación de otra vivienda también vacía a la que intentaron oponerse los vecinos haciendo una barrera humana, pero que la propia policía local de Cubelles ordenó retirar al advertirles de que estaban cometiendo un delito. “Nos sentimos desprotegidos, desamparados y con una angustia difícil de trasladar. Esta era una comunidad tranquila y desde hace un mes, algunos de nosotros hacemos rondas por la noche para que no se ocupen segundas residencias que han aparecido con marcas”, indica uno de los vecinos. Ninguno autoriza publicar su identidad por “miedo” a las represalias. Se sienten vigilados y aseguran que el trasiego de gente “rara” por la zona es continúo. Los problemas de convivencia en los espacios comunes no se han hecho de esperar. Ninguna de las casa ocupadas era domicilio, de ahí, que la comunidad desesperada busque ahora una solución con la denuncia pública.

Las fuentes policiales admiten que las ocupaciones de segundas residencias originan un problema que en muchas ocasiones solo puede ser resuelto por los jueces. Hay jurisprudencia que dice que la segunda residencia a la que se acude con frecuencia se puede considerar domicilio. Pero si en el margen de tiempo comprendido entre la ocupación y la denuncia del propietario es demasiado grande y ha dado margen al ocupa a empezar a vivir, el policía no puede acogerse a la modalidad del desalojo exprés y el caso languidece en los tribunales.

Conflictos abundantes generan también los pisos ocupados por delincuentes profesionales. En ellos ha puesto la mirada los Mossos d’esquadra que recientemente solicitaron al fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, “armas legales” para desocuparlos y precintarlos. Se trata de poco más de medio centenar de viviendas en edificios de Barcelona y el área metropolitana que sirven de guarida de delincuentes multirreincidentes y provocan una gran alarma entre los vecinos con los que comparten escalera.