Impunidad ocupa

Muchos ciudadanos pasan las vacaciones en segundas residencias o bien salen de sus hogares para disfrutar de unos días de merecido descanso. Sepan que una vivienda vacía es hoy un caramelo para las mafias de la ocupación que, especialmente en Catalunya, se lucran gracias a una legislación permisiva que protege al ocupa. Los datos que publica hoy Mayka Navarro en las páginas de Vivir son clamorosos. Catalunya lidera el número de ocupaciones de toda España. Desde enero, la policía catalana ha recibido una media diaria de 20 denuncias por este motivo, tres más al día que el primer semestre del año pasado. La industria de la ocupación no entiende de crisis ni de virus. Campa a sus anchas y ha demostrado que la ley aprobada en el 2018 para activar la desocupación judicial exprés no ha dado el resultado esperado, ni ha servido para disuadir a los profesionales de este negocio puesto que la cifra de ocupaciones ilegales ha aumentado en estos dos años. Amparados por el grave problema de la falta de vivienda pública, estas mafias se han especializado en localizar pisos y casas sin aparente actividad humana. No tienen escrúpulos y les da igual si el inquilino está en el hospital, de vacaciones, de viaje profesional o confinado con sus familiares. Revientan la puerta, cambian la cerradura, se duchan, colocan el cepillo de dientes en el lavabo y piden una pizza a domicilio. Esto es suficiente para demostrar a la policía que está viviendo allí y así el caso se deriva al juzgado. La ley de desahucio exprés dice que puede haber una orden de desalojo en un mes, aunque siempre tarda más. Así que pinchan la luz y el agua mientras buscan a una incauta familia a la que le alquilan el piso o la casa con un falso contrato a un precio inferior al de mercado. Negocio redondo. Cuando la policía o el juzgado vuelven a la vivienda se topan con una situación de vulnerabilidad y los ritmos se ralentizan todavía más hasta que los servicios sociales encuentran una salida a esa familia. Y si un día se identifica a uno de estos mafiosos, la pena máxima que le puede caer es ridícula: de tres a seis meses de multa. Lo más triste es que la política ha sido incapaz de activar las soluciones que en media Europa se aplican a este fenómeno y, por eso, aquí se ha cronificado. Y así nos va. Buen verano.