Catalunya, líder en ocupas
Catalunya es la comunidad autónoma en la que se registran, con diferencia, un mayor número de ocupaciones ilegales de viviendas. En el primer semestre se han presentado 3.611 denuncias por este motivo, medio millar más que en el mismo periodo del año anterior. En Andalucía la cifra es tres veces menor (1.183 denuncias) y en Madrid han sido 657 las ocupaciones registradas.
El fenómeno ocupa, en cualquier caso, va en aumento en todo el país y genera una creciente preocupación social por el temor de los propietarios a que puedan entrar extraños para quedarse a vivir en su domicilio o segunda residencia cuando ellos están ausentes. El problema es que, una vez se han instalado en la vivienda, cuesta mucho sacar legalmente de ella a los ocupas. Esto es algo ya conocido, debido a que las actuaciones policiales y judiciales no son todo lo contundentes que deberían ser. Hace tiempo que se exige un endurecimiento de la ley para defender el derecho a la propiedad privada de la vivienda pero nunca acaba de producirse. Esto hace que proliferen las empresas antiocupas, especializadas en presionar a quienes se apropian de una vivienda ajena para que la abandonen. De esta manera, hay quien opta por soluciones paralelas a las legales. Pero es evidente que deberían ser los jueces y la policía quienes protejan a los ciudadanos ante la ocupación ilegal de sus viviendas.
Hay que preguntarse, además, por qué Catalunya es la comunidad autónoma en la que se registran más ocupaciones ilegales de viviendas. Catalunya tiene una larga tradición del actividad del movimiento okupa. Pero también registra un acusado déficit de vivienda social que provoca que familias vulnerables, en proceso de exclusión, opten por ocupar viviendas vacías antes de tener que quedarse en la calle. Hay, asimismo, bandas mafiosas muy activas en la ocupación de pisos, bien como base para sus actividades delictivas o bien porque las utilizan para hacer negocio al cederlas luego a personas o familias necesitadas que aceptan esa alternativa como medida desesperada. Y a todo ello, además, habría que añadir la legislación específica introducida por la Generalitat en su decreto sobre medidas urgentes en materia de vivienda que ampara indirectamente las ocupaciones de pisos por necesidad social y que complica aún más los procesos legales para luchar contra ellas. La normativa de la Generalitat, en concreto, obliga a los grandes tenedores de viviendas, como bancos, cajas, fondos de inversión y grandes inversores, a ofrecer un alquiler social de siete años a los ocupas de sus viviendas que estén en situación de vulnerabilidad.
La necesidad de proveer de vivienda social a la población más necesitada no debería nunca ir en contra del derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, porque está en la base de la convivencia. Ante la problemática de las ocupaciones ilegales de viviendas, la actuación de las autoridades debe enfocarse en una triple dirección: un mayor endurecimiento legal de las penas por usurpación de viviendas ajenas, una actuación más activa de los servicios sociales para resolver las situaciones de emergencia habitacional y, en tercer lugar, una ambiciosa y suficiente política de construcción de viviendas de alquiler asequible.
La situación actual de práctica impunidad que tienen aquellos que ocupan pisos ilegalmente, en cualquier caso, es algo intolerable que no sucede en ninguno de los países de nuestro entorno. Al tiempo que se avanza en la búsqueda de soluciones sociales para la vivienda, hay que reformar con urgencia la actual legislación. En realidad bastaría con copiar algunas legislaciones europeas. La policía, en este sentido, debería poder desalojar a los ocupas en un plazo máximo de veinticuatro horas, con la correspondiente orden judicial, y el Código Penal debería considerar la usurpación de viviendas como un delito que comporte penas de cárcel, en lugar de calificarla tan solo como una falta, lo que deja prácticamente sin castigo a los ocupas. La cuestión es por qué no se hace nada al respecto.
La necesidad de vivienda
social nunca debería justificar la vulneración del derecho a la propiedad