¿Adónde hemos de ir?
Dentro de la serie de artículos que estoy infligiendo a los lectores durante este mes de agosto, hoy le toca el turno a las que pienso son las políticas más urgentes que adoptar, si de veras se quiere salir del atolladero en que nos hallamos. Lo que exige, de entrada, un reconocimiento. Nada o casi nada sería posible si no fuera porque los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron, la madrugada del martes 21 de julio, a un acuerdo para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras la pandemia. La respuesta comunitaria combina un fondo de 750.000 millones de euros (390.000 son subvenciones y 360.000 son créditos) con el presupuesto plurianual para el 2021-2027, que asciende a 1.074 billones. Es un acuerdo histórico por la situación de extrema gravedad precedente, por el volumen de fondos acordado y, sobre todo, porque por primera vez la Comisión Europea se endeudará, es decir, por primera vez habrá una deuda federal europea. Para ponderar la importancia de este último punto, debe recordarse que, para que exista cualquier forma de comunidad, son necesarios dos requisitos: que haya unidad de dirección (es decir, un sistema de adopción de acuerdos vinculantes para todos los comuneros) y que la responsabilidad frente a terceros por algunas deudas sea también comunitaria. Un ejemplo histórico pone de relieve esta trascendencia. Alexander Hamilton figura como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sin haber sido presidente de su país, no solo por su protagonismo en la redacción de los “Papeles federalistas”, sino por haber dotado a Estados Unidos –como primer Secretario del Tesoro– de los tres instrumentos financieros que definen en el ámbito económico a un Estado federal: un banco central, una deuda federal y unos impuestos federales. La Unión Europea ya dispone de dos de estos tres requisitos: un banco central y una deuda federal. Es un camino sin retorno.
Gracias a este marco comunitario, podrá España –al igual que otros países europeos de su entorno– afrontar con esperanzas de éxito sus graves problemas. Y debe hacerlo distinguiendo claramente dos ámbitos. En primer lugar, el de la crisis social que, como consecuencia de una crisis económica devastadora, se desencadenará imparable el próximo otoño, y a la que habrá que hacer frente mediante la distribución de recursos a través del ingreso mínimo vital y otras medidas que sean sencillas en su concepción y operativas en su ejecución; cuidando además, por una parte, que nadie que necesite ayuda quede descolgado, y esforzándose, por otra, en evitar que dichas ayudas puedan conformar a medio plazo una sociedad subsidiada.
Y last but not least, España ha de acometer una política industrial hasta hoy inexistente, que, sin perjuicio de destinar recursos a aquellos sectores que –como el turismo– han sido más fuertemente dañados por la pandemia, invierta el dinero público que vendrá –condicionado– de Europa en la modernización de su sistema productivo, en la línea ya apuntada por el acuerdo franco-alemán de mayo del 2019 sobre un esfuerzo público coordinado para impulsar la industria europea. Hay que aprovechar la ocasión e invertir este dinero público en la modernización de los aparatos productivos en cuatro direcciones: energía, automatización, industrias de la vida e industrias digitales, de la información y de la comunicación. Todo ello con la finalidad de que la España que emerja de la crisis deje de ser un miembro rezagado de la Unión Europea y disponga de una economía desarrollada.
Para ello son necesarios tres requisitos. En primer lugar, un plan concebido con visión larga (es decir, no constreñido por la situación presente) y concertado con Francia y Alemania, habida cuenta de que estos dos países son los que van a determinar con toda certeza, en un inmediato futuro, qué es lo que se producirá en Europa y quién lo va a producir. Así de claro y así de duro. El segundo requisito resulta también evidente: es preciso un consenso político amplio (más allá del Gobierno de coalición actual) y sólido (a cubierto de las “urgencias históricas” de radicales e independentistas), que comience en el Congreso de los Diputados. Invertir en el futuro exige priorizar sectores y aportarles recursos que otros quisieran para sí; y eso solo puede hacerlo un gobierno fuerte por contar con una mayoría amplia. Y el tercer y último requisito es que la génesis, desarrollo y ejecución de este plan se lleven a cabo en el marco de una sostenida colaboración público-privada. Por consiguiente, el plan debe estructurar un sistema competitivo de selección de proyectos, surgido de un diálogo con empresas y expertos no condicionados por los problemas del presente; un diálogo que no esté predeterminado por estrictos criterios de territorialidad.
Gracias al marco comunitario, España podrá afrontar con esperanzas de éxito sus graves problemas