Torra y el respeto al Parlament

La legislatura catalana no sólo está agotada, sino que el riesgo de degradación institucional aumenta cada día que pasa sin que se convoquen elecciones y alimentando debates improductivos en el Parlament de Catalunya, como el del viernes sobre la monarquía. La firma del decreto de elecciones es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat que Quim Torra retrasa alegando, entre otras cuestiones, que quiere preservar la dignidad de la presidencia. Una dignidad que el president parece no reconocer al Parlament y sus funcionarios, al reclamar el cese de su secretario general vía Twitter precisamente por preservar de posibles ilegalidades a la Cámara de representación popular.

Entre sus obligaciones, el president Torra no debería olvidar la del respeto a las instituciones catalanas y a los funcionarios públicos que las representan con total profesionalidad. Querer convertir el Parlament en un campo de batalla electoral cuando ni siquiera ha convocado a los partidos al Palau de la Generalitat para abordar un pacto de reconstrucción post-covid-19 dice poco de su presidencia. Y menos aún cuando se reclaman destituciones entre los responsables de la gestión del Parlament, ni más ni menos que por hacer su labor al margen de ideologías. Torra sabía de las limitaciones impuestas por el Tribunal Constitucional y aun así prefirió que el pleno se convocara. El debate no es el problema, el problema es pretender que el Parlament asuma funciones que no le son propias, ni por competencias ni por encaje legal, y buscar provecho partidista de la polémica artificial.

El secretario general de la Cámara está obligado a advertir a los miembros de la Mesa de cualquier actuación jurídica o material que incumpla sentencias del Tribunal Constitucional sobre las que han sido apercibidos. Y así lo hizo Xavier Muro antes incluso de que se admitieran a trámite las propuestas de resolución ahora recortadas en su publicación. La Mesa decidió mantener vivo el debate, así que el riesgo de incurrir en desobediencia ya existía, y ahí están los anuncios de Ciudadanos de interponer acciones judiciales.

Si el presidente de la Generalitat consideraba que esa advertencia no debió ser tenida en cuenta, su grupo parlamentario cuenta con representación para reclamar en los órganos de gobierno de la Cámara que se les desoiga e incluso intentar asumir personalmente las responsabilidades penales que puedan derivarse de esa actuación. Torra ya sabe cuáles son. Una querella por desobediencia, una pena de inhabilitación y poner el futuro de la presidencia en manos del Tribunal Supremo. También lo sabe el presidente del Parlament, Roger Torrent, contra quien Jxcat dispara ahora sus ataques en su particular batalla con ERC. La Fiscalía estudia, a instancias del Tribunal Constitucional, la presentación de una querella por desobediencia precisamente por la aprobación de una moción sobre la autodeterminación y una reprobación a la monarquía.

Que el president exija la destitución de un cargo de la administración pública por no comulgar con sus ideas ni atender a sus órdenes políticas supone superar una línea roja ética que ni siquiera se sobrepasó en la legislatura anterior, con Carme Forcadell al frente de la institución, cuando se aprobaron las leyes de desconexión.

Las instituciones deben sobrevivir a los políticos, y el personal del Parlament de Catalunya ha resistido tensionado desde hace demasiados años por la polarización del debate político catalán. Sus funcionarios se merecen el respeto y el reconocimiento de todos. Por el contrario, plenos como el del viernes no ayudan a recuperar la confianza en la acción política y las instituciones, sino que ofrecen una imagen de la Cámara catalana como simple escenario para que los partidos lancen sus fuegos artificiales electorales, sin utilidad real para responder a los problemas de los ciudadanos.

De eso, hoy, también es responsable el president Torra.

Exigir la destitución de un funcionario por no comulgar con sus ideas

supera una línea ética