El juez imputa por malversación a parte de la cúpula de Podemos
La causa sobre la financiación del partido arranca con la denuncia de un exabogado
Imputados hasta diciembre (al menos) por malversación. Parte de la cúpula de Podemos ha sido citada como investigada por el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tras la denuncia interpuesta por el exabogado del partido, José Manuel Calvente, pero no son citados a declarar hasta la semana del 13 al 20 de noviembre. Entre los imputados, además del partido como persona jurídica, están el secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, uno de los más estrechos colaboradores del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, así como el tesorero y la gerente, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.
Los delitos imputados, aunque no aparecen en la citación, responden a las diligencias por “malversación de caudales” abiertas por ese juzgado a raíz de una denuncia de Calvente ante la Guardia Civil, en la que no aparecía este delito, pero sí otros muchos: blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, administración desleal y financiación ilegal de partidos. El cambio de los delitos no es banal porque al afectar al interés público, la malversación es la que ha permitido a Escalonilla –al que Podemos tiene tomada la matrícula por archivar dos veces las amenazas de muerte de un grupo de agentes de la policía madrileña contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena– admitir la personación de Vox en la causa, sin imposición de fianza previa.
Los hechos que se investigan son muy amplios y se basan en la denuncia y posterior declaración de Calvente, que fue despedido por Podemos en diciembre del 2019 después de un escándalo interno por un supuesto caso de acoso sexual a una trabajadora del partido que la justicia ha desestimado. Los asuntos denunciados por Calvente atañen a una presunta caja B –la llamada caja de solidaridad del partido–; al acceso ilegal al disco duro de la abogada de Podemos, Marta Flor –que ella no ha denunciado–; a la presunta licitación irregular de las obras de la nueva sede morada –que fue asesorada por el propio Calvente, coordinador entonces del equipo jurídico–, a la supuesta contratación fraudulenta de servicios durante la campaña electoral de abril del 2019 (que es la que afecta a Del Olmo, como jefe de campaña); a un supuesto bloqueo del portal de transparencia, que también fue aconsejado por Calvente tras la aprobación del reglamento de protección de datos de la Unión Europea, así como a las liquidaciones de gastos de los trabajadores de Podemos, que, a juicio del exabogado del partido, “siguen un patrón sospechoso” que podría ocultar sobresueldos.
De los autos de imputación dictados por Escalonilla para tomar testimonio a finales de noviembre y de los amplios requerimientos de documentación realizados, Podemos concluye que el juez pretende abrir una “causa general” y emprender una amplia “investigación prospectiva” –prohibida por la ley, subrayan– para ver si halla alguna irregularidad para procesarlos.
La defensa del partido remitió el pasado 5 de agosto un durísimo recurso de apelación contra la actuación del juez en el que denuncia la inconcreción de las diligencias y la vaguedad de las acusaciones de Calvente. Y aduce dos causas previas de nulidad: la primera, por la desaparición de la mayor parte de la testifical de Calvente –de las tres horas que compareció, el juzgado dice que solo tiene 40 minutos, y tampoco hay transcripción–, la segunda, porque el exabogado de Podemos dice tener conocimiento de lo que relata y sospecha por información obtenida en el ejercicio de su cargo –además de coordinar del equipo legal, era responsable de protección de datos y de seguridad de la información–, lo que la defensa entiende que viola el “deber de sigilo y confidencialidad”.
Pero entrando en el contenido de la causa, el recurso pone el acento en la falta de solidez de los indicios y del testimonio de Calvente, que repite los términos “sospechas”, “rumores”, “especulaciones” y aduce titulares de prensa o cosas que le han contado. De ahí, la consecuente vaguedad de las diligencias, dice el recurso, que disparan por elevación en su requerimiento de documentación: “Esta inconcreción en origen perturba gravemente el derecho de defensa de las personas investigadas, a las que se les obliga a probar un hecho negativo (la ausencia de hecho delictivo), invirtiendo la carga de la prueba en el proceso acusatorio”, señala el recurso.
LOS HECHOS
Calvente sospecha de sueldos, protección de datos, contratación y de la caja de solidaridad
PETICIÓN DE NULIDAD
Más de dos horas de las tres que declaró el denunciante ante el juez han desaparecido
RECURSO
Los morados creen que la vaguedad de la causa se debe a que el juez actúa a ver qué halla