Hacienda no logra frenar la rebelión de los ayuntamientos

El Gobierno persuade a los alcaldes con pago de intereses

Las concesiones del ministerio no apagan el malestar local. Barcelona se suma a la revuelta y no cederá sus remanentes.

El decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso del superávit de los ayuntamientos no cuenta, hoy por hoy, con los votos necesarios para su convalidación en el Congreso. El Ministerio de Hacienda y el presidente de la FEMP trataron ayer de hacer guiños a los alcaldes para frenar su rebelión contra esta norma, pero el PP ha aprovechado el rechazo que ha provocado, no solo entre los ediles populares, sino también de otros partidos, para dirigirse a los responsables de estas formaciones políticas e intentar unir fuerzas para tumbar la norma.

De hecho, los alcaldes de Madrid, Zaragoza y Murcia (del PP), el de Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Granada (Cs), Bilbao (PNV), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Pontevedra (BNG) ya han pactado un texto contra el acuerdo, pero ahora otros municipios, como Barcelona, se han unido al rechazo. El PP trata de capitalizar este rechazo y desgastar al Gobierno, que si pierde la votación sufrirá un duro revés.

Pero el PP no solo se dirige a los partidos cuyos alcaldes ya se han mostrado en contra, sino que tiene la vista puesta en los alcaldes socialistas que pueden también estar en contra de la medida acordada con la FEMP.

Por eso, ayer, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, justificó que se dirijan a otros partidos en que “esto no va de colores políticos, sino de defender los ahorros de los vecinos”. Más cuando, a juicio del PP, ese dinero acabaría en manos del “Gobierno del despilfarro”.

El mensaje del PP es que “esto no es algo partidista del PP contra el PSOE”, sino que se trata de defender el interés general, por lo que Montesinos ha emplazado

“a los alcaldes de toda España” para que se sumen a su ofensiva en “defensa del municipalismo y los ayuntamientos”. Incluye a los alcaldes del PSOE, a los que el dirigente popular pide que “digan en público lo que dicen en privado”, que es, subrayó, “que no quieren este plan, sino gestionar sus propios ahorros”. Según Montesinos, “hay muchos dirigentes del PSOE que critican la posición del Gobierno”, subrayó el dirigente popular.

Hasta el propio presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, tuvo que salir ayer a defender el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que, recordó, “no obliga a nadie”, porque permite optar entre el sistema de remanentes, el de uso del superávit, o combinar ambas fórmulas.

También el Ministerio de Hacienda aclaró ayer algunos extremos del acuerdo, mediante una resolución de la dirección general de la Tesorería publicada en el BOE, que regula las condiciones del préstamo voluntario que los municipios pueden hacer a la Administración central.

Unas condiciones que pueden interpretarse como un guiño a los alcaldes, para que superen sus reticencias y rebajar el rechazo al acuerdo, que tendrá que ser convalidado en el Congreso. Esa resolución establece que las entidades que participen del fondo de 5.000 millones de euros se ahorrarán los intereses que hoy pagan por tener sus remanentes en el banco.

El Ministerio de Hacienda aclaró ayer que será el ministerio quien asumirá el coste financiero para que las entidades locales no paguen intereses por sus ahorros. Ahora, pagan un tipo de hasta el -0,5%, con lo que, dice el Ministerio de Hacienda en una nota, supondrá un ahorro para los ayuntamientos porque la fórmula elegida “evita que sigan abonando intereses por sus remanentes”.

El convenio acordado entre el Gobierno y la FEMP ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado: los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en el 2021; el resto del dinero de los remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir del 2022.

Pero si el PP y otros partidos han salido en tromba contra el plan del Gobierno, alcaldes socialistas han hecho lo propio en favor del acuerdo y del hecho de que se pueda utilizar el remanente. Así, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha defendido el plan dado que “beneficia a la ciudad, puesto que permitirá, por primera vez desde el 2012, lograr recursos extraordinarios a través del superávit para inversiones o gasto social” en vez de tener “obligatoriamente” que dedicarlo a amortizar deuda como ha ocurrido hasta ahora, debido a la ley aprobada en el 2012.

También el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, apoyó lo acordado y criticó la postura del PP, que a su juicio “atiende exclusivamente a intereses partidistas”. En la misma línea se pronunció el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que además aseguró que hasta el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ve con buenos ojos el contenido del pacto, dado que da respuesta a una reivindicación del municipalismo, que se pudiera utilizar el superávit.

Abel Caballero defiende el acuerdo y recuerda a los ayuntamientos que la adhesión es voluntaria