La juez avala el tercer grado de los presos del 1-O, pero no saldrán
La magistrada carga contra la Fiscalía por buscar “un castigo ejemplar”
La juez de vigilancia penitenciaria se ha manifestado a favor de conceder el tercer grado a los líderes del 1-O, pero lo deja en suspenso hasta que se pronuncie el Supremo. La magistrada es muy crítica con la Fiscalía.
La titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya, María Jesús Arnau, desestimó ayer los recursos de la Fiscalía y avaló el tercer grado concedido por la Generalitat a los siete líderes independentistas encarcelados en el centro penitenciario de Lledoners, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull.
La magistrada razona en los siete autos, que pueden ser recurridos ante esa misma instancia antes de ir al Tribunal Supremo, que los presos reúnen los requisitos para pasar al régimen de semilibertad porque admiten los hechos probados en la sentencia y su responsabilidad en los mismos. También tiene en cuenta que todos han seguido en prisión programas y actividades de tratamiento con resultados “muy positivos” y que su riesgo de reincidencia y de quebrantamiento de la condena se mantiene bajo.
Esta decisión, no obstante, no comportará ningún cambio en su situación actual. Seguirán en prisión a la espera de que dictamine el Supremo, que tiene la última palabra en tanto que tribunal sentenciador y debe responder a la apelación del ministerio público. Por tanto, por ahora no podrán gozar de la semilibertad y tampoco de los beneficios que resultan de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitía salir de la cárcel unas horas al día para ir a trabajar o a hacer voluntariado. Hasta ahora, el Alto Tribunal solo ha tenido una ocasión de pronunciarse sobre estos beneficios y lo hizo para revocar las salidas laborales que se habían autorizado a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en virtud de ese artículo. El Supremo consideró su aplicación “injustificable” porque, a su juicio, suponía un régimen de semilibertad “de facto”.
Aunque los siete presos de Lledoners sigan en prisión, la magistrada reprocha a la Fiscalía en los autos emitidos ayer que pretenda darles un “castigo ejemplar” con su oposición a todas sus salidas y beneficios y señaló que es “decimonónico” y “propio de un sistema anterior al siglo XX y muy anterior a la Constitución” plantear que se deban reconocer culpables y que su condena es merecida para poder disfrutar del tercer grado. De hecho, ve “excesivamente persistente” la “negación total y absoluta” de los fiscales respecto de las actividades que los presos han seguido en prisión y tacha de “inaceptable” que hayan pedido que se detalle el número de sesiones realizadas, algo que “jamás ha sido planteado” para otros presos, “incluso en delitos muy graves con ejercicio de la violencia contra las personas con resultado de muerte”.
Así, apunta que aunque los presos no han seguido un programa específico sobre el delito de sedición, su trayectoria en el ámbito institucional, como dirigentes políticos, y sus estudios hacen “innecesario” que tengan que realizar un tratamiento especial para interiorizar que se deben cumplir las leyes. Y añade que ya eran conscientes de que debían actuar dentro de los márgenes legales, pero que no lo hicieron, por lo que han sido condenados por unos hechos que aceptan, aunque no se arrepientan.
Ante la insistencia de la Fiscalía en que no es suficiente que los presos reconozcan los hechos, sino que además tendrían que sentirse culpables y reconocer que han cometido sedición, apunta la juez que lo que subyace a esa argumentación es que “el interno debería callarse y dejar de expresar libremente sus pensamientos ideológicos al defender la independencia de Catalunya y el derecho a decidir”. “Tales pensamientos y voluntades son legítimos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que ello forma parte del programa de diversos partidos políticos activos en Catalunya, y ni tales partidos ni sus programas electorales han sido declarados inconstitucionales”, reitera la juez. En ese sentido, Cuixart pidió ayer “no perder el norte entre jueces, tribunales y fiscales” y reclamó “amnistía y autodeterminación”.
Como en resoluciones anteriores, la juez también recrimina al ministerio público que pretenda obtener lo que no logró en la sentencia “obstaculizando” la progresión de los presos a la semilibertad. Es una referencia a la negativa del Supremo a fijar un mínimo de años de cumplimiento de la condena para
Los presos del ‘procés’ no disfrutarán de la semilibertad ni del artículo 100.2 si no lo autoriza el Supremo
que los presos puedan disfrutar de beneficios penitenciarios.
Además, la magistrada recuerda que hasta el momento la Audiencia de Barcelona ha confirmado los permisos que ha autorizado y denuncia que la Fiscalía plantee de forma “sesgada e incompleta” en sus recursos contra el tercer grado los argumentos de un voto particular en contra de ese aval.
Los siete presos de Lledoners disfrutaron apenas quince días del tercer grado que el Departament de Justícia les concedió el pasado 14 de julio. La juez de vigilancia penitenciaria suspendió sus salidas después de que la Fiscalía así lo reclamara en sus recursos contra la nueva clasificación. En cambio, los juzgados de vigilancia encargados de revisar el tercer grado de Forcadell y de la exconsellera Dolors Bassa, encarceladas en Wad Ras y Puig de les Basses, rechazaron suspenderles el régimen de semilibertad mientras deciden sobre los recursos del ministerio público.