Dos leyes laborales en la nevera
Pasadas las vacaciones, el Gobierno tratará de cerrar con los agentes sociales las nuevas normativas sobre el teletrabajo y los ‘riders’
Si se cumplen los últimos planes del Ministerio de Trabajo, septiembre debería alumbrar dos cambios importantes en la normativa laboral: las regulaciones del teletrabajo y de la condición de asalariados de los trabajadores de la economía de plataformas. Para que lleguen al Consejo de Ministros en breve, es crucial que el equipo de la ministra Yolanda Díaz arranque un acuerdo a CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT. Fuentes del diálogo social aseguran que la negociación de la ley sobre el trabajo a distancia está muy avanzada, mientras que la normativa sobre los riders suscita de momento mucho menos consenso.
Las conversaciones formales quedaron aplazadas con la llegada de agosto. Varias fuentes consultadas coinciden en señalar que la patronal pidió dejarlas para dentro de un par de semanas, alegando la necesidad de respetar el descanso vacacional. Un gesto que, en cambio, los sindicatos interpretan como un deseo de la CEOE de aminorar el ritmo de las negociaciones.
En el caso de la nueva ley sobre el teletrabajo, el Gobierno se comprometió a enviar a lo largo de agosto un nuevo texto donde tendrían en cuenta las últimas aportaciones de los agentes sociales, para poder discutirlos a finales de mes o ya entrado septiembre. Miembros de la mesa de negociación indicaron que aún no han recibido dicho documento y recalcaron que hay una buena base para el acuerdo y que solo quedan algunas cuestiones por perfilar. Entre ellas, se encuentra la inclusión en la norma, como solicitan CC.OO. y UGT, de los trabajadores laborales de la Administración –son los que se rigen por Estatuto de los Trabajadores y no por el de la Función Pública–. Los sindicatos defienden también que el nuevo texto ha de recoger de forma más clara que las condiciones del registro horario de jornada ha de ser igual en el centro de trabajo que fuera de él. Además de la necesidad de “acotar” en mayor medida los derechos y las obligaciones de los trabajadores vinculadas a posibles problemas de ciberseguridad.
Por su parte, explican fuentes cercanas a las conversaciones, la CEOE pone pegas, por ejemplo, a que la denominación de trabajo a distancia se aplique cuando se realiza al menos en un 20% de la jornada –un día a la semana–. La organización que lidera Antonio Garamendi apuesta asimismo por dar tres años de margen para que las empresas que en la actualidad ya tienen empleados teletrabajando se adapten a la nueva normativa. Un periodo de tiempo que los sindicatos consideran inaceptable.
Sobre la polémica cuestión de qué gastos y materiales serán asumidos por la empresa cuando sus empleados trabajen en casa, el último borrador ya recogía que debía concretarse en la negociación colectiva. Una fórmula aceptada, de momento, por todas las partes.
Mientras, hay más dificultades para la reforma popularmente vinculada a los falsos autónomos en las plataformas digitales, que la ministra calificó en su momento de un cambio prácticamente quirúrgico en el Estatuto de los Trabajadores. En cuanto salió adelante la derogación del despido por acumulación de bajas médicas, Díaz anunció la modificación en febrero, antes del estallido de la crisis. En junio, Trabajo resucitó la iniciativa; sin embargo, los agentes sociales explican que sorprendentemente aún no cuentan con un texto concreto.
La razón, apuntan fuentes sindicales, radica en divergencias en el seno del Gobierno sobre cómo afrontar esta reforma. Según las mismas fuentes, el equipo de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, apuesta por aclarar la laboralidad de los repartidores –cerrando la batalla judicial sobre falsos autónomos–, mientras que el de Yolanda Díaz estaría dispuesto a ampliar el cambio a otros profesionales de plataformas digitales. Por ejemplo, los trabajadores de atención a domicilio (sobre los que ya está actuando la Inspección de Trabajo).
En el mejor de los escenarios para Trabajo, volverán a conversar a finales de este mes, en torno al Consejo de Ministros previsto para el próximo día 25. Y a intentar tejer nuevas complicidades. La lista de cuestiones por tratar en el diálogo social no deja de crecer. Después del breve descanso estival, los acuerdos con los agentes sociales siguen siendo más valiosos si cabe para un Gobierno con apoyos parlamentarios tan débiles.
La regulación sobre los falsos autónomos está más verde y arrastra discrepancias entre Trabajo y Economía