Los jueces limitan las restricciones autonómicas contra la Covid-19
Un juzgado de Madrid anula medidas del decreto del Gobierno de Ayuso, como ya pasó en Catalunya
Mientras la pandemia sigue desbocada en España y en particular en Madrid, que acapara ya un tercio de los nuevos contagios, el Gobierno de la Comunidad se encontró con un problema inesperado, abierto desde el frente judicial. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid, cuyo titular es Alfonso Villagómez Cebrián, dictó el 20 de agosto un auto que se conoció ayer por el que se anula la orden del Gobierno regional que prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad (por ejemplo en las terrazas de los bares), comer en el transporte público o cerraba las discotecas y los establecimientos de ocio nocturno, entre otras medidas. El magistrado argumenta que esas restricciones vulneran derechos fundamentales.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha pedido una aclaración al juzgado y ha anunciado que recurrirá el auto cuanto antes. En Catalunya la prohibición de fumar por la calle sin distancia de seguridad estaba en vigor desde este martes.
No es la primera vez en esta pandemia que la intervención de un juez bloquea una decisión autonómica. La Generalitat, por ejemplo, a mediados de julio se vio obligada a dar dos instrucciones distintas para la misma situación –el veto a las reuniones de más de 10 personas– ante la disparidad de criterio de dos magistrados de juzgados distintos. Dichas reuniones se prohibieron en Lleida, pero esa restricción se tuvo que quedar en recomendación en l’hospitalet. Para intentar evitar este tipo de incidencias, el Gobierno vasco ha optado esta semana por declarar la situación de emergencia sanitaria, por la que puede restringir el acceso a determinadas zonas y limitar o condicionar el uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes, de acuerdo a la ley vasca de Gestión de Emergencias.
La resolución del juez de Madrid anula también la norma regional que obligaba a las terrazas a cerrar como máximo a la una de la madrugada. También la que limitaba a una persona al día las visitas a los mayores internados en residencias de ancianos. Otra norma que ya queda sin efecto desde ayer es la prohibición de las llamadas mascarillas egoístas, las FPP2 y FPP3 con válvula, diseñadas para que no se infecte la persona que las lleva.
Se da la circunstancia de que había sido el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso el que había acudido al juzgado de lo contencioso administrativo, ya que la normativa actual obliga a que sean los jueces los que autoricen o ratifiquen las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias cuando sean “urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción”.
Sin embargo, aunque la normativa aprobada por el Gobierno de Madrid está alentada desde el Gobierno central y muchas de sus medidas ya se habían puesto en práctica en otras comunidades autónomas, el juez Alfonso Villagómez sostiene una interpretación restrictiva de las capacidades legislativas del Gobierno regional y entiende que desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales sin una previa declaración del estado de alarma.
La resolución del juez es clara. “La norma autonómica viola derechos fundamentales como la libertad de movimientos, que no puede limitar porque no tiene competencia para recortar derechos constitucionales”. Además, en todo caso –señala el auto–, “estas restricciones se fundamentan en una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido ni siquiera publicada en el BOE, como exige toda norma del Gobierno”. Dice también que “se ha creado indefensión de la ciudadanía porque no ha podido conocer de manera oficial qué norma le va a afectar y de qué manera”.
Para el juez Villagómez, “la limitación del ejercicio de derechos fundamentales solo puede ser aprobada en la declaración del estado de alarma y esta competencia solo le corresponde al Gobierno central, un estado de alarma que puede ser individualizado”, es decir, decretarse por comunidades autónomas.
En definitiva, el magistrado señala en su dictamen que “los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello, pero no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la orden de la Consejería de Sanidad”.
Para el consejero de Justicia, In
Según el auto, una comunidad autónoma no puede limitar derechos básicos sin un estado de alarma
terior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, “el auto pone de manifiesto el dislate jurídico que tenemos en esta materia y la urgencia de actualizar la legislación respecto a la sanidad pública, con una ley que data de 1986”. López ha pedido al Gobierno central que suspenda sus vacaciones y ponga en marcha una iniciativa legislativa para solventar este problema, “como ya le propuso el PP durante el estado de alarma”, afirmó.
Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, calificó la resolución del juez de “incongruente”. En su opinión, “medidas similares ya han sido aprobadas no solo por otros jueces de lo contencioso de la Comunidad de Madrid sino incluso de toda España”.
El Ejecutivo madrileño emitió un comunicado por la tarde para mostrar su contrariedad: “Desde la comunidad autónoma manifestamos nuestro pleno respeto (al auto), pero a la vez estamos en contra respecto a su contenido. En primer lugar, porque entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo”.
Si bien la decisión judicial cayó como un mazazo en el Ejecutivo regional, fuentes de este aseguran que la Comunidad lleva días preparándose para endurecer las medidas a la vista de la extensión de la pandemia en Madrid, que ya fue su epicentro en España durante muchos meses. En este sentido, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en un acto público ayer en San Sebastián de los Reyes recomendó que “en las zonas de la región con más casos de coronavirus se intenten evitar viajes innecesarios, se opte por quedarse en casa y es absolutamente recomendable que no haya más de diez personas en las viviendas”. De momento se han descartado los confinamientos selectivos. Esas zonas son los barrios de Carabanchel, Usera y Vallecas. Los municipios más afectados son los de Fuenlabrada y Parla. “Hay que tomar nuevas medidas, pero ahora mismo tenemos esa dificultad jurídica”, señaló Zapatero.
No todos los sectores están disgustados con el auto del juez que enmienda la plana a la Comunidad de Madrid. La Asociación de Hostelería Madrid pidió ayer mediante un comunicado que “las administraciones legislen con garantías”. Desde dicha patronal dicen “estar a favor de que se tomen todas las medidas encaminadas a prevenir y contener la pandemia, pero consideramos erróneo que estas se centren en la hostelería, cuando es un sector que cumple rigurosamente con las medidas higiénico sanitarias y de prevención del Covid para garantizar espacios seguros de consumo para los clientes”.