Casado cortó la negociación del CGPJ por la actitud del Gobierno con el Rey
El ministro de Justicia y Enrique López habían reanudado en julio las conversaciones
Había costado más de año y medio, pero, por fin, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había conseguido, en julio, retomar las conversaciones con el Partido Popular, y en concreto con el secretario de justicia del PP y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Pero cuando las conversaciones se encontraban aún en una fase incipiente, el presidente del partido, Pablo Casado, ordenó paralizar la negociación, ya en agosto, como respuesta a la actitud del Gobierno ante el rey emérito por su marcha de España.
Según fuentes de la dirección del PP, lo que provocó la decisión de Casado fue la posición del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que pidió la abolición de la monarquía, defendió la república y subrayó la necesidad de abrir un debate sobre el modelo de Estado. Unos planteamientos muy graves que, a juicio de Casado, Pedro Sánchez no desautorizó, sino que, por el contrario, y desde el punto de vista del líder popular, alentó, ya que mantuvo una posición ambigua y no hizo una defensa clara del rey Juan Carlos ni de la monarquía en general.
Desde entonces, no ha vuelto a haber ningún contacto entre el responsable del PP y el ministro de Justicia, que estaban avanzando en la negociación para que pudiese haber una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en septiembre. El propio Pablo Casado ofrecía ayer algunas pistas, sin referirse en concreto al órgano del gobierno de los jueces, durante su intervención ante la junta directiva nacional del Partido Popular. Al aludir a la “crisis institucional y de reputación del Gobierno” por los casos relacionados con Unidas Podemos, Casado señaló que Iglesias había arremetido “irresponsablemente contra el Poder Judicial y contra la monarquía para intentar encontrar una imposible cortina de humo”. Y a partir de ahí, según el líder popular, “no hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Catalunya y el blanqueamiento de los batasunos”.
El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones un año y ocho meses, ya que su mandato expiró el 4 de diciembre del 2018. Entonces, y pese a que Pedro Sánchez era presidente del Gobierno gracias a la moción de censura que despojó del poder a Mariano Rajoy, Pablo Casado se avino a negociar su renovación en tiempo y forma, y PSOE y Partido Popular alcanzaron un acuerdo en noviembre.
Sin embargo, el pacto no vio la luz después de que trascendiera un mensaje de Whatsapp del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que explicaba a los senadores del PP que el acuerdo era muy ventajoso para ellos porque les permitiría controlar, “por la puerta de atrás”, la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo. En ese acuerdo fallido entre el PSOE y el PP se proponía como presidente del CGPJ a Manuel Marchena, magistrado del Supremo, que presidió el tribunal que juzgó y condenó a los 12 líderes independentistas por su participación en el procès.
Al conocerse ese mensaje enviado por el portavoz del PP, Manuel Marchena declinó ser propuesto para el CGPJ y Pablo Casado no solo rompió finalmente la negociación, sino que planteó una iniciativa para modificar la ley y volver a la elección de los miembros del Consejo como se hacía antes de 1985, mayoritariamente por los propios jueces. Eso ha impedido durante más de año y medio reanudar las conversaciones, hasta que ahora, en julio, el interlocutor del PP en las negociaciones comunicó la disposición del partido a renunciar a su modelo y mantener la elección por el Congreso y el Senado.
De hecho, ya en agosto, el vicesecretario de comunicación del PP confirmaba los contactos y aseguraba que en sus propuestas siempre iba a abogar por la profesionalidad y la independencia.
Durante esas conversaciones, ahora interrumpidas, el PP planteó que de los 20 miembros del consejo, el PSOE designara a diez, y el PP, a otros diez. Sin embargo, el Partido Socialista pretendía que tanto el PNV como Podemos pudieran contar con un consejero cada uno.
En el fondo, el PP no tiene ninguna prisa por renovar el órgano de gobierno de los jueces, ya que los populares mantienen la mayoría en ese órgano, elegido hace seis años y medio, cuando el PP estaba en el Gobierno y disponía de mayoría absoluta.
Ahora bien, el veto a la negociación no afecta, de momento, a
REPROCHES INTERESADOS
El PP se escuda en que Iglesias atacó a la Corona , pero no tiene prisa en renovar el CGPJ
ANUNCIO PÚBLICO
El líder popular avisó de que “no hay pacto posible con quien pide la abdicación del Rey”
la renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso y cuyo mandato terminó en noviembre pasado. La diferencia de trato entre el CGPJ y el Tribunal Constitucional se justifica, según las fuentes de la dirección del PP, en que esta última renovación “es obligada por ley”.
Los populares explican que los magistrados del Tribunal Constitucional deben cesar en sus puestos a los nueve años de su designación, un plazo que se cumpliría en enero del 2021. Eso sí, con la reforma de la ley del Tribunal
Constitucional del 2010 esos plazos se habrían cumplido en noviembre del año pasado, ya que esa reforma estableció que el tiempo de tardanza en la renovación se restaría del periodo de nueve años.
El caso es que el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ya comunicó al Congreso, hace un año, que en noviembre se cumplía el mandato de los cuatro magistrados elegidos por la Cámara Baja, por lo que se debía proceder a su renovación.
Los magistrados que habrían cumplido su mandato son, además del propio presidente del tribunal, su vicepresidenta, Encarnación
Roca, así como los vocales Andrés Ollero y Fernando Valdés. Dos miembros progresistas y dos conservadores, en un tribunal de mayoría conservadora, ya que su composición es de siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas.
Y en este sentido, la intención del PP es mantener el actual reparto, de forma que los socialistas propongan a dos magistrados y los populares a otros dos.
En cualquier caso, y pese a la predisposición del PP a negociar la renovación del Tribunal Constitucional –en contraste con la cerrada negativa a hablar del Consejo General del Poder Judicial–, las conversaciones están aún, según las fuentes consultadas, bastante verdes y el Partido Popular no garantiza que puedan llegar a buen término. La falta de entendimiento total con el Gobierno en unos momentos como los que vive España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico e institucional, podría dar definitivamente al traste con la negociación.
Las conversaciones entre PP y PSOE para el Constitucional están aún muy verdes