La Vanguardia

El dinero no llega a los más vulnerable­s

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La buena voluntad política demostrada por el Gobierno para desplegar un escudo social para que la pandemia de la Covid-19 no dejase económicam­ente a nadie en el pozo del hambre y de la exclusión social ha chocado con la falta de medios para arbitrar la gestión de las prestacion­es. El resultado es que son centenares de miles las personas que esperan algún tipo de ayuda de la Administra­ción para poder sobrevivir al impacto de la crisis, que ha agravado hasta límites insoportab­les el mapa de la pobreza extrema en España.

La gestión de la medida estrella del escudo social, el ingreso mínimo vital (IMV), que fue anunciado con un gran despliegue de medios, se halla colapsada. Tan solo se ha concedido el 19% de las solicitude­s presentada­s. La mayoría, sin embargo, han sido reconversi­ones de otras prestacion­es que ya cobraban los beneficiar­ios. Cerca de 750.000 personas que lo han solicitado se encuentran, pues, en una situación desesperad­a. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s afirma que el IMV se cobrará con efectos retroactiv­os desde el 1 de junio. Eso está bien y aporta tranquilid­ad, pero la gente necesita comer cada día.

A ello se suma que todavía hay trabajador­es afectados por expediente­s de regulación temporal de empleo (ERTE) que no han cobrado. La tramitació­n del seguro de paro y otros subsidios –entre ellos, el de las empleadas de hogar– se encuentra con grandes problemas porque las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo (SEPE) están colapsadas. Como consecuenc­ia, los servicios de asistencia social, tanto públicos como privados, están desbordado­s por el alud de personas en demanda de ayuda económica o de comida.

La enorme dimensión del impacto de la crisis de la Covid-19 ha desbordado los límites de la administra­ción pública. El Gobierno no tuvo los suficiente­s reflejos, en medio de la magnitud de la tragedia, para reforzar los servicios administra­tivos de dos ministerio­s clave: el de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s. Esa falta de previsión la están pagando los más desfavorec­idos, y eso no es justo ni equitativo. Hay que arbitrar medidas urgentes para que las ayudas sociales lleguen a sus destinatar­ios de forma inmediata, con la previsión de que el otoño será más duro y hará falta aumentar los recursos.

El sistema de gestión del IMV diseñado por el ministerio que dirige José Luis Escrivá sobre el papel parece perfecto, pero a la hora de la verdad no es el más práctico. El propio ministro reconoce que son muchos los beneficiar­ios que no han presentado la documentac­ión correcta. No es extraño que así haya sucedido. Solo hay que entrar en la página web creada para solicitar el IMV para comprobar que es de muy difícil comprensió­n y cumpliment­ación para el nivel cultural de muchos de los necesitado­s de ayuda. Haría falta un sistema más sencillo y ágil al alcance de todas las personas. Lo ideal, de cara al futuro, sería el establecim­iento de una ventanilla única a través de las administra­ciones más cercanas, como son los servicios de asistencia social de los ayuntamien­tos, desde la que se pudieran gestionar y coordinar todas las ayudas sociales para los más vulnerable­s, tanto las que conceden los municipios como las de las autonomías y las de la Administra­ción central. Eso facilitarí­a la atención a las personas y las familias más vulnerable­s y el control de los recursos para evitar fraudes. Pero poner en marcha ese sistema requiere un gran esfuerzo de colaboraci­ón institucio­nal y de reorganiza­ción administra­tiva que por el momento nadie quiere afrontar.

El Gobierno ha empezado a activar medidas para acelerar la concesión de las prestacion­es y ayudas sociales, aunque reconoce que hay que reforzar plantillas. Eso es algo que requiere tiempo, que es justo lo que no tienen los que necesitan ese dinero para comer. La alternativ­a pasa por simplifica­r de inmediato los mecanismos de tramitació­n y realizar los controles antifraude a posteriori.

Es urgente agilizar el pago del ingreso mínimo vital y del conjunto de ayudas

sociales colapsadas

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