El dinero no llega a los más vulnerables
La buena voluntad política demostrada por el Gobierno para desplegar un escudo social para que la pandemia de la Covid-19 no dejase económicamente a nadie en el pozo del hambre y de la exclusión social ha chocado con la falta de medios para arbitrar la gestión de las prestaciones. El resultado es que son centenares de miles las personas que esperan algún tipo de ayuda de la Administración para poder sobrevivir al impacto de la crisis, que ha agravado hasta límites insoportables el mapa de la pobreza extrema en España.
La gestión de la medida estrella del escudo social, el ingreso mínimo vital (IMV), que fue anunciado con un gran despliegue de medios, se halla colapsada. Tan solo se ha concedido el 19% de las solicitudes presentadas. La mayoría, sin embargo, han sido reconversiones de otras prestaciones que ya cobraban los beneficiarios. Cerca de 750.000 personas que lo han solicitado se encuentran, pues, en una situación desesperada. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que el IMV se cobrará con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Eso está bien y aporta tranquilidad, pero la gente necesita comer cada día.
A ello se suma que todavía hay trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que no han cobrado. La tramitación del seguro de paro y otros subsidios –entre ellos, el de las empleadas de hogar– se encuentra con grandes problemas porque las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo (SEPE) están colapsadas. Como consecuencia, los servicios de asistencia social, tanto públicos como privados, están desbordados por el alud de personas en demanda de ayuda económica o de comida.
La enorme dimensión del impacto de la crisis de la Covid-19 ha desbordado los límites de la administración pública. El Gobierno no tuvo los suficientes reflejos, en medio de la magnitud de la tragedia, para reforzar los servicios administrativos de dos ministerios clave: el de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esa falta de previsión la están pagando los más desfavorecidos, y eso no es justo ni equitativo. Hay que arbitrar medidas urgentes para que las ayudas sociales lleguen a sus destinatarios de forma inmediata, con la previsión de que el otoño será más duro y hará falta aumentar los recursos.
El sistema de gestión del IMV diseñado por el ministerio que dirige José Luis Escrivá sobre el papel parece perfecto, pero a la hora de la verdad no es el más práctico. El propio ministro reconoce que son muchos los beneficiarios que no han presentado la documentación correcta. No es extraño que así haya sucedido. Solo hay que entrar en la página web creada para solicitar el IMV para comprobar que es de muy difícil comprensión y cumplimentación para el nivel cultural de muchos de los necesitados de ayuda. Haría falta un sistema más sencillo y ágil al alcance de todas las personas. Lo ideal, de cara al futuro, sería el establecimiento de una ventanilla única a través de las administraciones más cercanas, como son los servicios de asistencia social de los ayuntamientos, desde la que se pudieran gestionar y coordinar todas las ayudas sociales para los más vulnerables, tanto las que conceden los municipios como las de las autonomías y las de la Administración central. Eso facilitaría la atención a las personas y las familias más vulnerables y el control de los recursos para evitar fraudes. Pero poner en marcha ese sistema requiere un gran esfuerzo de colaboración institucional y de reorganización administrativa que por el momento nadie quiere afrontar.
El Gobierno ha empezado a activar medidas para acelerar la concesión de las prestaciones y ayudas sociales, aunque reconoce que hay que reforzar plantillas. Eso es algo que requiere tiempo, que es justo lo que no tienen los que necesitan ese dinero para comer. La alternativa pasa por simplificar de inmediato los mecanismos de tramitación y realizar los controles antifraude a posteriori.
Es urgente agilizar el pago del ingreso mínimo vital y del conjunto de ayudas
sociales colapsadas