La Corona, en manos del PSOE
“¡Y ahora me quieren echar de España!” Ese era el estado de ánimo del rey Juan Carlos I tres semanas antes de coger el avión que le llevó a Abu Dabi. Se lo dijo por teléfono a una persona de su confianza. Recupero este testimonio para recordar que de “exilio voluntario”, nada. De “plan de fuga” de la justicia, que dice Podemos, mucho menos. El llamado rey emérito se marchó de España porque lo obligaron a marcharse de España. La hipótesis de esa salida al extranjero era manejada por relevantes personas de la Casa Real y de la presidencia del Gobierno central por lo menos un mes antes de producirse y figuraba en las crónicas políticas.
Ver a Juan Carlos I expulsado de la Zarzuela, nuevamente repudiado por su hijo, era la humillación soñada por el republicanismo, a la vez que la necesidad de separar las figuras del emérito y el sucesor. Y fue en la práctica la expresión máxima del gran pacto entre la Corona y el Gobierno: sacrificar al restaurador de la monarquía para salvar a la propia institución y a quien la encarna en este momento.
¿Se consiguió ese objetivo? No es seguro. Cada vez más voces hablan de error. Cada vez se observan más indicios de sometimiento de la Corona a los condicionantes del Ejecutivo. Y resulta evidente que fue una equivocación tardar dos semanas en informar del paradero de don Juan Carlos, lo cual fue interpretado como falta de transparencia. Se abrieron nuevos interrogantes sobre la duración del “exilio” o sobre el pago del viaje, la seguridad y el presumiblemente altísimo coste de la estancia en los Emiratos. Y, sobre todo, se abrió el gran debate sobre la forma de gobierno, monarquía o república, que nadie sabe cómo terminará ni cómo condicionará la política de este país en medio de la tormenta perfecta de la revitalizada crisis sanitaria, la agobiante crisis económica y la no resuelta crisis territorial.
Ahora asistimos por primera vez a un claro alineamiento de los partidos políticos: a un lado, Podemos y los independentistas; al otro, los defensores de la Constitución, que son todavía una aplastante mayoría parlamentaria, pero no está claro que sean la mayoría social, sobre todo entre las nuevas generaciones. Y la coalición de gobierno, dividida y solo unida por el artificio de que una cosa es gobernar y otra la libertad de posicionamiento constitucional. El desarrollo de los acontecimientos ha dejado claro que, si no hubiese entendimiento entre Felipe VI y Pedro Sánchez, el sistema —el “régimen del 78”— habría entrado en quiebra. Si todavía no entró, es por ese entendimiento en la cúspide institucional.
De ahí el trascendente valor de las declaraciones del presidente y de la carta que envió a la militancia como secretario general del PSOE: este partido de alma republicana se convierte en defensor del Pacto Constitucional del 78 y, por tanto, de la monarquía como forma de gobierno. La otra lectura es que la Corona pasa a depender del Partido Socialista Obrero Español.
Si Felipe González legitimó la monarquía en 1982, a Pedro Sánchez —¡quién lo iba a decir!— quizá le corresponda garantizar su continuidad 38 años después. Y, si por exigencia de la coalición, por presión de las bases o por conveniencia electoral, el señor Sánchez cambiase de idea, asistiríamos al increíble espectáculo de un
¿Es creíble el señor Sánchez cuando se erige en defensor y garante de la monarquía y el pacto constitucional?
gobierno republicano en un sistema monárquico. Es decir, la antesala de un cataclismo, facilitado por la evidencia de que la jefatura del Estado no puede permitirse abrir un conflicto con el poder ejecutivo. Esa es, posiblemente, la grandeza del actual sistema, pero también la debilidad de la monarquía. Ni el señor Sánchez ni el más optimista de sus seguidores se atrevió a soñar con tan insólito poder: la Corona en sus manos.
A partir de esta sensación se abren infinidad de interrogantes. El primero podría ser este:¿es creíble el señor Sánchez cuando se erige en defensor y garante del pacto constitucional? ¿Es creíble un político que aseguró que jamás pactaría con Unidas Podemos, porque esa alianza le quitaba el sueño a él y a 47 millones de españoles, y a los pocos días formaba gobierno con quien había demonizado? ¿Hasta qué punto la defensa de la monarquía es compatible con su manual de supervivencia? ¿Puede confiar plenamente el Monarca en quien se escuda en el fácil argumento de que la jefatura del Estado y la del Gobierno son instituciones distintas?
La segunda incógnita es todavía más especulativa: el señor Sánchez, que nunca se distinguió públicamente por su fervor monárquico, sino más bien por su distancia, ¿ha descubierto en la nueva situación una oportunidad estratégica? Entiéndase como oportunidad estratégica el aprovechamiento de la crisis institucional para corregir la imagen de radicalismo ganada por sus pactos con Podemos, convertirse en adalid de la estabilidad, encabezar la resistencia al derrumbe del sistema y resituarse así en el centro del escenario político. Tratándose de Pedro Sánchez, nada se puede descartar.
Viendo el panorama general del país, tampoco sería extraño que estuviésemos asistiendo a una operación de largo alcance: que el edificio institucional volviese a descansar sobre sus dos grandes pilares (Partido Socialista y Partido Popular) que lo sostuvieron a lo largo de cuatro décadas. Pero esa operación de Estado, siendo tan ambiciosa, seguiría dependiendo de un gran condicionante: que el Partido Socialista, sus cuadros dirigentes, sus militantes y sus votantes acepten el juego, no sufran una nueva “podemización” y no sientan la atracción del abismo de un proceso constituyente. Ahí radica la trascendencia de esta singular, probablemente histórica, situación.