Insumisión escolar en la vuelta al cole
La campaña de padres que se niegan a llevar a sus hijos a las aulas gana adeptos
Si alguien planteara hoy un examen a la madres y padres con hijos en edad escolar sobre los interrogantes que plantea esta extraña vuelta a las aulas nadie aprobaría. Ni que estudiaran, pues la mayoría de preguntas que quitan hoy el sueño a estas familias no tienen en estos momentos respuesta.
Así que no debería de extrañar –perdidos en ese creciente mar de dudas por los continuos cambios de criterio de las autoridades educativas y sanitarias sobre la gestión de esta pandemia en las aulas– que cada día sean más las familias que se declaren abiertamente insumisas. Madres y padres que tienen ya decidido que no van a llevar a sus hijos a la escuela mientras no se asegure que esos centros son seguros..
Y si ese examen se centrara en la ascendente marea en la que navegan esos progenitores apuntados a esta corriente insumisa, se necesitaría más de un folio para plasmar los interrogantes planteados en esta particular cruzada. La primera pregunta sería: ¿Qué consecuencias tendrá para esas familias la negativa a escolarizar a sus hijos? La respuesta del sistema educativo es muy clara. “La educación es obligatoria entre los alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 16 años” y la escolarización presencial (eso lo defiende hasta la ONU) es un deber y a la vez un derecho pensado para acabar con las desigualdades.
Pero ¿qué respondería una de esas familias a esa misma pregunta tras pedir asesoramiento legal? La respuesta queda plasmada en las diversas plataformas y grupos extendidos por todo el territorio español que llaman a la insumisión escolar. Esas madres y padres defienden, a falta de una directriz concreta sobre una crisis sanitaria como la actual, que el derecho a la salud y vida del propio niño prevalece sobre el derecho a la educación.
Así que la segunda pregunta sería:. ¿Pueden quitar a unos padres la custodia o tutela de un hijo por negarse a escolarizarlo? En condiciones normales (antes de esta pandemía) un fiscal podía adoptar esa medida sin problemas por el bien del menor. Con el actual panorama, indican fuentes judiciales, llegar a ese extremo será más complicado, pues para que prospere uno de estos procesos se requiere que el absentismo sea prolongado y considerado como una afrenta directa y sin motivos justificados a la autoridad educativa. Aquí se plantea un tema que afecta a la salud por lo que los jueces, añaden estas mismas fuentes, no lo van a tener tan claro como antes si se les presenta ahora una causa sobre absentismo escolar. Y menos si esas familias prueban que las medidas de seguridad implantadas en el centro no garantizan una protección a contagios por la Covid-19. Ninguna escuela o instituto estaría en condiciones, en estos momentos, de asegurar que el riesgo de infección en sus instalaciones es cero.
La norma –olvidando el escenario excepcional creado por esta pandemia– establece que cuando las faltas a clase de un menor sin justificar superan el 20% del periodo lectivo, los centros tienen la obligación de intervenir e informar a las autoridades de esa ausencia. Y poca broma, pues ese abandono escolar propiciado por los progenitores puede acarrear para esos padres penas de cárcel.
Pero con la actual crisis sanitaria todo será mucho más difícil para los jueces, en caso de que lleguen a esos despachos judiciales causas relacionadas con esta pandemia. Habrá que instruir igual, apuntan esas fuentes, pero a la hora de tomar una decisión pesará y mucho el hecho de si el centro afectado puede o no garantizar que no haya contagios en sus aulas. Y es ahí donde se aferran estas familias insumisas en la defensa legal de su postura.
Este movimiento de insumisión escolar nació con mucha fuerza en Andalucía y ya pasan del medio millar las Ampas de esa comunidad que han decidido arrancar el curso con los niños en casa y seguir las clases a distancia como hicieron en el pico de la pandemia. Una de las voces muy escuchadas por esos padres y madres es una profesora tuitera (Maestra Enfurecida), impulsora de una petición en Change.org que suma ya más de 245.000 firmas (espera llegar al medio millón) para exigir “una vuelta al cole segura”.
Pero siguiendo con ese ficticio examen, muchas de esas familias se preguntan también cómo evaluarán los profesores a los alumnos que no vayan a clase o si los centros se preocuparán de aquellos alumnos que se queden en casa.
Las paradojas –y ahí tienen razón estas familias insumisas– son muchas. “¿Cómo se puede considerar seguro encerrar en una misma aula de cuarenta metros cuadrados a treinta alumnos y al mismo tiempo estar prohibidas las reuniones de más de diez personas en espacios públicos como privados?”, se preguntan en esos foros.
Para valorar el alcance del éxito de esta campaña habrá que esperar a que arranque el curso.
QUÉ DICE LA LEY
La escolarización es obligatoria, pero todo cambia si el centro no certifica que es seguro
LA PARADOJA
“Se pueden encerrar a 30 alumnos en una clase y se prohíben reuniones de más de 10 personas”