José Manuel Villarejo
Excomisario
Las operaciones al margen de la ley y con trasfondo político del excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, con el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz han dejado una retahíla de causas judiciales.
El Ministerio del Interior del periodo de Jorge Fernández Díaz (2011-2016) incubó un núcleo de policías que dispuso de carta blanca para toda clase de operaciones al margen de la ley y de los controles de un Estado democrático. Espió a políticos rivales, a disidentes del PP, a políticos catalanes y a independentistas. Incluso elaboró dossiers para manipular a la justicia y la opinión pública y hasta llegó a grabar conversaciones del propio ministro.
2012 Un comando patriótico que empezó en Catalunya
El gobierno de Mariano Rajoy ordenó operaciones “parapoliciales” por intereses partidistas y personales. Durante los siete años que permaneció en el poder, se diseñó una policía patriótica para intentar frenar el independentismo catalán y a sus adversarios políticos, además de montar operativos para torpedear las investigaciones policiales y judiciales sobre la corrupción del PP. También hubo maniobras de chantaje. En la cabeza de todos estos entramados se encontraba el Ministerio del Interior, en ese momento dirigido por el catalán Jorge Fernández Díaz.
Para lograr sus objetivos contó con un grupo de policías comandados por el comisario Eugenio Pino. Desde la cúpula policial se idearon diversos operativos para perjudicar a sus enemigos. El objetivo era lograr información para después abrir investigaciones de manera oficial o directamente filtrarla a los medios de comunicación, donde se publicaba sin contraste alguno. Tal y como se puede reconstruir de diversos documentos que han aparecido en causas judiciales, el que fuera director adjunto operativo se rodeó de personas de su confianza para organizar las maniobras clandestinas. José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano o José Angel Fuentes Gago harían trabajos específicos saltándose la estructura policial y usurpando las funciones de otras unidades. El modus operandi (al menos, el de Villarejo por lo que se sabe hasta ahora) era llevar a cabo estos trabajos de fontanería que por una lado le blindaba en su trabajo, le reportaba beneficios económicos –en parte de fondos reservados– y le garantizaba actuar impunemente en otros negocios.
Rajoy llegó al gobierno en diciembre del 2011 y meses después se empezó a preparar la llamada operación Catalunya. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, había endurecido su discurso independentista, y desde el Ejecutivo central se tomó la determinación de frenar aquella deriva de cualquier forma. Desde Interior se ideó una estrategia para debilitar a los dirigentes independentistas a través de investigaciones, principalmente por corrupción. El primer objetivo fue el expresidente catalán, Jordi Pujol, y su familia. Se trataba de buscar testimonios de personas que tuvieran conocimiento de la corrupción catalana. Villarejo logró captar a la novia del hijo mayor del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, quien aseguró haberle visto trasladar grandes cantidades de dinero en el coche hasta Andorra.
En paralelo, algún miembro de este grupo, y que la justicia no ha podido determinar, obtuvo de manera ilegal una serie de datos personales, familiares y profesionales de Jordi Pujol Ferrusola, documentos todos guardados en el conocido como“pendrive de los Pujol”. La intención era poder trasladar de alguna manera esa información a un juzgado para utilizarlo contra el hijo mayor del expresidente, aunque su plan no funcionó porque el juez José de la Mata les descubrió.
Después vino el famoso “informe fantasma” con supuestas cuentas de Mas en Suiza. El documento iba con el membrete de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, aunque su máximo responsable no tardó en desmentir su origen. Alguien había utilizado el nombre de la unidad para blanquearlo y darle tintes de legalidad. Más tarde llegó la cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Union de Banques Suisses (UBS) en la que se habrían transferido fondos desde Andorra y que el propio banco desmintió.
En el 2014 salió a la luz la existencia de este grupo “parapolicial”. Se desconoce si en años posteriores siguieron actuando en Catalunya. Sin embargo, una nueva revelación conocida a raíz del caso Villarejo ha descubierto la intención por parte del gobierno de “volver a montar el tema catalán” en el 2017. El encargo iba a ser para uno de los comisarios del grupo, García Castaño, tal y como este mismo aseguró en una conversación.
2013-2014 Una operación para acabar con el enemigo número 1 del PP
El año 2013 arrancaba con una bomba de relojería. Suiza acababa de enviar una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional que certificaba que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ocultaba 22 millones de euros, una cantidad que pronto ascendió hasta los 48 millones. El PP intentó atajar la crisis despidiéndole y dándole un portazo en la cara sin calibrar las consecuencias que aquello tendría. Pronto salieron a la luz los llamados papeles de Bárcenas, la caja b del Partido Popular durante varias décadas. El gobierno volvió a hacer uso de este grupúsculo, cuyos miembros en su gran mayoría están ya jubilados y muy denostados por el cuerpo policial, que siente un absoluto rechazo a este tipo de actuaciones. De hecho, es la propia unidad de asuntos internos de la Policía la que ha investigado y sacado a la luz este escándalo.
El objetivo de la operación Kitchen no era otro que robar a Bárcenas documentos y grabaciones que afectan a dirigentes del PP, en especial a Mariano Rajoy, María Dolores
de Cospedal y a Javier Arenas, entre otros. Pretendían por un lado lograr que esa información no llegara a la Audiencia Nacional, que investigaba la trama Gürtel, así como la caja b del partido y por otro lado utilizarlo como un “arma para negociar” con Bárcenas. En plena operación Kitchen, el juez envió al extesorero, en junio del 2013, a prisión preventiva por los fondos en Suiza. El PP pretendía asegurarse su silencio y que no desvelara a la Justicia las irregularidades del PP. Por ahora en este asunto se encuentran investigados tanto la cúpula policial de aquel entonces como el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, aunque el juez tiene encima de la mesa la citación del exministro Jorge Fernández Díaz.
Los ex altos mandos policiales que se encargaron de ejecutar el plan se guardaron un as en la manga. Se hicieron con una copia de todo lo robado a Bárcenas y las órdenes recibidas para “chantajear” a quien hiciera falta si alguna vez se veían en apuros. En el caso de Villarejo era un arma perfecta para seguir realizando trabajos privados e ilegales, ahora bajo la lupa judicial, con plena impunidad.
Utilizar este tipo de atajo salió caro a más de uno. De ahí que en medio de este torbellino Fernández Díaz sufriera una grabación ilegal en su despacho del ministerio en el 2014 mientras mantenía una reunión con el entones jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, sobre operaciones a dirigentes independentistas. Ese material estaba guardado y no fue hasta que se inició una guerra interna dentro de la Policía e Interior cuando alguien decidió utilizarla como método de presión. Los investigadores del caso Villarejo tienen indicios que apuntan a uno de los comisarios investigados como la persona que hizo llegar ese material al diario Público. Había estallado la guerra.
2015-2016 Informe PISA para liquidar a Podemos y Pablo Iglesias
Asuntos internos comenzó a investigar la vinculación de Villarejo con el pequeño Nicolás a raíz de la detención del joven en octubre del 2014. Aquello provocó un tsunami en el que acabaron salpicados desde Francisco Martínez hasta Eugenio Pino. Villarejo pedía la cabeza del comisario de la unidad que investiga las irregularidades de los miembros de su cuerpo, Marcelino Martín Blas, que había descubierto una maraña de empresas de este que acumulaban varios millones de euros a pesar de su condición de funcionario. Villarejo pidió protección y tenía mucho material para advertir de las consecuencias que podía haber si tiraba de la manta. Martín Blas fue destituido, al igual que Jaime Barrado, el comisario que le investigó por presuntamente apuñalar a la dermatóloga Elisa Pinto como un encargo de exconsejero delegado de OHL.
Mientras tanto, el grupo vinculado a Pino hacía otro encargo, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento firmado en noviembre del 2015 que pretendía acreditar una supuesta financiación ilegal del partido morado por los regímenes venezolano e iraní. Sus autores e ideólogos planificaron dos vías para dañar al partido de Iglesias, en pleno auge. Por un lado, se filtró el informe a través de varios medios de comunicación. De esta manera se blanqueaba su contenido y así se podía acudir a la justicia. Sin embargo, a pesar del revuelo mediático, ni la Fiscalía, ni la Audiencia Nacional quisieron entrar a investigar aquello al considerar que no existía ninguna base real. El segundo intento se hizo a través del sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernad, está siendo en la actualidad enjuiciado por formar parte de una organización dedicada a chantajear. Éste se hizo con el informe PISA y elaboró una querella que presentó en el Tribunal Supremo y que recibió un portazo como respuesta.
Después de esta última operación parapolicial se recrudeció la guerra interna en Interior. Los tejemanejes de Villarejo cada vez se hacían más evidentes, la presión se hacía insostenible cuando saltaron los audios de Fernández Díaz grabados dos años antes, un modus operandi propio de la actuación de las cloacas del Estado. Después de la famosa frase de “esto la Fiscalía te lo afina” su permanencia al frente del Ministerio del Interior se hizo insostenible. A finales del 2016 fue sustituido por Juan Ignacio Zoido, ante la sorpresa de Francisco Martínez, que se veía como sucesor natural al ser el número dos. El nuevo titular, que llegaba bajo el paraguas de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, prometió hacer una limpia y acabar con la guerra policial. Aquello supuso el cese de varios mandos, entre ellos el de Enrique García Castaño, alias el Gordo, investigado ahora como socio de Villarejo y la persona que asumió la parte operativa de Kitchen. De hecho, estos dos mandos policiales hablaron tras su cese de utilizar la operación para el robo a Bárcenas para chantajear al Gobierno. “El asturiano [en referencia a Mariano Rajoy], me podrá meter en el maco, pero le busco una avería que se caga”, decían en una conversación.
Fernández Díaz y Martínez fueron apartados y dados de lado sin contar con que algún día aquello se les podría poner en contra. Ahora está en sus manos desvelar quién dio la orden de la operación Kitchen. Tal y como consta en una serie de conversaciones intervenidas, Martínez ya ha advertido que él no va a asumir esa responsabilidad. Apuntará hacia arriba. En el caso de Fernández Díaz está por ver. Por ahora ha decidido negar su participación en los hechos y callar. Tiene pendiente que el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Manuel García Castellón, decida si lo investiga tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. En los próximos días habrá una decisión y entonces se verá la próxima jugada de esta partida.
Mandos policiales que participaron en Kitchen se quedaron con pruebas para chantajear al gobierno