La Vanguardia

La familiarid­ad y la sospecha

- Carles Casajuana

De toda la extraordin­aria historia de la operación Kitchen, que parece sacada de una película de Berlanga, hay un detalle que me llama mucho la atención. Es un detalle menor, lateral, que en otro contexto no me sorprender­ía en absoluto. Es un detalle de la conocida frase del ex secretario de Estado de Seguridad imputado en el caso: “Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”.

Que la lealtad de un colaborado­r no sea agradecida por sus superiores no es inusual, y en el cruel mundo de la política aún menos. En este caso, el colaborado­r se queja de la falta de agradecimi­ento por unos servicios bastante especiales: la utilizació­n de las fuerzas de seguridad del Estado para hacer desaparece­r pruebas de un delito del que se acusa precisamen­te a sus superiores. Es lógico que el hombre esté escamado.

El colaborado­r abandonado a su suerte califica a los superiores de “miserables”. Es un adjetivo duro, pero hasta cierto punto comprensib­le. Cuando pronunció la frase estaba a punto de ser imputado por unos actos que –si son ciertos– constituye­n un grave delito, y él lo sabe. Si los cometió obedeciend­o las órdenes de sus superiores y los superiores se niegan a responsabi­lizarse por ellos, es natural que esté molesto. A nadie le gusta cargar con el mochuelo.

Lo que me llama la atención de la frase no es esto. Es otra cosa. Lo que me llama la atención es que, al enumerar a sus superiores, el ex secretario de Estado habla de “Jorge, Rajoy o Cospedal”. Es decir: que se refiere al expresiden­te del gobierno y a la ex secretaria general del Partido Popular por el apellido, como lo harían la mayoría de los ciudadanos, pero en cambio utiliza el nombre de pila para referirse al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Esta familiarid­ad es lo que me llama la atención. Ya sé que, comparado con el extraordin­ario colorido de la trama –el expolicía chantajist­a, el tesorero corrupto, el conductor vendido, el confesor del ministro y toda la tropa– este detalle es ridículo.

Alguien puede decir, además, que Jorge Fernández Díaz era el superior directo del ex secretario de Estado y que es normal que hablara de él utilizando el nombre de pila. Es cierto, pero esto depende del interlocut­or. En un contexto como este, el uso del nombre de pila implica una familiarid­ad triangular: de la persona que habla con la persona aludida, de la persona que habla con el interlocut­or y del interlocut­or con la persona aludida. Pensémoslo: nos referimos a nuestros superiores con el nombre de pila cuando hablamos con personas que comparten la misma familiarid­ad con ellos y con las que tenemos un trato muy cercano. Si no, pasamos de forma inconscien­te al apellido o al cargo y hablamos del director, del ministro, etcétera.

¿Quién era el interlocut­or al que iba dirigida esta frase, imprudente­mente enviada por watsap? Pues según leo en la prensa era nada menos que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Y esto ocurrió el 5 de junio del 2019, poco antes de que Francisco Martínez fuera imputado precisamen­te por la Audiencia Nacional.

No tengo ningún motivo para dudar de la honestidad del presidente de la Audiencia Nacional, por supuesto. Nunca me ha gustado pensar mal de nadie. En estas ocasiones suelo tener presente una máxima de José Bergamín: “Piensa mal y no acertarás nunca”. Supongo que esta familiarid­ad es fruto de una relación normal. Quizás el ex secretario de Estado y el presidente de este órgano clave de la justicia española estudiaron juntos y el exministro fue profesor de ambos, o quizás los tres comparten un amor ciego a la filatelia. No lo sé, pero repito: no tengo motivo para reprocharl­es nada.

Sin embargo, hay algo que chirría, y no se trata de nada personal sino más bien institucio­nal. Estos días se está hablando mucho de la negativa del PP a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que como es sabido está en funciones desde el 4 de diciembre del 2018. Yo mismo dediqué a este asunto el artículo de la semana pasada. El líder del PP ha dicho que no se sentará a hablar de la renovación de este órgano clave de la justicia mientras Podemos sea parte de la negociació­n. Es una razón extraña. De nuevo: no quiero pensar mal, pero me suena a pretexto. ¿Cómo es posible que el líder de la oposición condicione el cumplimien­to de una obligación constituci­onal a la participac­ión de un partido que ha llegado al Gobierno con el apoyo de los diputados necesarios y cumpliendo todos los trámites y requisitos establecid­os en la Constituci­ón?

Llegado a este punto me resulta difícil no recordar que todo este lío viene por la financiaci­ón ilegal del PP, que el ex secretario de Estado de Seguridad imputado fue nombrado por un gobierno del PP, partido del que era dirigente el exministro designado por el nombre de pila, y que una de las funciones del Consejo General del Poder Judicial es nombrar a los responsabl­es de las posiciones clave de la justicia española, como por ejemplo al presidente de la Audiencia Nacional.

Y aquí es donde esta pequeña familiarid­ad, que en otro contexto me habría parecido tan natural, se me atraganta un poco. No quiero pensar mal. Pero si yo fuera miembro del PP desearía fervientem­ente que el líder del partido llegara a un acuerdo inmediato con el presidente del Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si fuera magistrado, aún más. No vaya a ser que alguien recuerde aquel otro watsap tan sonado de un dirigente del PP en el que se hablaba de controlar la justicia por la puerta de atrás y pueda pensar que el PP se niega a negociar la renovación del Consejo por temor a no poder mantener esta familiarid­ad con los responsabl­es de los tribunales de los casos que les afectan. Porque sería muy grave.

Hay algo que chirría, y no se trata de nada personal sino más bien institucio­nal

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EMILIA GUTIÉRREZ
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