Un ciego que no quiere ver
Hoy hace una semana que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habló en una entrevista en Betevé sobre las ocupaciones ilegales y el gran incremento de denuncias que han situado Catalunya en el triste liderazgo okupa de España. Colau restó importancia al asunto, negó que hubiera un incremento de este fenómeno en Barcelona y atribuyó la actualidad del alarmante asunto a la exageración de los medios de comunicación. Y es que se está promoviendo entre las redes sociales de los comunes la existencia de una supuesta campaña del miedo contra la ocupación, como si los miles de afectados que han presentado denuncia este año fueran una burda invención.
La negación de Colau al incremento de la ocupación sobrevivió muy poco. Cuatro días después de la entrevista, los propios datos del Ayuntamiento desmintieron a Colau. Julio y agosto han sido fabulosos para la industria okupa en Barcelona, donde los ciudadanos han presentado un 41% más de denuncias por este tema. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque difícilmente un responsable político resolverá un problema si niega su existencia.
No obstante, nada de esto es nuevo. La condescendencia de los comunes con la ocupación viene de lejos. En la primera legislatura al frente del Consistorio barcelonés, su discurso político casi animaba a la ocupación e incluso, en algunos casos, la subvencionó por la vía de la cesión de locales
La industria okupa crece de forma alarmante en Barcelona gracias a la condescendencia política con este problema
o del pago con dinero público de los suministros básicos de las fincas ocupadas. En este contexto, no es extraño que Barcelona se haya convertido en okupa friendly, cosa que ha impulsado la expansión de una auténtica industria de la ocupación donde se enriquecen extorsionadores de incautos propietarios, empresas que se dedican a la desocupación inamistosa, bandas que realquilan viviendas ocupadas a familias sin recursos con falsos contratos, especialistas en pinchar líneas eléctricas o de agua, empresas de seguridad y un largo etcétera. Todo ello ha florecido gracias también a la incapacidad supina de usar instrumentos legales vigentes para evitar la usurpación.
La actitud ante la ocupación ha sido similar a la que hubo con los manteros. Y esto pasa porque se quiere confundir el delito con la necesidad social. La administración pública no puede dar cobertura delictiva amparándose en la necesidad de resolver la exclusión social. Si hay gente necesitada, los gobiernos deben ofrecer recursos (¿dónde están los miles de pisos sociales prometidos?), pero nunca deben animar a que delincan porque esto abre la puerta del caos si todos seguimos el mismo camino.
Afortunadamente no toda la izquierda lo ve así, y los socios de los comunes tanto en el Ayuntamiento como en la Moncloa empiezan a mover ficha en serio para atajar este grave problema que cada día interpela a más gente. Los dos últimos en reaccionar han sido el Col·legi d’advocats de Barcelona y la Fiscal General del Estado. Solo falta que ahora digan que la decana de los abogados y la fiscal general también se han apuntado a esa ficticia campaña del miedo.