Trump acelera el relevo en el Supremo por si hay pleito por la presidencia
Trump mueve ficha en el Supremo, posible árbitro final de las presidenciales
El presidente de Estados Unidos Unidos, Donald Trump, aceleró anoche el relevo en el Tribunal Supremo tras la muerte de la juez Ginsburg y propuso a la conservadora Amy Coney Barrett (foto) para ocupar la vacante. Trump busca garantizar la mayoría conservadora en el tribunal antes de las elecciones y tener ventaja si el resultado electoral se impugna ante la justicia.
El lío de las papeletas con forma de mariposa que enredaron las elecciones del 2000 en Florida podría quedarse en un juego de niños en comparación con la lista de litigios que se anuncia con las presidenciales de este año. En un escenario de resultado muy apretado, las acusaciones de fraude masivo contra el voto por correo lanzadas por el presidente Donald Trump pueden convertir una vez más al Tribunal Supremo en su árbitro final.
Trump, que esta semana rehusó comprometerse a una transición pacífica si es declarado perdedor, movió ficha ayer para asegurarse de que en sus bancos se sienta una sólida mayoría de jueces conservadores. Solo ocho días después de la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg, miembro del ya minoritario sector progresista de la Corte, antes incluso de su entierro, el presidente presentó anoche a su candidata a relevarla, la magistrada conservadora Amy Coney Barrett. “Amy es no solo una académica y profesora estelar sino una devota madre de familia”, destacó Trump.
Su oposición al aborto y sus sólidas convicciones conservadoras en temas como las armas o la inmigración llevaron a Trump a entrevistarla ya en el 2018, cuando eligió a su segundo candidato al Supremo. Con la llegada de Barrett, la institución tendrá seis magistrados de orientación conservadora y solo tres progresistas, lo que hará más difícil que el presidente de la Corte, el juez John Roberts, siga ejerciendo el papel de bisagra que ha desempeñado estos dos años para evitar veredictos demasiado tajantes y escorados a la derecha.
Los republicanos se han tragado sus palabras del año 2016, cuando bloquearon el relevo de un juez del Supremo alegando que no cabía tomar semejante decisión en año electoral, y preparan lo que promete ser uno de los procesos de confirmación más rápidos de la historia. Los conservadores ocupan 53 de los 100 escaños del Senado y en principio solo tienen dos votos en contra, los de dos senadoras que preferirían esperar a después de las elecciones.
Además, hace solo tres años que Barret pasó el examen del Senado para ser nombrada juez federal de la Corte de Apelaciones, un factor que debería acelerar el procedimiento pues su perfil ya ha sido escrutado recientemente. En aquella audiencia, tras debatir sobre el peso de las creencias religiosas en su trabajo como juez, la senadora demóchas crata Dianne Feinstein concluyó que “el dogma habita profundamente” en Barret, contra la que votó. Resignados a su suerte, los demócratas intentan ahora utilizar el nombramiento para movilizar a sus bases. La recaudación se ha disparado, en especial en las campañas por el Senado, Cámara que ansían recuperar en noviembre tras diez años bajo control republicano.
Los sectores más progresistas del partido están presionando al candidato presidencial, Joe Biden, para llevar a cabo una reforma judicial a fondo y apoyar el fin de la regla de la supermayoría que se aplica en mudecisiones de la Cámara Alta en respuesta a las últimas acciones de los republicanos. Biden se resiste y se aferra a su mensaje de calma, lo que cree que realmente el país está pidiendo después de cuatro años de sacudidas continuas durante la presidencia de Donald Trump.
La última, su negativa a comprometerse con una transferencia del poder pacífica si es declarado perdedor de las elecciones. “Acabad con esas papeletas [del voto por correo] y tendremos una transición muy pacífica. Pero no va a haber transición. Lo que va a haber, francamente, es una continuación”, afirma Trump, que dice no tener confianza en que las elecciones vayan a ser “honestas” y acusa a los demócratas de querer robarlas.
Estas son ya unas elecciones con aroma a litigio. Los recursos de los republicanos contra las facilidades ofrecidas en algunos estados con motivo de la pandemia para poder votar por correo o por adelantado (no es necesario poner una excusa para pedirlo y, en unos pocos casos, los votantes registrados reciben las papeletas por defecto) están ya en los tribunales y podrían llevar a la anulación de miles de votos. Las encuestas indican que la mayor parte de las personas que prevén votar por esta vía son demócratas.
“Muchos de estos litigios afectan a los márgenes del sistema, pero dado que en muchos estados el resultado puede ser muy apretado, podría ser suficiente para alterar el resultado, incluso si solo consiguen invalidar un 1% o un 2% del voto”, por ejemplo en Carolina del Norte o en Pensilvania, afirma David Lublin, profesor de American University y experto en elecciones.
Como todos los especialistas en la materia, Lublin discrepa profundamente de los ataques contra la fiabilidad de las elecciones, pese a que puntualmente se descubran errores o irregularidades. “Nuestro sistema electoral goza de un alto nivel de integridad. No digo que no se pueda mejorar, pero si algo ha hecho Donald Trump y su partido es poner obstáculos a esos esfuerzos”, sostiene. La base de datos de The
AMY CONEY BARRETT
La elegida de Trump para el Supremo es una juez conservadora y antiabortista
PAPELETAS EN EL AIRE
Los republicanos han recurrido las facilidades al voto por correo en varios estados
Heritage Foundation, una influyente institución conservadora, ha detectado 204 casos de fraude en el voto por correo, resultantes en 143 condenas, desde el año 2000, lo que representa el 0,00006% de todas las papeletas emitidas o un caso por estado cada siete años, recordaba esta semana la cadena pública PBS.
“Irónicamente, el último gran caso de fraude electoral verificado” tuvo como protagonista al Partido Republicano de Carolina del Norte el año pasado, un caso tan relevante que llevó a la anulación de una elección especial al Congreso, recuerda el profesor en conversación con este diario. “Los republicanos están más interesados en inventar problemas y usarlos como excusa para limitar el derecho de voto que en resolverlos. Como profesor, intento no caer en ningún partidismo, pero creo que en este tema hay que ser muy claro”, concluye Lublin.
El FBI ha tratado de calmar las aguas esta semana. Ni hay indicios de que haya ocurrido en el pasado ni se ha detectado ninguna irregularidad significativa este año. “Históricamente no hemos visto ningún intento nacional coordinado de fraude electoral, ni por correo ni por otros medios”, asegura su director, Christopher Gray. “Los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de voto y la infraestructura electoral”, afirmó esta semana en el Capitolio. La Casa Blanca acusó al FBI de incompetente.
Trump ha presentado como una prueba del fraude masivo el hallazgo de nueve papeletas en una papelera de una oficina electoral del condado de Luzerne (Pensilvania) en lo que la Fiscalía de Pensilvania considera en principio un error administrativo de un trabajador externo, que fue despedido de inmediato. Violando las normas, el fiscal general de EE.UU., William Barr, ha hecho públicos varios elementos, por ejemplo el hecho de que siete de ellas incluían votos para Trump. Las papeletas procedían de militares destinados en el extranjero. De acuerdo con el fiscal general de Pensilvania, David Freed, los sobres de la petición del voto son similares a los de las papeletas en sí y el empleado los abrió “pensando estar cumpliendo con el protocolo para no dejarse ninguna demanda sin atender”. No hay indicios de que el problema sea más amplio, pero la investigación sigue abierta.
Las normas, a menudo enrevesadas, sobre cómo deben marcarse los candidatos o enviarse las papeletas es un factor añadido de preocupación y un terreno fértil a las disputas judiciales, de ahí el potencial papel de árbitro que puede tener el Tribunal Supremo. Con el nombramiento de Barrett, Trump confía en asegurarse un dictamen positivo a sus reivindicaciones.