El Gobierno de coalición y el Poder Judicial exhiben su choque frontal
La polémica en torno al Rey y el bloqueo del CGPJ conforman el eje del conflicto
La erosión de la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial es cada vez más palpable. Las polémicas palabras del vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, contra resoluciones judiciales, el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y la última decisión del equipo de Pedro Sánchez de no autorizar la visita del rey Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona han sido el cóctel perfecto para que las relaciones entre dos poderes del Estado hayan saltado por los aires.
Hasta que arrancó el año 2020, con el nuevo Gobierno de Sánchez, las relaciones institucionales se habían mantenido de puertas para fuera dentro de la cordialidad. Los cargos de cualquier ejecutivo respetaban públicamente a las decisiones judiciales. Desde el órgano de los jueces se mantenía una postura neutral y dentro del marco del respeto a las decisiones ejecutivas. Pero la situación se ha volatilizado, sobre todo desde enero de este año. El primero que tensó la cuerda fue Iglesias, con diversas intervenciones públicas críticas con las resoluciones judiciales. Tras su primer Consejo de Ministros, el líder de Unidas Podemos espetó que los tribunales europeos habían humillado a los españoles en el procés y pidió que no se use políticamente la justicia. Sus palabras tuvieron una reacción institucional del órgano que regula los jueces y que preside Carlos Lesmes, quien pidió “moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional”.
Varias han sido las intervenciones de Iglesias que han llevado al CGPJ a emitir comunicados para recordar la separación de poderes y la imparcialidad de los jueces. A esto se añadió el informe preceptivo que debe elaborar el consejo sobre el nombramiento de la fiscal general, que levantó un gran malestar en la carrera judicial. Delgado había sido ministra de Justicia en el Gobierno anterior de Sánchez y este la propuso para fiscal general, saltando de un cargo al otro directamente. Aquello se vio como un intento de injerencia política. Era la primera vez que el órgano de los jueces emitía un informe en el que optó por silenciar la idoneidad de Delgado para limitarse a decir que cumplía con los requisitos legales. Hasta siete vocales emitieron un voto particular por considerarla “no idónea” para desempeñar el cargo. Aquellos que vieron en Delgado un tinte político creen que la prueba es el informe elaborado por la Fiscalía que defiende la gestión “diligente” del Gobierno por la pandemia.
Lo ocurrido esta semana a raíz de la decisión del Gobierno de no autorizar la presencia del Rey en Barcelona
ha puesto negro sobre blanco la tensión existente. Lesmes desveló este viernes una llamada personal del Rey en la que este le dijo que le hubiese gustado estar en el acto. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo aprovechó su discurso en el acto para mostrar su pesar por aquella decisión. Miembros del propio órgano desconfían de la versión del Ejecutivo de impedir la presencia de Felipe VI por motivos de seguridad a causa de la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el presidente de la Generalitat Quim Torra. Estas fuentes aseguran que la seguridad estaba garantizada, que desde el consejo se avisó de que no existían riesgos incontrolados y, aun así, desecharon la oferta, por lo que creen que hay otros motivos más “espurios”.
En este contexto, varios miembros del Ejecutivo, como Iglesias y Alberto Garzón, cargaron las tintas contra Lesmes y contra la monarquía por “maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido” tras conocer la llamada del Monarca. Y todo esto sucede en un momento en el que el propio CGPJ está cada vez más debilitado tras sus dos años de interinidad porque los principales partidos políticos no llegan a un consenso para renovar a los vocales y al presidente. Lesmes ha advertido públicamente del daño que provoca a las instituciones el bloqueo para la renovación del órgano que regula a los jueces. Y mientras se espera a que el PSOE y PP logren un consenso, la imagen del consejo aparece cada vez más dañada.
El principal objetivo de las críticas son los nombramientos que se deben realizar para cubrir plazas de gran relevancia. Tras el bloqueo para la renovación, los vocales optaron por frenar los nombramientos que quedaban pendientes, algunos de gran calado. Sin embargo, tras conocer que las últimas negociaciones entre las dos formaciones habían sido rotas por el PP, el CGPJ ha reactivado los nombramientos, en una decisión muy polémica. Un sector cree que Lesmes quiere aprovechar para designar en puestos clave a personas próximas a él. Otro sector defiende que, mientras no se renueve, el órgano sigue funcionando con plenas capacidades y no pueden quedar vacantes necesarias de cubrir por un problema que es ajeno al propio consejo, como son las negociaciones políticas. Y otro sector plantea incluso que todos los vocales presenten su dimisión en bloque para forzar una renovación.
Por ahora, van a seguir adelante los nombramientos. Fuentes del órgano sostienen que en el pleno del próximo día 30, Lesmes tiene previsto a priori llevar las tres plazas para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin cubrir desde hace casi un año tras la jubilación de tres magistrados. Entre los favoritos se encuentra un juez de corte conservador, Ángel Hurtado, quien fue el responsable de elaborar el voto particular
SECTORES DEL CGPJ
No creen la versión del Gobierno sobre la falta de seguridad en la visita del Rey a Barcelona
NOMBRAMIENTOS
Lesmes reactiva la elección de tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo
en la sentencia del caso Gürtel al considerar que no se debía condenar al PP como partícipe a título lucrativo. El otro magistrado que suena para ser designado es Javier Hernández, proveniente de la Audiencia Provincial de Tarragona, y apoyado por los progresistas. Para que salgan adelante se necesitan obligatoriamente acuerdos entre ambos sectores porque se exige una mayoría reforzada de 13 votos y los conservadores cuentan con 11. “Está pensado para lograr grandes consensos y que se vean reflejadas todas las sensibilidades”, explican desde el CGPJ. Quedaría por negociar el tercer nombre para la Sala de lo Penal y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo Militar del Tribunal Supremo, cuyos nombramientos ya podrían salir adelante esta semana.