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“Es una humillació­n para el Estado español que jueces europeos le quiten la razón a jueces españoles”. Con esta frase se entrenó Pablo Iglesias como vicepresid­ente del Gobierno en enero del 2020, en una entrevista en la que defendió que Catalunya pueda celebrar un referéndum de autodeterm­inación y reclamó una oportunida­d a la “desjudicia­lización del conflicto en Catalunya”. No habían pasado ni tres meses desde que el Tribunal Supremo había dictado la sentencia contra los líderes del procés por un delito de sedición. El CGPJ reaccionó y reclamó al Ejecutivo que dejara al margen el uso político de la justicia o el cuestionam­iento de la independen­cia, la imparciali­dad y la profesiona­lidad de los jueces. Cuatro meses después, Iglesias repitió: “Mucha gente en este país piensa que no siempre la justicia es igual para todos”. Y el Consejo volvió a responder: “No menoscaben la imagen de quienes día a día velan por sus derechos”.

“Supone un serio impediment­o para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparciali­dad”. Con esta frase, siete vocales del CGPJ hacían un gesto inédito: oponerse al nombramien­to de Dolores Delgado como fiscal general. La decisión de Pedro Sánchez de elegir a su ministra de Justicia para ese cargo provocó un gran malestar tanto en el órgano de los jueces como en parte de la carrera judicial y fiscal, al verlo como una “injerencia política”.

“El retraso en la renovación del CGPJ representa una seria anomalía”. Estas palabras fueron pronunciad­as por Carlos Lesmes en la apertura del año judicial, tanto del 2019 como del 2020. Dos años de retraso para que los principale­s partidos se pongan de acuerdo en el nombramien­to de 20 vocales. “Si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces”, ha reiterado en varias ocasiones.

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