El CGPJ y la justicia, bajo sospecha
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocó para el próximo miércoles un pleno en el que, según todas las previsiones, debatirá y votará diversos nombramientos de la cúpula judicial. Entre ellos, tres magistrados, en principio vitalicios, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la responsable última de, por ejemplo, las causas relativas a la corrupción política que, lamentablemente, han tenido un papel central en la escena española de los últimos años.
Si el CGPJ procede a estos nombramientos, lo hará, como ya hizo en anteriores ocasiones, con el mandato caducado: lo está desde hace casi dos años, concretamente desde diciembre del 2018. Al decir de Carlos Lesmes, que fue alto cargo de los gobiernos de José María Aznar y ahora es presidente del CGPJ, estos nombramientos deben producirse “con normalidad”, puesto que hacer lo contrario equivaldría a incumplir “la norma fundamental”.
No podemos estar incondicionalmente de acuerdo con esta apreciación. Porque no debería revestir normalidad la no renovación del CGPJ y, por extensión, el nombramiento de magistrados en esta tesitura. Y porque si la principal preocupación de Lesmes fuera en todo momento el cumplimiento de la norma fundamental, acaso no permitiría ni siquiera tácitamente que se contraviniera.
No es ocioso insistir en que, siguiendo el ordenamiento legal, el CGPJ debería haberse renovado hace ya casi dos años. Que si no se ha renovado es, entre otras razones, porque el Partido Popular se obstina en obstaculizar tal renovación, alegando que no la permitirá mientras el actual Gobierno mantenga su formación (pese a que este argumento incurra más en el ámbito de la brega política que en el del fundamento legal). Tampoco es ocioso recordar que el CGPJ en funciones no refleja la actual composición de las Cortes Generales, tal y como marca la legislación vigente, sino la de la época en que era presidente del gobierno el popular Mariano Rajoy, lo cual es a todas luces irregular. Así las cosas, el móvil político de esta no renovación puede parecer algo más que una hipótesis. Más aún si reparamos en que el pleno del CGPJ votó en julio sacar del orden del día las votaciones que se verán el próximo miércoles, puesto que entonces había negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación de dicho órgano, y que solo se decidió a retomarlas después de que el PP explicitara, semanas atrás, su decisión de no seguir negociando.
El daño que se está produciendo a la justicia con estos juegos de intereses partidistas, que afectan a su funcionamiento, y con el descrédito que generan es tremendo. La responsabilidad de dicho daño es, en distinto grado, de los partidos mayoritarios. Es del PSOE y del PP porque no logran ponerse de acuerdo. Lo es, aún más, del PP porque hace todo lo posible para impedirlo. Y lo es también del alto órgano judicial, puesto que sus miembros aceptan la situación y, así, se hacen corresponsables pasivos de ella. La mera sospecha de que alguno de sus miembros actúa de modo interesado es un desdoro para la institución y una ofensa a la ciudadanía.
El uso partidista de la justicia es un grave error, que interfiere en la actividad política y que a la postre obra en contra del propio poder judicial. La tendencia a ese uso es notoria en España. Pero no lo es solo aquí. El presidente estadounidense está tratando ahora de reemplazar a la carrera en la Corte Suprema de EE.UU. a la recién fallecida juez Ruth Bader Ginsburg, para asegurarse una mayoría conservadora.
La justicia, huelga decirlo, tiene que ver con el derecho, con la razón y con la equidad, siendo un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Por desgracia, esto último no se produce cuando la justicia parece o está contaminada por la política partidista.
El uso partidista de la justicia es un grave error que obra a la postre contra
el propio poder judicial