Las sanciones funcionan en imponer la mascarilla pero no frenan el botellón
Catalunya, con 140.000 multas desde el estado de alarma, lidera el ranking
La mayor parte de las comunidades autónomas han aprobado desde el fin del estado de alarma, en junio pasado, decretos para sancionar los incumplimientos de las normas preventivas contra el contagio del coronavirus. Las multas han servido para generalizar el uso de mascarillas, pero no han tenido el mismo efecto para frenar los botellones.
Las sanciones mantienen, en general, unas cantidades muy similares en las diversas comunidades, entre los 100 euros por no llevar la mascarilla, una falta que se considera leve, hasta los 600.000 euros las más graves por no cumplir los horarios de cierre de establecimientos u organizar fiestas privadas o botellones.
La falta más sancionada ha sido no llevar la mascarilla, según los datos facilitados por las diferentes administraciones regionales, aunque en muchos territorios esta norma se cumple cada vez más, especialmente desde que los contagios se han incrementado.
En Andalucía, el régimen sancionador está recogido en el decreto 21/2020 de 4 de agosto, y clasifica los incumplimientos en leves, graves y muy graves, con multas que van de los 100 euros hasta los 3.000 euros si se pone en riesgo a 15 personas.
Se han registrado un total de 10.426 denuncias a los ciudadanos, según datos de la Junta, la mayoría por no usar mascarilla, de las que 7.302 han correspondido a las policías locales, y el resto a la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía adscrita a la comunidad autónoma, y 23 a la Inspección Sanitaria.
En la Comunidad de Madrid solo se permiten reuniones privadas y públicas de un máximo 6 personas, después de haberlas limitado a 10 personas el 4 de septiembre, cuando también se pusieron en marcha otras como la de limitación de aforos del 75 al 60 % en celebraciones, banquetes y lugares de culto.
Hasta el 15 de septiembre ha habido más de 11.000 propuestas de sanción en la ciudad de Madrid por no cumplir con esta obligación, según han fuentes municipales
En Catalunya, el decreto ley aprobado en julio pasado contempla tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, que pueden ir desde los 100 euros por no llevar la mascarilla a los 600.000 euros, que pueden imponer la Generalitat y los ayuntamientos.
Las policías catalanas han interpuesto un total de 140.000 sanciones desde el inicio del estado de alarma, de las que unas 50.000 se han tramitado como multas, casi todas por incumplimiento de las normas sanitarias, marcando así el récord entre las comunidades que han ofrecido datos.
En Baleares, que tiene dispuesto un régimen de sanciones similar al catalán, se prevé también la creación de “unidades operativas anticovid-19” formadas por inspectores de las distintas administraciones y policías, unos equipos de intervención conjunta que han hecho desde el 10 de julio 605 inspecciones, sobre todo en locales de ocio y han levantado 409 actas
La falta más sancionada ha sido no llevar el cubrebocas, aunque su uso se ha generalizado mucho
de propuestas de sanción.
En el País Vasco se han interpuesto 10.361 denuncias, Las fiestas ilegales y los botellones, con 1.020 denuncias registradas, han creado alarma social y han motivado actuaciones policiales como la ocurrida en Mundaka (Bizkaia), que terminó con incidentes cuando la Ertzaintza disolvió a unos cuarenta jóvenes que estaban bebiendo e incumpliendo las medidas de seguridad.