Comunes y PSC se enfrentan por el urbanismo táctico
Las acciones anticoche causan la peor crisis de la alianza que gobierna Barcelona
Bcomú y PSC, socios de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona y también en la Moncloa, están inmersos en la peor crisis interna de esta legislatura. La razón nada tiene que ver con cuestiones relacionadas con el independentismo que hace tres años llevó a que los comunes echaran a los socialistas del gobierno municipal, ni tampoco está vinculada con las diferencias en la gestión social y económica de la pandemia de la Covid-19. La profunda confrontación que se vive en el puente de mando de la Casa Gran se debe a las controvertidas medidas impulsadas por los comunes bajo el nombre de urbanismo táctico que en los últimos meses han llepartido nado la ciudad de cachivaches y pinturas multicolor para reducir la circulación de vehículos. La operación ha sido desconcertante para muchos ciudadanos, ha desfigurado la mundialmente elogiada trama Cerdà y ha recibido un alud de críticas por su improvisación, por su falta de consenso social y político, y por su fealdad que rompe con la tradición de excelencia en el diseño urbano que atesora Barcelona. Además, muchas de estas medidas han ahondado en el impacto económico negativo de la coronacrisis en zonas comerciales del centro de la ciudad, vacías de turistas, y donde ahora también los autóctonos tienen dificultades de acceso que ha impuesto el Consistorio.
Bcomú, con la alcaldesa Ada Colau al frente, ha cerrado filas en torno a su plan de urbanismo táctico, aunque hay un discreto debate interno en su propia formación sobre algunas de esas medidas y estudian de qué manera se pueden revertir para evitar que se presente como una rectificación o un paso atrás. En cambio, el PSC que lidera el primer teniente de alcalde Jaume Collboni se ha mostrado contrario a la política de hechos consumados aplicada por sus socios y que han soliviantado a numerosos sectores económicos que le acusan de ser cómplice de esa política de movilidad. Estos sectores afirman que los socialistas rechazan en privado la actuación de los comunes, pero que en público se acaban convirtiendo en corresponsables como miembros de la coalición de gobierno. Desde su llegada al gobierno barcelonés, Collboni se ha erigido como el reconstructor de los puentes rotos entre la formación de Colau y el ámbito económico de la ciudad que ahora no entiende cómo guarda silencio ante el conjunto de medidas que afecta la actividad de la ciudad seriamente tocada por la crisis de la Covid-19.
La presión sobre el PSC no solo es externa sino que también han emergido, en público y en privado, voces vinculadas a la dirección del muy críticas con la aparente condescendencia del grupo municipal frente a la política de Colau. Esta apariencia de papel subalterno del PSC ante los comunes va en detrimento del objetivo de los socialistas de recuperar la alcaldía de Barcelona que perdieron en el 2011 después de 32 años seguidos de mantenerla.
Todo ello ha llevado al grupo de Collboni a plantarse ante sus socios y pedirles que reviertan parte de su expansivo urbanismo táctico, especialmente el más controvertido por inexplicable y que más conflicto provoca. Además del impacto negativo en la economía de la ciudad, el PSC también ha advertido que contra las medidas de los comunes pesa una denuncia que investiga la Fiscalía por su presunta nocividad para la seguridad vial.
Los socialistas reclaman que el plan aplicado hasta ahora se detenga para consensuarlo con los actores sociales y económicos de la ciudad que en la última reunión del Pacte per la Mobilitat se quejaron de la política de imposición y sin diálogo del Ayuntamiento. El PSC también reclama a sus socios que invite a las prestigiosas entidades expertas en urbanismo y diseño de Barcelona a la mesa de redefinición y conceptualización de las medidas presentes y futuras.
Los comunes, en cambio, se mantienen firmes y proclaman que lo que se ha hecho se quedará y que, a lo sumo, se convocará un concurso de ideas para mejorar el diseño de las actuaciones “provisionales”, olvidando que este proceso puede durar meses o años. Únicamente reconocen internamente la falta de consenso y participación con la ciudadanía, un aspecto este que, a mediados de septiembre, Colau prometió corregir emplazando a los sectores económicos a una reunión que no consta que se haya celebrado.
Desde Bcomú también se admite en privado una cierta improvisación que atribuyen a la urgencia de aplicar las medidas. Esta urgencia habría otorgado carta blanca a los servicios técnicos para llevar a cabo algunas actuaciones que desconocían incluso sus propios jefes políticos. En este sentido, las miradas críticas de algunos miembros del gobierno se dirigen hacia el nuevo
LA PETICIÓN
El PSC exige a Bcomú que detenga las medidas anticoche que afectan a la economía
LA RESPUESTA
Colau se mantiene firme aunque admite falta de consenso y cierta improvisación
arquitecto jefe del Ayuntamiento, Xavier Matilla, exconcejal de Terrassa de los comunes. Matilla se incorporó al cargo en Barcelona hace un año después de que la candidatura electoral que lideró en Terrassa sufriera una debacle y quedara sin representación al perder los seis concejales que tenía.
La figura de arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona estaba vacante después de que Colau prescindiera de ella en su primer mandato. Hasta su recuperación, los profesionales que han ocupado ese puesto clave han sido arquitectos o urbanistas de reconocido prestigio.
Los principales protagonistas de la mencionada confrontación en la coalición del gobierno de Barcelona son, por el lado de Bcomú, Ada Colau y su segunda teniente de alcalde Janet Sanz, principal inspiradora de las medidas del urbanismo táctico. Y por la parte socialista, Collboni y la concejal de Movilidad Rosa Alarcón, que orgánicamente depende de Sanz y que, a la práctica, es la ejecutora de la mayoría de esas medidas a pesar de ser contraria a muchas de ellas.
La tensión interna es grande y se vive en medio de amagos de dimisiones o de amenazas de airear las divisiones. En los últimos días Colau y Collboni han debatido esta cuestión sin que hayan encontrado una salida. El choque político es desigual porque Bcomú dispone de 10 concejales frente a los 8 del PSC, pero son los comunes los que tienen la última palabra al poseer la alcaldía. Forman un gobierno en minoría (la mayoría es de 21 concejales) aunque tienen donde escoger entre los grupos de la oposición para que prosperen los grandes proyectos de la ciudad. A pesar de ello, ninguno de ellos ha sido llamado a un acuerdo sobre el urbanismo táctico sabiendo que la mayoría tiene discrepancias.
Ante este panorama, comunes y socialistas parecen condenados a entenderse porque no existe una mayoría alternativa que no pase por ERC de Ernest Maragall, ganador de las elecciones municipales.
Por tanto, es improbable que esta crisis rompa el gobierno de coalición de Barcelona. Aunque si no se resuelve de forma adecuada puede marcar la relación de los socios para el resto del mandato, cosa que sería bloqueante para la vida municipal ya que existe el riesgo de promover dos gobiernos dentro del Consistorio. Para salir del embrollo, parece que se explora la vía de revertir algunas de las medidas más polémicas salvaguardando la “dignidad” tanto de los políticos como de los técnicos que más las han defendido. Y en eso trabajan ahora los cocineros políticos del gobierno municipal.