Las familias del bloque de la Salut se quedan en la calle
Los afectados agotan las ayudas temporales y lamentan que las administraciones no les ayuden a buscar a los responsables del derribo
El sistema de servicios sociales, tanto del Ayuntamiento de Badalona como del Departament d’afers Socials de la Generalitat, limita las ayudas en casos como el de las seis familias del bloque del pasaje de la Torre, que perdieron todo lo que tenían cuando en octubre del 2019 les desalojaron de urgencia sin tiempo de recuperar sus pertenencias, para demoler sus viviendas, afectadas de aluminosis. Cuatro de ellas tenían los pisos en propiedad y ahora, desde la calle, reclaman ayudas sociales, pero también que la administración les ayude a actuar contra los responsables del siniestro.
Sfia es una mujer marroquí, anciana, que en su juventud al poco de llegar a España quedó viuda. Para tirar adelante a sus tres hijos se vio obligada a tener tres empleos. Un buen día le llegó una oferta que debía cambiar sus vidas y consolidar su estancia en el país: adquirir un piso en Badalona, para ella y su familia. Un pisito sin lujos en el barrio de la Salut “pero que era nuestro hogar”, recuerda su hija Fátima. Un habitáculo en el que pusieron todos sus ahorros e ilusiones. Allí crio a sus hijos con la esperanza de un futuro menos aciago. Ilusiones que ahora se han truncado al perder el piso, todos sus bienes y lo que es peor, contraer una deuda de 40.000 euros que el Ayuntamiento les reclama por los costes haber demolido el bloque de forma subsidiaria. Ahora, Sfia está en la calle, con Abdul, Sana o Karima. Se agotan las ayudas municipales que les permitían malvivir en una pensión y ven como su futuro se desvanece.
A parte de las ayudas para subsistir, las familias necesitan rehacer sus vidas y para ello deben hacer valer sus derechos sobre la propiedad del solar del pasaje de la Torre 16, y poder actuar contra los responsables del mal estado del edificio afectado por aluminosis. “El hombre que provocó el derribo por las obras en los bajos del edificio ha desaparecido”, apuntan, mientras que el resto de propietarios, entidades financieras y bancos, se han desentendido del caso, “como ya hacían cuando les pedíamos que colaborasen en las reparaciones de la comunidad”, lo que hubieran podido contribuir a evitar el derribo.
Los afectados temen que puedan perder el derecho sobre su propiedad en la Salut porque el Ayuntamiento les impuso el pago subsidiario del derribo del edificio, por el que tocan a 40.000 euros por familia. “Además de perderlo todo nos queda una deuda imposible de pagar” y que les cierra las puertas a las ayudas de la administración, apunta Fátima, hija de Sfia.
Las plataformas sociales ayudan y presionan a las administraciones a buscar soluciones de acogida y de futuro para las familias. Carles Sagués, portavoz de estas entidades es consciente que lo que no funciona es el sistema social. “Tenemos un sistema de ayudas que no se adapta a la realidad”, por lo que es inoperante. “Nos encontramos servicios sociales sin recursos” para ayudar a los más necesitados y mucho menos “buscar alternativas a los problemas de vivienda”. Para Sagués, es tal el grado de impotencia de los trabajadores sociales que hasta se ha dado el caso de “recomendar a los usuarios que ocupen el piso de un banco”, ya que si esperan una vivienda social de las administraciones “seguirán en la calle” como sucede ahora con los vecinos del pasaje de la Torre, que no tienen ni casa, ni pertenencias, ni futuro.
Los damnificados dicen que desde los servicios sociales les aconsejan ocupar pisos propiedad de los bancos