Desahucios: pasemos de la agitación a la eficacia

La pandemia de la Covid-19 y la declaración de estado de alarma provocaron la paralización de la jurisdicción civil, entre otros, con la suspensión de los plazos procesales. Todos los desahucios, por lo tanto, fueron suspendidos en tanto que último trámite de un proceso civil con sentencia favorable al propietario de la vivienda y, además, de forma especial, por la moratoria prevista por el decreto ley 11/2020 de 31 de marzo, según el cual “cuando el arrendatario acredite la vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la Covid-19, se suspenderá el plazo hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de hasta el 31 de enero del 2021”.

El resultado ha sido un periodo de no procesos de lanzamientos o desahucios, que se acabó una vez el Estado reinició los plazos procesales suspendidos el 20 de junio manteniéndose, sin embargo, la suspensión en virtud del decreto ley 11/2020 por los casos de vulnerabilidad derivada de la pandemia hasta el 31 de enero del 2021. La consecuencia directa no ha sido ninguna otra que una acumulación de desahucios que estaban en la cola de las ejecuciones de los juzgados y que ahora se están llevando a cabo, además, con la legítima y necesaria voluntad de los juzgados de ponerse al día del retraso, en todos los procesos judiciales, que la crisis del coronavirus ha generado en la administración de justicia.

Esta acumulación de desahucios, que no se tendría que haber producido en ningún caso porque el RD 11/2020 permite extender la suspensión hasta el 31 de enero del 2021, nos ha hecho ver algunos enfrentamientos entre los que pretenden evitar el acto judicial (activismo) y aquellos que tienen la obligación de llevarlo a cabo en tanto que orden judicial (Mossos d'esquadra). Ni los enfrentamientos ni las imágenes gustan a nadie –supongo, espero y deseo–, tanto por la existencia del legítimo derecho a la vivienda de todo ciudadano, como por el hecho de que por parte de algunos ciudadanos no se acabe de entender el papel de la policía en los desahucios. Los Mossos son el último interviniente en todo el circuito del desahucio y lo único que hacen es cooperar con el juzgado correspondiente en tanto que policía judicial. Eso, guste o no, se entienda o no, es sencillamente incuestionable e ineludible.

No se trata de que las administraciones que intervienen en todo el proceso pretendan eludir sus responsabilidades o atribuciones, y mucho menos que pretendan derivarlas a los otros intervinientes. La pandemia ha agravado todavía más un conflicto social que golpea duramente desde el 2007 a las familias más vulnerables, y nadie lo tendría que ver como una oportunidad política, sino más bien como una obligación por parte de todos los actores de encontrar la salida más justa y más humana. Desde la cocreación y la colaboración entre juzgados, ayuntamientos y Generalitat, los desahucios tienen que pasar de ser un problema a ser una circunstancia más en la que la administración pública sea capaz de dar la respuesta más adecuada a cada caso y a cada familia.

Un problema necesita una solución, no la búsqueda de culpables. Justo cuando el espíritu no es el de la colaboración entre administraciones es cuando vemos cosas inaceptables como las que está pasando en la actualidad, en que a pesar de tener una moratoria con cobertura legal aplicable, como es el caso del RD 11/2020, se están produciendo desahucios. También si hay una vivienda para la familia vulnerable dos horas después de empezar la actuación de los mossos es obvio que también la había dos días antes. Hace falta, pues, eficacia. Desde el Departament d’interior hemos iniciado conversaciones con el mundo judicial, local (el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones catalanas de municipios) y la Sindicatura de Greuges, con el fin de encontrar la salida que todos deseamos para hacer frente a la falta de vivienda.

Creo que hace falta crear espacios de confianza de forma urgente y formalizar protocolos de actuación que tengan como finalidad evitar fracturas sociales. Con una colaboración sincera y sin mirarnos de reojo, seguro que lo conseguiremos.

Un problema como el de la falta de vivienda necesita una solución, no la

búsqueda de culpables