Torra acelera la vía europea contra su inhabilitación
El Constitucional rechaza suspender la ejecución de la pena
El independentismo prepara un nuevo embate en Europa. El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra avanzó ayer su intención de llevar su condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo lo antes posible después de que el Tribunal Constitucional, pese a admitir a trámite el recurso de amparo, rechazara las medidas cautelarísimas que había solicitado su defensa contra la ejecución de la condena que le apartó del Palau de la Generalitat.
En concreto, el equipo jurídico del exjefe del Govern explicó que presentará una demanda contra España en Estrasburgo una vez el Constitucional se haya pronunciado sobre las cautelares que pidieron, la siguiente estación tras la etapa de ayer. Por ahora el Constitucional ha acordado formar pieza separada sobre la suspensión y ha dado tres días a las partes para posicionarse, aunque la decisión del tribunal de garantías aún puede hacerse esperar.
De hecho, esta “costumbre de dilatarse en los asuntos del procés ”es uno de los argumentos que esgrime la defensa de Torra, pilotada por Gonzalo Boye y Josep Costa, para no esperar a que el TC llegue al fondo del asunto para elevar la cuestión al TEDH. “No queremos perder tiempo”, sostienen a La Vanguardia.
El propio Torra se había quejado en un comunicado que la decisión del Constitucional no era “ninguna sorpresa”. “Ya tenemos constancia continuada del trato diferenciado y discriminador de la justicia española con los independentistas catalanes”, agregó, tras denunciar que su causa “está plagada de irregularidades procesales y de interpretaciones interesadas de la ley”. Es por ello que se centran en el escenario internacional: “Como los tribunales españoles no hacen justicia, la justicia la tenemos que ir a buscar a Europa, donde ya la hemos encontrado reiteradamente”, expuso Costa, acordándose de las euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas expatriados.
Sin embargo, el salto a Estrasburgo antes de que el TC llegue hasta el final del recurso de amparo presentado por Torra plantea algunas dudas. Expertos en derecho constitucional e internacional consultados por este diario no ven nada claro que la demanda pueda prosperar porque, avisan, el TEDH es muy cuidadoso en exigir que se haya agotado toda vía interna de cada Estado. En este sentido, lo circunscriben en mayor medida a una estrategia política de Jxcat, sin perjuicio de que, cuando se pronuncie sobre el fondo de la causa, pueda acabar entrando en la proporción, o no, de la inhabilitación. “Pero esto puede tardar años”, zanjan.
Por ahora, los magistrados del TC no apreciaron ayer la “urgencia excepcional” a la que se refiere la ley orgánica del Tribunal Constitucional para las cautelarísimas. Solo cuando esa decisión va a provocar un perjuicio irreparable se entiende que se puede revisar la medida sin solicitar el criterio del resto de las partes, en este caso la Fiscalía y Vox, esta última como acusación popular. Para el tribunal, no se dan estos requisitos, ya que la inhabilitación se ha hecho ya efectiva y, además, porque el asunto necesita un estudio “meditado y contradictorio”.
En el escrito ante el TC, la defensa de Torra pedía al Alto Tribunal que acordara la suspensión de la condena “sin más dilación y con anterioridad al trámite de admisión del recurso” presentado el pasado martes. En el escrito, también recogía jurisprudencia del TC en base a la cual sostenía que “no supone obstáculo para la suspensión el hecho de haberse comenzado a ejecutar ilegalmente la pena”.
Petición de cautelares al margen, el Constitucional sí que admitió a trámite el recurso de amparo presentado por Torra. Y lo hizo por unanimidad al apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional, puesto que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.
Los magistrados no aprecian “urgencia excepcional” y lo abordarán en el recurso ayer admitido