Sánchez activa una reforma exprés para desbloquear el Poder Judicial
El PSOE y UP registran una proposición de ley para superar el actual veto del PP
Pedro Sánchez apretó el botón rojo, después de que en la Moncloa se comprobara que Pablo Casado “no reacciona” a sus presiones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial pese a que su mandato expiró hace casi dos años. El presidente del Gobierno optó finalmente por activar una reforma exprés de la ley orgánica del Poder Judicial mediante la iniciativa parlamentaria y dio así por zanjadas las cautelas que habían expresado algunos miembros del propio Ejecutivo, como las esgrimidas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para abordar esta espinosa cuestión con serenidad y no “en un momento de calentamiento, en un brote de pasión”.
Todavía la semana pasada la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, demandaba sosegar este debate y actuar “sin precipitaciones”. Y además en la Moncloa, pese a las presiones internas de Unidas Podemos por acelerar la reforma, se recetaba tiempo y paciencia, ya que un cambio legislativo de tanto calado requeriría de los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.
Pero Sánchez apretó el botón rojo. La fórmula elegida no fue la de un proyecto de ley del Gobierno, que precisaría de los citados informes de los órganos consultivos que habrían demorado todo el proceso y quizá hubieran cuestionado o rechazado la iniciativa y regalado argumentos al Partido Popular. La fórmula elegida tampoco fue la de la reforma de la Constitución, que, pese a no contar con una mayoría suficiente en el Congreso para avalarla, también fue barajada por Sánchez. La vía que finalmente obtuvo luz verde fue la de una proposición de ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial de 1986, que ayer mismo registraron en el Congreso, al alimón, los portavoces del PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique. Y, pese a que no se tramitará por el procedimiento de urgencia, Lastra advirtió que la pretensión es que esta reforma pueda entrar en vigor en apenas dos meses, antes de que acabe el año.
MENOS OBSTÁCULOS
La fórmula elegida evita los informes previos del propio CGPJ o del Consejo de Estado
UN PROCESO ACELERADO
La pretensión es que el cambio legislativo entre en vigor antes de que acabe este año
Tanto María Jesús Montero desde la Moncloa como Lastra desde el Congreso negaron, en todo caso, que se haya elegido esta fórmula exprés para sortear los informes de los órganos consultivos. Aunque la portavoz del Gobierno sí reconoció que esta vía de la proposición de ley “probablemente pueda aportar una mayor agilidad” para lograr el objetivo final, que es proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces pese al bloqueo de Casado. “Esperamos agilidad”, corroboró Lastra, que subrayó que la iniciativa compete más al Congreso que al Gobierno, ya que, al fin y al cabo, es el Parlamento el que elige a los 12 vocales del CGPJ del turno judicial. El Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sostienen, el PSOE y Unidas Podemos, esgrimieron precisamente el mandato de la Constitución para proceder a esta refor
ma, pese a que el líder del PP ya anunció de inmediato que recurriría la reforma al Tribunal Constitucional. “Paradojas de la vida”, ironizó Lastra sobre el recurso ya anunciado por Casado. “El constitucionalismo no se dice, se hace”, corroboró Echenique. Y Montero incluso tachó de “sinrazón” que el jefe del principal partido de la oposición quiera acudir al Tribunal Constitucional para poder seguir incumpliendo el mandato constitucional que obliga a la renovación del Poder Judicial o del propio Tribunal Constitucional.
“Nadie, tampoco un partido político, tiene la capacidad de bloquear la renovación de las instituciones”, advirtió al PP la portavoz del Gobierno. “Nuestro compromiso sigue siendo firme en la renovación de estas instituciones. No vamos a permitir que se deslegitimen, bien porque no se renueven o bien porque unos u otros hagan un uso partidista y patrimonialista de esta cuestión”, subrayó. Montero dio además por hecho que esta iniciativa parlamentaria registrada por el PSOE y Unidas Podemos cuenta “con todas las garantías jurídicas”, para evitar que pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional.
Lastra y Echenique desgranaron las dos medidas más relevantes que incluye esta proposición de ley. La primera es que establece una “mayoría viable”, según lo definió la portavoz socialista, para elegir en el Parlamento a los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial que son jueces. Es decir, una mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso, en segunda vuelta, y no una mayoría reforzada de 210 escaños como hasta ahora. Y no hay que olvidar que el PSOE y Unidas Podemos ya sumaron a 187 diputados en el comunicado conjunto que suscribieron para exigir la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Para renovar a los ocho vocales que son abogados y juristas de reconocido prestigio, la Constitución sí es taxativa en cuanto a la mayoría reforzada del Congreso.
En segundo lugar, la proposición de ley cubre el actual “vacío legal” que, según Lastra, existe sobre las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato expira. La iniciativa excluirá así que pueda realizar nombramientos de altas instancias judiciales, justo como las que acaba de aprobar el organismo que preside Carlos Lesmes.
Así pues, esta reforma garantizará “el correcto funcionamiento del Consejo”, en cumplimiento de la Constitución, al tiempo que evitará que la renovación del órgano de gobierno de los jueces quede bloqueado por ningún grupo parlamentario. “Es una reforma pensada y meditada”, zanjó Lastra.