Flecos de la sentencia del 1-O
Recursos al Constitucional, los tercer grados y permisos, los indultos, la reforma del Código Penal y las euroórdenes son los asuntos a resolver un año después
El 14 de octubre del 2019, el Tribunal Supremo dictó la sentencia por la que condenaba a los líderes independentistas a penas de hasta 13 años de prisión por un delito de sedición por organizar el referéndum del 1 de octubre y declarar unilateralmente la independencia de Catalunya. Un año después, judicialmente todavía quedan flecos por resolver mientras que los condenados siguen en prisión.
Lo más relevante que queda todavía por estudiar son las sentencias del Tribunal Constitucional respecto de cada uno de los recursos de amparo presentados por los condenados, textos que se irán conociendo de uno e uno en la medida que se vayan resolviendo. El tribunal deberá estudiar si en la sentencia del Supremo se vulneró algún derecho. Estas resoluciones son especialmente relevantes porque abrirán la vía para que los condenados puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demandar a España por actuar contra sus derechos fundamentales. Pero eso no puede ocurrir hasta que no se agote la vía nacional.
En paralelo, la sala que dictó la sentencia, presidida por Manuel Marchena, tiene encima de la mesa los recursos contra la decisión del Departament de Justícia de la Generalitat de conceder a los condenados el tercer grado penitenciario y dejarles en semilibertad. El tribunal, previsiblemente, revisará los recursos de la Fiscalía a lo largo de este mes y decidirá entonces si el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pueden beneficiarse de un régimen abierto o deben seguir en prisión. Lo primero que hizo el tribunal tras recibir el recurso del fiscal fue suspender la concesión de los tercer grados, que ya habían sido ratificados por los jueces de vigilancia penitenciaria. Lo mismo ocurre con los permisos concedidos con arreglo al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que habían sido otorgados por las distintas cárceles para que los penados pudieran salir varios días diversas horas cada semana. Los jueces habían avalado los permisos hasta que el Supremo revisó el de Forcadell a petición de un juez de Lleida y lo tumbó “por falta de justificación y desconexión con la reinserción”. Fuentes jurídicas apuntan que a partir de ahora será la sala de enjuiciamiento la que revisará todos los permisos, lo que de hecho impide que los presos puedan salir de la cárcel.
Otra decisión pendiente de estudio es la petición de indultos por parte de distintas asociaciones y particulares para que los líderes del procés queden liberados. El Tribunal Supremo emitirá un dictamen, previo informe del fiscal y de Instituciones Penitenciarias, aunque la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros al ser una medida de gracia. De todas maneras, el Ejecutivo también ha anunciado su intención de reformar el delito de sedición, lo que podría ayudarles a salir antes de tiempo.
Y por último, el Supremo está pendiente de que el Parlamento Europeo resuelva si levanta la inmunidad de Carles Puigdemont , Toni Comín y Clara Ponsatí. Una vez que esto ocurra será la justicia belga la que deberá decidir si entrega a los eurodiputados para que sean juzgados.