Illa desoye al Gobierno de Madrid y mantendrá el estado de alarma 15 días
Ayuso acusa al Gobierno de atacar la región porque representa “a la España libre”
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha dejado muy claro: el estado de alarma en Madrid se mantendrá 15 días, que es el tiempo que consideran suficiente para que se reduzca la incidencia acumulada en 14 días por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, se reduzca la presión hospitalaria (ocupación de las ucis por debajo del 35%) y baje la positividad de las pruebas PCR a menos del 10%. Ese es el plan y no hay otro, insiste Illa, quien sin embargo, advierte que el objetivo debe ser bajar a menos de 200 casos por 100.000 habitantes antes de que llegue el invierno con sus enfermedades respiratorias. Pero ese objetivo no se buscará con el estado de alarma, aclaró.
Y durante esos 15 días, Illa tendrá que escuchar día a día al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que como ya hicieron ayer en rueda de prensa, van a pedir insistentemente que se levante el estado de alarma porque es injusto para los madrileños, porque les “hace rehenes del Gobierno” (palabras de Almeida), porque es un decisión unilateral propia de un estado “totalitario” (Ayuso), porque va en contra de “lo que Madrid representa, la España libre” (Ayuso) y porque los datos confirman que el confinamiento selectivo por barrios y distritos realizado por la Comunidad de Madrid funciona, al haber bajado la incidencia de casos por debajo de los 500 casos (Almeida).
Tanto Ayuso como Almeida acusaron a Illa de cambiar los criterios para levantar el estado de alarma de los 500 casos por 100.000 habitantes a los 200, lo que para ellos revela que el Gobierno de España persigue claramente a Madrid y a los madrileños. Illa insiste, el objetivo es bajar de 200 (“como establece el CDC europeo”), pero eso no implica que sea con el estado de alarma, sino con el plan de respuesta temprana aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial. Es decir, seguirán las medidas y las restricciones durante muchas semanas, más o menos duras en función de la evolución de la pandemia más allá del estado de alarma, “como están haciendo el resto de comunidades”, señaló el ministro.
Pero Madrid no lo entiende así.
Ayuso y su equipo ven en la actuación del Gobierno solo ganas de dañar “al motor económico de España” y así se lo van a decir durante estas dos semanas. Así lo advirtieron en la rueda de prensa que ofrecieron un par de horas antes de la reunión que iban a tener con Sanidad. “Les vamos a decir todo esto”, indicó Ayuso, mientras pedía diálogo a un Illa que insiste en que al virus se le combate desde el terreno de la salud pública no de la política.
Madrid saca pecho porque la incidencia en la región está bajando, hasta un 50% menos de casos insisten. Nada dijeron en relación a la realización de un 40,3% menos de
PCR, mientras hablan de la realización de miles de test de antígenos en los barrios más afectados. No se sabe con seguridad si los datos de esos test se están incluyendo en las cifras que proporciona al Ministerio de Sanidad, pero sí que esos test no valen para hacer cribados, como señala el propio fabricante. Este tipo de prueba es especialmente eficaz en una ventana muy corta del proceso de infección. Es muy fiable en pacientes con síntomas que llevan menos de cinco días de evolución. A partir de los 5 días, la sensibilidad y la eficacia disminuyen. El ministro Illa se mostró preocupado
El ministro de Sanidad, preocupado porque la comunidad madrileña realiza un 40% menos PCR que en septiembre
por el descenso de PCR (no se hacen ni en los alumnos que están con un estudiante que ha dado positivo, como prometió Ayuso, ni tampoco a los contactos estrechos de positivos) y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apuntó a un retraso en la notificación de hasta 7 días.
El estado de alarma decretado el viernes pasado no ha terminado con las aglomeraciones. La Policía Municipal de Madrid registró durante el puente del Pilar más de 200 fiestas privadas ilegales y un total de 1.528 propuestas de sanción por botellones.