Un reto colosal para España
Empresas, sindicatos, asociaciones profesionales, comunidad es autónomas, ayuntamientos y Gobierno están ya movilizados, aunque quizás no lo suficiente, para estudiar proyectos que puedan ser financiados por el millonario Fondo de Recuperación de la Unión Europea (...). Suman más de 140.000 millones de euros los que España puede llegar a recibir en los próximos tres años, un auténtico Plan Marshall destinado a superar la grave brecha de crecimiento económico generada por la pandemia de Covid-19. Pero no solo se trata de recuperar el producto interior bruto (PIB) perdido, que ha sufrido el mayor retroceso desde la Guerra Civil, sino de sentar las bases para crecer de manera más sostenible, más eficiente y más productiva, con una evolución del tejido económico hacia mayores dosis de valor añadido tecnológico.
La Vanguardia se suma a esa movilización económica y social con una serie de catorce entregas de información y de análisis en las que las diversas secciones del diario valorarán las implicaciones, dificultades y oportunidades que se abren en los próximos años para España. El Gobierno ha concretado las líneas generales del futuro escenario de actuación en el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que bascula sobre cuatro grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Dicho plan, sin embargo, ofrece un esquema general que no entra en los detalles de proyectos concretos ni en la letra pequeña de cómo se van a seleccionar, poner en marcha y desarrollar. Hay, pues, mucho trabajo por hacer en el país y poco tiempo para hacerlo. El reto es colosal.
Lo primero que habría que hacer, como dijimos hace pocos días, es revisar el sistema de gobernanza diseñado por el presidente del Gobierno, ya que centraliza todo el poder de decisión en su equipo de confianza de la Moncloa y en una comisión ministerial que también presidirá él. Este modelo puede crear un peligroso cuello de botella en la aprobación y gestión de los proyectos, con el consiguiente retraso que ello puede provocar, que sería muy negativo, al tiempo que también puede sembrar dudas sobre la objetividad en la selección de los proyectos necesarios para el país. Lo que habría que garantizar, en cualquier caso, es que cada proyecto aprobado disponga del correspondiente informe que garantice su adecuado retorno económico y social. Si no se asegura la eficiencia y productividad de las inversiones que se realicen, se corre el riesgo de desperdiciar una oportunidad única y, con ello, la responsabilidad de cargar sobre las futuras generaciones una pesada losa de deuda pública que deberán pagar. Por ello es necesario que cada euro invertido cree riqueza y empleo de lo que debe ser el futuro de una nueva economía para el país.
Al margen de las prioridades ya definidas por el Gobierno, a nuestro juicio, debe ser fundamental poner el foco en el sector médico-farmacéutico, con proyectos que mejoren la eficacia del sistema sanitario, los tratamientos y la capacidad de producción para disminuir la dependencia del exterior. Sin una sanidad de calidad, la economía –como se ve estos días– no puede desarrollar todo su potencial, sobre todo en su sector más estratégico y más intensivo en empleo como es el turismo, que no se debe despreciar pese a la apuesta tecnológica global. A partir de ahí, las posibilidades de inversión, modernización y mejora son inmensas en todos los sectores, tanto en los tradicionales como en las nuevas actividades derivadas de la transformación energética, de la economía verde, de la nueva movilidad, de la biotecnología, y del proceso de digitalización de las empresas y de la sociedad.
La reforma educativa y el impulso de la formación profesional dual, así como el impulso a la investigación e innovación, son asimismo cruciales para que todo ello tenga éxito y se puedan crear los más de 800.000 nuevos empleos cualificados que se han previsto. El reto, como hemos dicho, es colosal y deberían sumarse todos los esfuerzos políticos, económicos y sociales en un clima de colaboración público-privada y de lealtad política.
La correcta inversión de los 140.000 millones que llegarán de la UE pondrá
a prueba a todo el país