El pluralismo existente
El martes los portavoces Lastra y Echenique presentaron una proposición de ley (tirando a patillera) para modificar el mecanismo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parte de la opinión pública asume que es el único atajo a través del cual la coalición gubernamental podría acabar, de malas maneras, con un bloqueo que el Partido Popular mantiene porque lo beneficia y le permite mantener control sobre el poder judicial saboteando un mandato constitucional. Al mismo tiempo juristas cualificados constatan que la ley es un atajo dudosamente constitucional, como ha dejado entender también la Comisión Europea, y es evidente que su falta de respeto institucional está polarizando aún más la sociedad.
Pocos episodios revelan tan claramente los daños de la política española. No es un daño solo patrio, pero nosotros lo tenemos acentuado. Todo el mundo sabe que el problema del CGPJ existe y que la última solución planteada es mala. Todo el mundo lo sabe, pero nadie consigue solucionarlo porque lo impiden vetos explícitos y sobre todo intereses implícitos. El presidente Sánchez afirma en Bruselas que está dispuesto a renegociar con el PP, pero los populares dicen que no quieren hablar si al otro lado de la mesa se sientan los de Pablo Iglesias. Mientras tanto, todo el mundo es consciente de que la cronificación de la parálisis institucional va carcomiendo el Estado de derecho y, en paralelo, la dinámica parlamentaria se hace cada vez más disfuncional, empequeñeciendo el espacio para los acuerdos ampliamente mayoritarios y necesarios en este momento crítico. Así está fracasando el Estado, para decirlo con el durísimo editorial sobre España del Frankfurter Allgemeine Zeitung del miércoles.
En la exposición de motivos de la proposición de la ley, socialistas y comunes hacen referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. Se afirmaba que existe un consenso sobre la necesidad de que el método de elección de los vocales garantice que la composición del CGPJ refleje “el pluralismo existente en el seno de la sociedad”. Parecería puro sentido común democrático, pero cuando se hacen en el Congreso afirmaciones tan solemnes como esta ahora resuenan como el sarcasmo ofensivo de una carraca.
En una sociedad cautiva de una espiral de polarización más identitaria que ideológica, el pluralismo ya no tiene la misma virtualidad. Cuando hay consenso, el pluralismo es una conducta de relación con el adversario que garantiza el reconocimiento del otro y posibilita la colaboración con un buen profesional que piensa distinto. Pero cuando este consenso se oxida (por complacencia, para bloquear los cambios o petrificar unos determinados unos intereses), el pluralismo se transforma para el conjunto de los actores, empieza a funcionar como una forma de antagonitzar el otro para afirmarse uno mismo y se naturaliza la cultura del veto. Este es hoy, por desgracia, el pluralismo realmente existente y el principal factor que está imposibilitando a la política cumplir con su función a pesar de ser más necesaria que nunca. Así el fantasma funesto de las dos Españas empieza a recorrer la Piel de Toro.
No es solamente que la oposición, de aquí y de allí, juegue a la ruleta rusa mirando al Gobierno fijamente pero apuntando a los ciudadanos, politizando la pandemia de manera criminal o teniendo como proyecto psicópata la identificación de grietas del Estado (las tiene y no son menores) para ensancharlas y hacerlo más débil. No es solo que en este clima envenenado “ninguna reforma en profundidad será posible” (cito las palabras de Xavier Vives del jueves). El problema es que el clima de polarización identitaria puede acabar convirtiéndose en una coartada para justificar la conducta irresponsable de algunos dirigentes que hoy están al frente de instituciones del Estado. No vale sesgar el juicio porque quienes mandan nos gusten más o menos. No vale porque precisamente la situación actual es la peor para debilitar desde el Gobierno el entramado institucional (esta proposición de ley lo hace), de la misma manera que es fatal consolidar una retórica frentista desde dentro de las instituciones (como demasiadas veces hace el vicepresidente Iglesias, que parece haber encontrado la manera de marcar perfil en el cuerpo a cuerpo con el bloque conservador).
Durante los próximos meses, asediados por el virus, nos adentraremos en una de las crisis económicas más severas que hemos sufrido. El aumento del paro, el cierre de empresas y la caída de la recaudación pública oscurecerán la prosperidad y amenazarán la paz social. El Estado, amparado por la Unión, tiene que ser el principal garante para hacer frente a la decadencia e intentar paliar la pobreza. Debe funcionar mejor. Para ello hará falta reconstruir un clima consensual que exige primero una tregua dialéctica y después empezar a hacer cesiones a fin de que el pluralismo no sea una trinchera sino un espacio de respeto para que lo sea de acuerdo. Quien puede hacer el primer gesto, firme y magnánimo, es quien gobierna.
La situación actual es la peor para debilitar
desde el Gobierno el entramado institucional