Catalunya y España, una relación complicada
Estos días se habla mucho sobre la oportunidad y la inminencia de la concesión de un indulto a los presos catalanes que cumplen prisión por la sentencia del procés. Por ello, haremos un poco de moviola histórica y recordaremos épocas pasadas en que sucedieron hechos similares a los que llevaron a este juicio, “els fets d’octubre de 1935”, en cuya virtud el presidente de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, y demás consellers, fueron condenados como autores de un delito de rebelión militar a la pena de 30 años.
Aquella sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales fue amnistiada por decreto ley de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Segunda República, de 21 de febrero de 1936, después de la victoria del Frente Popular. En aquel momento, se podía dictar una ley de amnistía, porque lo permitía la Constitución Republicana, en sus artículos 62 y 80, y porque la reciente victoria del Frente Popular suponía un cambio de régimen político, que posibilitaba una amnistía general de delitos políticos y sociales. Hoy no es posible acordar amnistías porque la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía (art. 62 i. CE). Hablar hoy de amnistía, equivale a afirmar que se ha acabado el sistema constitucional de 1978; hablar de indulto, contrariamente, es posible y lícito.
Si estamos discutiendo tanto sobre el indulto, es porque hechos como los del reciente procés, lo que históricamente se ha llamado la “cuestión catalana”, aparecen cíclicamente en la relación entre Catalunya y España de forma tal que nos encontramos con situaciones políticas límite, que acaban con pomposas declaraciones de independencia, más simbólicas que reales, que son aplastadas por el Estado con sentencias, ya sea por delitos de rebelión o de sedición, con penas exorbitantes.
Subyace a esta cuestión catalana un anhelo de libertad nacional que cristalizó en el Estatuto de Núria, plebiscitado por Catalunya el 2 de agosto de 1931, aprobado por las Cortes Constituyentes de la República Española el 12 de septiembre de 1932. Su artículo 1 sancionaba que “Cataluña es un Estado autónomo dentro de la República Española.”
Josep Tarradellas i Joan, presidente de la Generalitat en el exilio, tuvo la osadía de volver a España a negociar directamente con el poder constituyente español, o sea, el rey y el presidente Suárez, la reinstauración de la Generalitat de Catalunya, logrando tal propósito mediante la promulgación, antes que la Constitución vigente, del real decreto ley 41/1977, que sancionó “el restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña” y, aunque aquel real decreto pretendiera ser el instrumento legal único que regulara el funcionamiento de la Generalitat hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía, en modo alguno es descabellado decir que tal restablecimiento supuso, de hecho, el reconocimiento de Catalunya como una realidad estatal, aunque fuera un reconocimiento provisional.
Por ello, como sostuvo hasta su muerte el president Tarradellas, el café para todos que supuso el Estatut de Sau significó una desvirtuación total de la continuidad histórica de la Generalitat, al admitir que su proclamación suponía que “el poble de Catalunya recobra les seves institucions d’autogovern” (preámbulo), como si los largos años de exilio de la Generalitat, primero en México y después en Sant-martin-lebeau, no hubieran existido, ni hubiera sido reinstaurada por Tarradellas la Generalitat. Así, el nuevo Estatut d’autonomía, que negoció Jordi Pujol, recogía en su artículo primero que Catalunya, para acceder a su autogobierno, se constituía en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución ya aprobada, olvidándose así la Generalitat del Estatut de Núria, es decir, Catalunya como Estado, quedando reducida a una mera nacionalidad o región de España. Era una época en que, según cuentan los cronistas, cuando se le ofreció al señor Pujol un régimen de autonomía financiera tipo vasco, contestó que no lo necesitaba, que ellos iban a salvar España.
Ahora, en este nuevo hito histórico que vivimos, con los líderes políticos que proclamaron la independencia de Catalunya presos o exiliados, es un clamor la necesidad de que se acuerde ya el indulto que les restituya en su libertad, dignidad y actividad política, como es urgente que el Estado español, con un Gobierno similar al que amnistió a Companys, se decida de una vez a sentarse en una mesa de negociación política que reconozca la continuidad histórica de la Generalitat y la entidad de Catalunya como Estado, con la fórmula de unión o federación con España, que resulte posible políticamente.
Es urgente el indulto y una negociación que reconozca la entidad de Catalunya como Estado, unido o federado con España