España no debería ser Madrid
Más de la mitad de la población mundial vive ya en grandes metrópolis y la tendencia irá en aumento en los próximos años, hasta llegar a más del 70% en el 2050. En Europa, incluida España, se ha superado este porcentaje, puesto que el 80% de sus habitantes se encuentra ya en las ciudades. En nuestro país, además, se acelera la tendencia hacia la concentración en las urbes más pobladas, especialmente en Madrid y municipios adyacentes. La cuestión es si esto es bueno para el conjunto del país, crecientemente despoblado, y para las propias grandes ciudades por el riesgo de congestión y desequilibrios que ello comporta.
La idea de José María Aznar cuando era presidente del gobierno, apoyada por el conjunto de las élites madrileñas, era hacer de Madrid y de su entorno una megametrópolis, muy superior a lo que es actualmente con sus 6,6 millones de habitantes, que se consolidara como la gran capital del sur de Europa y el principal centro de las relaciones con Latinoamérica y África. El grueso de todas las inversiones públicas y la mayoría de decisiones políticas han estado encaminadas en los últimos años al logro de este objetivo. Los datos hablan por sí solos: En 1980, el 14,8% de todo lo que producía España (PIB) se generaba en Madrid. Hoy es el 19,3%. Catalunya, en cambio, mantiene casi el mismo peso que cuarenta años atrás (19,1%-19%). Ello significa que la comunidad madrileña, que básicamente es Madrid capital y alrededores, ha absorbido parte de la actividad del resto de las ciudades y comunidades, en un proceso de vaciado de la periferia al que no se ve el final.
Madrid, ciertamente, tiene una capacidad de crecimiento ilimitada, tanto por territorio –tiene toda la Meseta para expandirse sin problemas–, por potencia económica, ya que concentra la gran parte del poder financiero del país, así como por la red radial de comunicaciones que la conecta con toda la geografía española. Es bueno que Madrid crezca, pero no lo es, en cambio, que lo haga a costa del resto de las ciudades y comunidades autónomas, que no reciben una financiación comparable, que carecen de una adecuada red de comunicaciones y que no pueden competir fiscalmente con sus bajos impuestos.
La política de constante reducción de impuestos que aplica Madrid, tanto la capital como la comunidad, las dos gobernadas por el Partido Popular, supone una política fiscal desleal que compite con las demás autonomías para la atracción de inversiones, ahorro y talento. Hay que tener en cuenta que si la Comunidad de Madrid puede financiarse con una fiscalidad baja, a diferencia de las demás, se debe a que se beneficia del efecto capitalidad y de la concentración de poder político y económico que ello supone al reunir los organismos estatales y las sedes de las principales empresas y sus altos directivos, que tributan allí. Esto facilita que pueda disponer de una recaudación fiscal más elevada que el resto de las autonomías y que absorba parte de sus recursos. El hecho de poder aplicar las tarifas fiscales más bajas de España, asimismo, actúa como efecto llamada para atraer nuevas sedes sociales de empresas, así como la residencia de los ciudadanos con mayor poder adquisitivo del país y del talento consiguiente. Con sus reducidas tarifas fiscales, además, neutraliza las subidas de impuestos que se puedan efectuar desde el Gobierno central para cubrir las necesidades financieras del país, incluidas también las de Madrid. Esto, en la práctica, significa que son el resto de los contribuyentes del Estado los que realmente pagan la factura fiscal de dichas subidas.
El crecimiento de Madrid, en suma, debería ser leal fiscalmente y compatible con el del resto de las comunidades autónomas, de forma que se generase un progreso armónico en toda la geografía. Ello exige una reforma global, no solo fiscal, sino también de la concepción de las redes de transporte, de las inversiones públicas y de la distribución de las sedes administrativas estatales, entre otras medidas, que comportaran una visión más equilibrada de todo el territorio.
El crecimiento de la capital del país no debería hacerse a costa del resto del territorio